El Partido Popular no hace alusión en su programa electoral a la atención sanitaria que deberían recibir los ciudadanos en situación administrativa irregular, aunque el Gobierno de Rajoy decidió hace tres años negarle a los sin papeles la tarjeta sanitaria. La reforma supuso que sólo tenían acceso las embarazadas, los menores y los casos de urgencias. Luego se amplió a la atención primaria, aunque en realidad depende de cada comunidad.

La postura de Ciudadanos también es estricta, aunque sobre el papel plantean una propuesta vaga: "Un pacto europeo para asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la Unión".

A la izquierda, el PSOE, Podemos y Unidad Popular abogan por una cobertura universal gratuita. En el caso de los dos últimos partidos, también se muestran frontalmente en contra del copago y de la privatización de la sanidad. Éstas son sus propuestas:

Podemos

1.- Garantía de acceso universal a la tarjeta sanitaria. Reconocimiento del derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española, quienes pierden el acceso a la cobertura sanitaria universal noventa días después de su salida del país.

2.- Ampliación de la cartera de medicamentos financiados y prescripción por dosis, no por cajas.

3.- Puesta en marcha de un Plan Integral de Promoción de la Salud para abordar el sedentarismo y la obesidad infantil, para prevenir hábitos no saludables como el tabaquismo o el alcohol -con prioridad para la población de riesgo sanitario o en exclusión social- y para desarrollar programas de envejecimiento activo y saludable-

4.- Universalización de las recetas electrónicas entre todas las comunidades, para ahorrar tiempo y recursos.

5.- Prohibición del uso de bisfenol A y otros productos contaminantes en alimentación. El bisfenol A (BPA) no podrá ser empleado en la fabricación de ningún tipo de material que pueda entrar en contacto con alimentos y bebidas (fiambreras, latas, biberones, etcétera), para lo cual se proyectará una legislación similar a la desarrollada en Francia en 2012.

Podemos quiere que los medicamentos se prescriban por dosis (no por cajas) y que los laboratorios no especulen con los precios

6.- Implementación de mecanismos que garanticen precios justos para las patentes registradas por laboratorios con financiación pública. Búsqueda de vías de acuerdo con los laboratorios para poner fin a la especulación de los precios de los medicamentos en el mercado mundial.

7.- Elaboración de una línea de actuación estatal destinada a incorporar la salud como cuestión transversal a todas las políticas públicas: empleo, vivienda, alimentación, infraestructuras, educación, justicia, infancia, etcétera. Adopción de las propuestas y estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para actuar de manera integral sobre los determinantes sociales de la salud.

8.- Aprobación de una Ley de Transparencia del Sistema Sanitario que anime a la participación de los profesionales y la ciudadanía, que obligue a la transparencia en la gestión de los recursos y procesos de contratación, que evalúe las políticas públicas sobre salud y genere mecanismos de rendición de cuentas.

9.- Aprobación de una Ley Celíaca para facilitar a los celíacos el acceso a los alimentos básicos que garantiza la Constitución. Impulsar la investigación de esta enfermedad, así como su prevención y tratamiento, y permitir la creación y publicación de un listado de alimentos sin gluten, además de servir para combatir la discriminación laboral y escolar. Comprende también el desarrollo de controles preventivos.

9.- Despenalización del cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, y regulación de la actividad de los clubes sociales de cannabis.

PSOE

1.- Promover una nueva Ley General de Sanidad que asegure la cobertura universal gratuita para todos del derecho a la atención sanitaria y la protección de la salud en un sistema sanitario de carácter público, derogando el Real Decreto Ley 16/2012.

2.- Converger hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía en coordinación con las CCAA, acabando con la multiplicidad de carteras creadas por el gobierno del PP, y reforzar el Fondo de Cohesión Sanitaria.

3.- Impulsar el desarrollo a nivel estatal y en las CCAA de la Ley 33/2011 general de Salud Pública, como herramienta de cohesión territorial, de promoción, de vigilancia de la salud, de prevención de enfermedades emergentes y de ordenación de la información en salud.

4.- Promover la creación de un Centro de control de enfermedades para dar apoyo a las políticas de salud pública, evitando así situaciones tan lamentables como la gestión que el gobierno del PP hizo en la crisis del ébola.

5.- Reforzar la gestión pública del sistema. Mantener la titularidad pública de los hospitales y centros de salud y de los servicios sanitarios y clínicos que se prestan en los mismos, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un rol complementario, sometido a criterios de complementariedad, transparencia, exigencias estrictas de garantías de calidad y control, así como una evaluación pública periódica dando prioridad a entidades privadas sin ánimo de lucro.

Protesta contra la política sanitaria del Gobierno en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. / EFE

Partido Popular

1.- Eliminar barreras administrativas en todo el territorio nacional. El PP está comprometido con la libertad de elección de médico, pediatra y enfermera en Atención Primaria y especializada en todo el territorio nacional, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren. Se potenciará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como máximo órgano de coordinación sanitaria de nuestro país. Se aprobará un un modelo de financiación de la sanidad que garantice la cobertura de las necesidades reales, equilibrado y que tenga en cuenta la edad y la dispersión de la población y garantice la igualdad de derechos sanitarios de todos los españoles.

2.- Se abordará la creación de dos planes específicos: un Plan Nacional de Reducción de Listas de Espera y un Plan Nacional de Transparencia Sanitaria. El Partido Popular quiere ratificar su compromiso con los profesionales sanitarios e impulsar el justo reconocimiento de la sociedad a la actuación que realizan cada día, garantizando movilidad e incentivos, entre otros aspectos, mediante un Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos del Sector Sanitario, definiendo un Mapa de Necesidades de los perfiles profesionales recogidos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y basándonos en el nuevo Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

3.- Se promoverá una sanidad personalizada, capaz de satisfacer las demandas de unos ciudadanos que, cada vez más, reclaman su protagonismo en las principales decisiones sobre su salud. Se impulsará un Plan de Información Asistencial Individualizado y se actualizará permanentemente el calendario vacunal en base a los principios de accesibilidad, equidad y evidencia científica, y se desarrollarán mecanismos de seguimiento relativos a vacunaciones infantiles y de identificación, diagnóstico y detección de enfermedades prevalentes. Se reforzarán las campañas de educación para la salud y promoción de hábitos de vida saludable dirigidas a las familias, con especial énfasis en la detección precoz e intervención temprana del consumo de alcohol y drogas, prevención y tratamiento del tabaquismo, y reducción del sobrepeso y la obesidad.

4.- Se promoverá una Cartera de Servicios Sociosanitarios y un Mapa de Recursos Sociosanitarios en todo el territorio nacional dentro de una nueva Estrategia Nacional de Atención Sociosanitaria, conjuntamente con las Comunidades Autónomas.

5.- Se avanzará en la reducción de las desigualdades en el acceso a los productos de consumo para los enfermos celiacos, armonizando la normativa y evitando la inequidad económica. El PP manifiesta su defensa del modelo de farmacia español y cree que hay que seguir asegurando a la farmacia un marco jurídico y económico estable, eliminando las prácticas que pongan en riesgo la prestación farmacéutica de todos los ciudadanos y promoviendo la plena integración de la red de oficinas de farmacia en las Estrategias del Sistema Nacional de Salud. Se impulsará, en el ámbito de la Sanidad digital, el acceso de los farmacéuticos al historial farmacoterapéutico del paciente, para el seguimiento y control de los enfermos crónicos y polimedicados.

6.- El PP se compromete a diseñar dos grandes estrategias como referentes en salud global: la Estrategia Nacional de Investigación Clínica y Sanitaria, con el objetivo de trasladar los conocimientos generados por nuestros profesionales en la práctica diaria, de continuar implantando nuevas soluciones terapéuticas y de fomentar el crecimiento económico, con el Instituto de Salud Carlos III como institución de referencia. Y la Estrategia Nacional de Investigación de Enfermedades Raras, para la incorporación de innovaciones terapéuticas y farmacológicas, acercando los tratamientos a todos los enfermos en condiciones de equidad y prestando una atención personalizada. Seguiremos avanzando en la definición completa del mapa de recursos que permita a las familias con niños con enfermedades raras conocer los diferentes especialistas y centros.

Ciudadanos

1.- Pacto de Estado por la Sanidad para definir la cobertura sanitaria de la población en el contexto de nuestra pertenencia a la Comunidad Europea. No puede haber diferencias entre comunidades.

2.- Proponer un pacto europeo para asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la Unión.

3.- Sistema financiado por impuestos exclusivamente y sin introducir copagos que sean una barrera al acceso a los servicios sanitarios públicos por razones económicas.

3.- Libre elección de centro y médico. Historia única. Tarjeta única.

4.- Rendición de cuentas: los responsables que gestionan centros deben rendir cuentas a quienes financian sus actividades. Publicar los resultados de los centros y servicios públicos y fijar criterios claros y evaluables de actuación basados en criterios de calidad y eficiencia”

5.- No a los copagos, más allá del existente en farmacia

6.- Programa de salud bucodental para niños. Ampliar servicios y grupos de edad beneficiarios.

7.- Regulación de muerte digna: las personas serán ayudadas a morir en caso de enfermedad no tratable con consecuencia irreversible de muerte o siendo paciente en fase terminal. Posibilidad de rechazar o interrumpir un tratamiento de soporte vital; derecho a recibir cuidados paliativos dirigidos a evitar el dolor, aunque acorten la vida, incluyendo la sedación terminal.

Ciudadanos y Partido Popular están a favor de la libre elección del médico y del centro sanitario

8.- Regularización del cannabis: apoyar la adopción de medidas legislativas encaminadas a la despenalización y regularización por parte del Estado de la producción y distribución del cannabis y sus derivados, tanto para su consumo particular como para su uso terapéutico.

9.- Gestación subrogada o embarazo por sustitución: regulación que contemple la posibilidad de la gestación subrogada con el consentimiento expreso de las partes implicadas y con plenas garantías jurídicas. Si tal contrato contempla una compensación económica, ésta deberá ser una cuantía que se ajuste a los gastos razonables del proceso.

10.- Aborto: la legislación española ha de ser similar a las legislaciones de Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, o Italia que han adoptado una solución basada en un compromiso razonable entre interese legítimos en conflicto, estableciendo ciertas limitaciones temporales y de intervención de facultativos para que la interrupción del embarazo se considere ajustada. La interrupción del embarazo podrá ser ejercida en la sanidad pública y garantizada por la Administración sanitaria.

11.- Dependencia: establecer una reducción drástica de los plazos de acceso, simplificando y agilizando el proceso de obtención de las prestaciones. Aumentar las plazas de residencias para mayores y/o dependientes. Estudiar la recuperación del reconocimiento efectivo del derecho de cotización y paro de los cuidadores.

Inmigrantes protestan contra la exclusión de la Sanidad pública y a favor de la tarjeta sanitaria universal. / EFE

Unidad Popular - Izquierda Unida

1.- Defender el carácter público del sistema nacional de salud, sin “híbridos- mixtos” ni fórmulas parasitarias orientadas hacia el beneficio del mercado.

2.- Financiación sanitaria hasta alcanzar como mínimo el 6,7% del PIB. Universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo ciudadano. Potenciar la Atención Primaria como alternativa a los recortes.

3.- La salud laboral debe quedar integrada en el ámbito público, al servicio del trabajador, no del empresario. Eliminar las mutuas y cualquier otra entidad privada del paisaje de la atención sanitaria a los trabajadores públicos.

4.- Política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales y en recuperar los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno.

5.- Que el sistema público se encargue de la formación continua de sus profesionales. Las entidades privadas tendrán prohibido el acceso a los centros de atención sanitaria para promocionar sus productos, y sus actos formativos dejarán de tener valor. Se creará un organismo público que organice cursos y será parte de la Universidad.

6.- Los ciudadanos, en los órganos de participación, tendrán poder de decisión sobre las necesidades de salud que han de cubrirse presupuestariamente y participarán en la priorización y distribución de los presupuestos.

7.- Eliminar la implantación del repago farmacéutico. Creación de una industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias pública, mediante un sistema de farmacia estatal con el que asegurar a la población un acceso igualitario y con base científica, a los medicamentos y que posibilitará controlar el gasto de la prestación farmacéutica y adoptar medidas de uso racional del medicamento.

8.- Custodia pública de la historia clínica, tanto la historia física como la digital, para que ningún dato de salud del paciente pueda ser utilizado por la empresa privada para ningún fin.