BILBAO.- José Ramón Pinto lleva 11 años mirando a su alrededor. A lo largo de ese tiempo, este vigilante de seguridad se ha desempeñado como escolta de políticos, jueces y empresarios en Euskadi. Hoy está a punto de quedarse sin trabajo. La empresa para la que trabaja, Ombuds Seguridad, ha presentado un ERE de extinción para sus últimos 109 empleados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Cuando ETA estaba en activo, llegaron a ser tres mil. Eran otros tiempos, en los que abundaban las armas… y los contratos públicos con el sello del ministerio del Interior.

"Se trata de una empresa que ha facturado mucho dinero con la protección de políticos, jueces u otras personas amenazadas por ETA", resumió a PÚBLICO Antonio Salinas, responsable de Seguridad Privada en CCOO Euskadi. De hecho, Ombuds Seguridad “consiguió acaparar el 100% de los contratos del ministerio del Interior en el País Vasco y Navarra”, aseguró el sindicalista.

Sin embargo, esta realidad comenzó a cambiar tras el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció que lo dejaba. "Después del abandono de las armas por parte de ETA, hubo una reducción paulatina de los servicios de escoltas", explica Salinas. Cinco años después, la plantilla de esta compañía se limita a 109 vigilantes, “los últimos que quedan con un contrato vinculante con Interior”, remarcó Salinas.

Con estos antecedentes, el anuncio del ERE no cogió por sorpresa a este grupo de escoltas. “No estamos para nada sorprendidos: es el séptimo Expediente de Regulación de Empleo que nos toca enfrentar –señala Pinto-. Lo que nos sentimos es totalmente desamparados por el ministerio del Interior. En efecto, todas las miradas se dirigen hacia la cartera que ahora dirige Juan Ignacio Zoido. “La empresa está pendiente de la renovación del contrato con Interior que deberá realizarse el año que viene –subraya Salinas-. De momento nadie sabe qué tipo de contratación será, ni tampoco si seguirán haciendo falta estos 109 escoltas. Ante esa disyuntiva, Ombuds Seguridad ha decidido plantear el ERE”.

Negociaciones

Frente a esa situación, CCOO mantiene un proceso de negociación con la empresa para “garantizar los puestos de empleo”. Su objetivo es conseguir un “plan formativo” para que los trabajadores afectados “se reincorporen al sector de la Seguridad Privada como vigilantes”.

Según avanzó Salinas, el sindicato plantea que las vacantes que surjan en esa área “se ofrezcan en primer lugar a quienes tienen más de 55 años, así como a aquellas y aquellos trabajadores con reducción de jornada por guarda de menor, ya que son los grupos más sensibles”. “También exigiremos que al resto de compañeros se les ofrezca un puesto como vigilante, para paliar en lo posible la mayoría de las extinciones de los contratos”, agregó.

Del mismo modo, CCOO tratará de conseguir complementos indemnizatorios para quienes “no deseen optar por esta reconversión y no quieran seguir en la empresa”. En ese contexto, desde el área de Construcción y Servicios de esta central sindical han denunciado la “manipulación y desinformación de algunas organizaciones que están intentando torpedear la negociación de este ERE con una irresponsabilidad manifiesta y mala fe”. Nosotros seguiremos luchando y defendiendo las mejores condiciones para que nuestros compañeros y compañeras salgan de esta grave situación de la mejor forma posible, salvaguardando la mayor cantidad de puestos de trabajo”, añadieron.