MADRID.- No se deroga. El PP ha vuelto dejar claro que no va dar marcha atrás en su reforma laboral de 2012 pese a su minoría parlamentaria y la necesidad de llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios para sacar adelante sus medidas. Precisamente por eso, los conservadores abogan aplicarle algunos cambios siempre que no desvirtúen el objetivo para el que se concibió la reforma: crear empleo, para PP, o precarizarlo, para la oposición y los sindicatos.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha mostrado partidario de crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados para evaluar las necesidades del mercado laboral y revisar la normativa laboral actual, ha anunciado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Dirección del grupo parlamentario popular celebrada en el Congreso, a la que ha asistido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Hernando ha abogado por buscar para la actualización y revisión de la normativa laboral una "fórmula parecida" a la tomada con la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), para la cual la Comisión de Educación del Congreso aprobó a principios de diciembre por mayoría la propuesta conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos para constituir una subcomisión que ponga las bases de un Pacto de Estado Social y Político y de una Ley Básica de Educación que sustituya a la actual legislación.

"No podemos convertir la legislatura en una legislatura derogadora", dice Hernando

"En materia laboral me gustaría que buscáramos una fórmula parecida con el fin de evaluar las necesidades del mercado laboral y cómo conseguir que la productividad sea un elemento que permita que este país, que crea la mitad del empleo que se genera en Europa, siga así en los próximos años", ha indicado.

No obstante, ha matizado que hay "muchas fórmulas" para estudiar un asunto "tan relevante" en el seno de la Comisión de Empleo de la Cámara Baja sin la necesidad de crear expresamente una subcomisión.

"Es la oportunidad que tenemos, esta legislatura puede ser una legislatura de oportunidades para todos", ha enfatizado Hernando, quien ha vuelto a rechazar la derogación de la reforma laboral del año 2012, tal y como reclaman otros grupos, como Unidos Podemos y el PSOE, ya que "no podemos convertir la legislatura en una legislatura derogadora", sino que "tiene que ser constructiva y colaborativa".

Por ello, ha pedido que, "con la discrepancia lógica y normal de las distintas formaciones políticas", se analicen los resultados de algunas de las normas que se quieren revocar, como la reforma laboral o la LOMCE, para ver si "en algún caso hay que actualizarlas y modificarla".

"Me gustaría que se hiciera sin apriorismos, sin la pancarta, sin el eslogan, que se pudiera analizar de una forma más profunda", ha manifestado Hernando, quien ha destacado que la legislación laboral del PP ha tenido una incidencia en el cambio del tejido productivo y ha sido un elemento "esencial" para romper la dicotomía del mercado al ofrecer alternativas al despido, como el ajuste de horarios, turnos o salarios.

"Es una forma más sensata de afrontar la crisis económica que como se hacía antes", ha insistido el portavoz de los conservadores en el Congreso, quien opina que la reforma laboral ha sido "más eficaz" que otras al haberse creado 1,8 millones de empleos desde marzo de 2013.

El Congreso pidió la derogación

El Congreso, con los votos favorables del PSOE, Podemos, ERC y buena parte del Grupo Mixto, aprobó el pasado 13 de diciembre una proposición no de ley impulsada por los socialistas que insta a derogar la reforma laboral del PP y a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Tanto Ciudadanos como la antigua Convergència ─los independentistas respaldaron en su día aquella ley─, optaron por la abstención.

En ese camino, el PSOE se ha marcado como objetivo derogar "por partes" la reforma laboral y para conseguirlo ya dio la semana pasad el primer paso cuando consiguió el respaldo mayoritario del Congreso para la toma en consideración de una proposición de ley presentada por los socialistas para igualar las condiciones de los trabajadores subcontratados.

La tramitación de esta primera iniciativa de 'demolición' contó con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ERC, PNV, PEDCat, Bildu y Nueva Canarias, frente a los votos en contra del PP y Foro, y la abstención de Ciudadanos.