"Esta será la legislatura de la vivienda". Lo ha pronunciado en varias ocasiones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el inicio del curso político el pasado septiembre la destacó como una de las seis principales prioridades de su acción de Gobierno. Pero los colectivos sociales y algunos partidos de la izquierda han puesto en el punto de mira los vaivenes de los socialistas y la falta de resultados. 

En el horizonte hay una convocatoria para el próximo día 13 de octubre. Más de 30 organizaciones han convocado una manifestación con el lema "La vivienda es un derecho, no un negocio". Una de las impulsoras, el Sindicato de Inquilinos, apunta directamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y exige su dimisión. "Por su responsabilidad directa en el fracaso de la Ley de Vivienda, su servilismo hacia los rentistas y la negligencia en su gestión", apunta. 

El Gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos la pasada legislatura aprobó la primera ley de vivienda de la democracia. El objetivo, entre otros, era que se pudieran declarar zonas tensionadas en las ciudades y que en ellas se pusieran máximos a los precios del alquiler. El problema es que las competencias en estas cuestiones sobre vivienda recaen en los Gobiernos autonómicos. 

Desde el primer momento los socialistas reclaman al PP, que gobierna en gran parte de los territorios, que aplique la legislación. Los populares se han cerrado en banda en todo momento. Desde el Ministerio de Vivienda vieron hace unos meses una posible grieta: que los alcaldes populares de determinadas ciudades primaran la bajada de los alquileres en sus municipios y presionaran a sus presidentes autonómicos. Aquello quedó en nada. 

Rodríguez ha intentado estas últimas semanas otras vías de actuación. Hace unos días lanzó un aviso al PP y advirtió de que "condicionaría" la financiación desde el Gobierno a las comunidades que se negaran a aplicar la ley. Es una propuesta, además, que lanzó su socio de Gobierno, Sumar, hace tiempo, para dar un paso adelante en la aplicación de la ley.

La intención de Rodríguez duró poco y este jueves, en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, cambió la idea a "premiar" a las comunidades que sí cumplan con la ley. El giro provocó críticas desde el minuto uno. "Este es otro despropósito. La Ley de vivienda debe cumplirse. Los gobiernos del PP la están boicoteando y hay que torcerles el brazo para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Es un clamor social", explicó, por ejemplo, Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar. 

En el plano político tampoco han pasado desapercibidas una recientes declaraciones de la ministra en las que reclamaba "solidaridad" a los caseros para bajar los alquileres. Sumar o Podemos criticaron duramente la intervención. ERC, EH Bildu y BNG han registrado una solicitud de comparecencia de Rodríguez.

Aparte de pedir explicaciones por aquellas palabras, estos aliados parlamentarios quieren que dé "explicaciones en relación con la inacción del Gobierno y la falta de medidas tendentes a posibilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna". Sumar espera que Rodríguez comparezca a petición propia en un plazo breve de tiempo. 

Contrataque del PSOE 

Sánchez, durante su discurso de inicio de curso político, reconoció que para solucionar el problema de la vivienda se necesitaba "tiempo". Además, destacó que no van "a poder revertir de un plumazo décadas de especulación, de privatizaciones y de inacción de gobiernos conservadores". "No podemos construir viviendas de un día para otro, ni obligar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular o por el Partido Popular con Vox a hacer lo que no creen, es decir, actuar sobre este problema", añadió entonces.

Pero hay otras muchas cosas que el Gobierno "puede hacer y hará", añadió luego el líder socialista. "Aunque ello implique evidentemente incomodar, enfadar a especuladores, a grandes tenedores, a poderosos o poderosas, en este caso plataformas digitales que están convirtiendo nuestra casa o nuestras casas en hoteles ilegales", continuó. 

En todo este contexto, en Moncloa y Ferraz se han movido esta semana tras los focos puestos sobre la vivienda. El lunes Sánchez visitó una promoción de vivienda asequible en Barcelona. En Catalunya, donde sí se aplica además la ley de vivienda, los datos reflejan que los alquileres han bajado. 

Moncloa recordó ese día todas las medidas desarrolladas por el Gobierno en materia de vivienda, como el impulso a 81.000 viviendas públicas a precio asequible y el objetivo de construir 184.000 más. También se destacan los avales del ICO para compra de vivienda, la eliminación de todas las golden visa, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular en parte los pisos turísticos, además del bono joven alquiler que se mantendrá un año más. 

Aparte, el PSOE registró el pasado jueves una iniciativa en los parlamentos autonómicos "para asegurar que el suelo público nunca pase a manos de los especuladores y fondos buitre, tal y como ha pasado años atrás". "Nuestra propuesta es clara: el suelo público siempre tiene que ser público. Queremos que en nuestra comunidad autónoma se garantice el blindaje del suelo donde se construye vivienda pública y que el suelo esté de por vida al servicio del interés general", destacan en el PSOE. 

Los movimientos del PSOE también se dan en Madrid, el territorio donde más se sufre el encarecimiento de la vivienda. La federación que lidera Juan Lobato ha realizado este sábado una acción simultánea en todos los municipios y distritos para explicar sus propuestas de vivienda. 

No son pocas las voces en la izquierda que consideran que la vivienda puede llevarse por delante al actual Gobierno de coalición. Sánchez abordará de nuevo este asunto a principios de diciembre en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Cantabria y que todavía no tiene fecha. Ahí podrá comprobar, o no, de primera mano las resistencias que tiene el PP.