A estas alturas, la independencia sigue siendo el objetivo que suscita más apoyo entre la población catalana. Todas las encuestas indican que casi la mitad es partidaria de un estado propio para Catalunya y que, en unas elecciones al Parlament, los partidos que lo defienden conservarían la hegemonía que han ido alcanzando desde los comicios de 2015.

Esta polarización entre los favorables y los contrarios a la secesión era impensable a principios de 2010, pero la frustración que provocó la sentencia que modificaba los pilares del Estatut aprobado en 2005, ha llevado a una mayoría social a abrazar el soberanismo como el único camino para lograr un marco propio de derechos y libertades.

Un cambio disruptivo

La sentencia del Estatut, con la que el Tribunal Constitucional anuló los artículos que mejoraban el techo competencial y la identidad nacional de Catalunya, abrió un nuevo ciclo político. Así lo vivieron todos los partidos y entidades del país. Incluido el PSC, fraccionado en dos partes, y el Partido Popular, que había impugnado el texto ante el TC.

El 10 de julio, una semana después de la resolución, un millón y medio de personas se reunieron en Barcelona secundando la llamada que bajo el lema "Somos una nación. Nosotros decidimos" Òmnium Cultural convocó con el apoyo de todos los partidos del arco parlamentario -salvo el PPC y Cs- y 1.600 entidades. "La movilización evidenció el agravio que sentíamos una parte importante de la sociedad catalana pero también la voluntad de avanzar hacia la libertad de nuestro pueblo", recuerda Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium.

Previamente ya se habían celebrado las marchas que la Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) organizó en 2006 y 2007; la multitudinaria Diada de 2008, promovida por la plataforma Sobirania i Progrés; y la iniciativa Deu Mil a Brussel·les, que el 7 de marzo de 2009 arrastró a miles de personas a la capital de la Unión Europea siguiendo la llamada We want a Catalán State (Queremos un Estado Catalán).

También medio año antes de la sentencia, el 13 de septiembre de 2009, había tenido lugar en Arenys de Munt (Barcelona) la primera de las 550 consultas municipales que durante dos años llevó a más de un millón de personas a pronunciarse sobre la pregunta "¿Está de acuerdo que Catalunya se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?".

"Sin esta dinámica no se explica la gran reacción que provocó la sentencia del Estatut". Así lo asegura Anna Arqué, una de las coordinadoras de las consultas, para quien "veníamos de una dinámica de autoorganización en que la gente empezaba a verbalizar y socializar el deseo de emanciparse". Para Arqué, portavoz de la International Commission of European Citizens (ICEC), la marcha de Barcelona tan solo visualizó este anhelo colectivo, de resultas del cual CiU incorporó el derecho a decidir en su hoja de ruta, la CUP irrumpió en la escena parlamentaria, mientras decenas de personalidades fundaron en 2011 la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Una entidad que, junto con Òmnium, se erigió desde entonces en el gran catalizador del soberanismo en las calles.

También Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, considera que el deseo de independencia ya se había expresado en las consultas y las marchas de la PDD, si bien es cierto que "la sentencia del Estatut hizo que el grueso del catalanismo se sumara tras ver que el principio democrático de respetar la voluntad popular quedaba en papel mojado ".

Creando músculo social

Si el procés tomó impulso fue por la capacidad de la ANC y Òmnium de convertir el malestar en una oportunidad para avanzar hacia una Catalunya más justa, libre y democrática. Junto a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la plataforma Súmate, las dos entidades tomaron el protagonismo hasta forzar los partidos vehicular esta demanda en el hemiciclo. Así se comprobó en mayo de 2013, cuando el Parlament aprobó la Declaración de soberanía del pueblo de Catalunya.

"En ese momento el apoyo a la independencia nunca había sido tan alto, pero el gobierno de Artur Mas no estaba suficientemente maduro para una confrontación con el Estado", explica Paluzie. Lo propició que renunciara al referéndum y optara por el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, qué a pesar de no tener efectos vinculantes, generó el clima político para que, al cabo de unos meses, se construye la candidatura JuntsxSí para las elecciones de septiembre de 2015. Una lista unitaria que Muriel Casals, entonces presidenta de Òmnium, y Jordi Sànchez, que más tarde lo sería de la ANC, contribuyeron a forjar. "Las entidades entendieron que no podían quedar al margen de aquella oportunidad histórica", añade la representante de la Assemblea.

En línea con Paluzie, Marcel Mauri cree que la presencia de personalidades en aquella lista demostraba la voluntad de los partidos soberanistas de materializar la independencia. De hecho, gracias a esta simbiosis, el independentismo alcanzó la mayoría absoluta a la vez que las entidades emprendían campañas que ampliaban la base social.

Es el caso de "Lluites compartides", a través de la cual Òmnium ligó la emancipación con la conquista de derechos civiles, políticos y sociales y otras iniciativas que permitieron al procés abrirse a nuevas capas de la población y que, en el ámbito parlamentario, todas las fuerzas soberanistas -incluida la derecha- asumieran reivindicaciones de carácter republicano como la acogida de refugiados, el cierre del CIE o medidas para mitigar la pobreza energética.

Sin esta aproximación a las clases populares difícilmente se entiende el éxito que tuvieron las jornadas de los años siguientes ni el rechazo que provocaron los encarcelamientos de los líderes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, en octubre de 2017.

Igual que tampoco se entiende la fuerza disruptiva del referéndum del 1 de octubre, que favorecido por el boicot del españolismo y las cargas policiales, supuso una catarsis para muchas generaciones de catalanes y catalanas. A raíz del referéndum aparecieron los Comités de Defensa de la República (CDR) y aquella "Revolución de las sonrisas" que se había ventilado como un problema interno español, pasó a formar parte de la agenda europea.

Entre la represión y la regeneración

El 1 de octubre abrió una nueva etapa marcada por la represión y el desencanto político. Y es qué si bien el independentismo revalidó la mayoría en las elecciones al Parlamento que el Estado impuso el 21 de diciembre en aplicación del artículo 155, el encarcelamiento y exilio del gobierno Puigdemont dejó al movimiento sin capacidad de reacción. Un clima de frustración que se puso de manifiesto en las marchas convocadas por Tsunami Democràtic tras la condena a los líderes, pero también y sobre todo en las disputas que ERC y JxCat iniciaron de forma descarnada.

Ante este panorama, las entidades se han dedicado a gestionar el duelo de la represión y a instar nuevamente a los partidos a restablecer la unidad estrategia que hizo posible el 1 de octubre. "Apelamos nuevamente al consenso para hacer frente a la represión y avanzar unidos hacia la autodeterminación", indica Marcel Mauri.

Para Òmnium Cultural y la ANC, la represión no debe ser obstáculo para alcanzar los objetivos que exige una mayoría social. "Al contrario: aunque nos da más argumentos para defender una República donde nadie pueda ser castigado por querer votar", afirma Mauri. Una opinión compartida por Elisenda Paluzie, para quien la denuncia de la represión debe ir aparejada con acciones que debiliten el poder del Estado en Catalunya y devuelvan la autoestima al conjunto del soberanismo. Así lo ha conseguido la campaña Eines de País, que ha permitido obtener el control de la Cámara de Comercio de Barcelona; o las iniciativas que ha puesto en marcha a favor de la Intersindical-CSC, el principal sindicato independentista; o promover el consumo de productos elaborados por empresas catalanas.

También en este sentido, Anna Arqué cree que la solución pasa por superar el tacticismo de los partidos, de quien reprocha que "con sus luchas cainitas y los cantos de sirena están obstaculizando la independencia", y empoderar a la población para regenere la política y recupere el espíritu que representó el 1 de octubre. Así es como las entidades aspiran a reavivar el movimiento y crear las condiciones para que se llegue a un nuevo embate con el Estado.