El PP pide al juez que paralice la comisión de investigación de la deuda de Gallardón y Botella en Madrid

MADRID.- El grupo municipal del PP ha pedido a los tribunales la paralización cautelar de la comisión de investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid sus empresas en los tres últimos mandatos, en los que cupaban la Alcaldía Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, que echa a andar mañana miércoles y en la que los populares no van a participar por considerarla una "cacería" contra su grupo.

El Gobierno municipal está a la espera de la comunicación del juez aunque no confía en que se suspenda la sesión de mañana al ser la petición del PP una medida cautelar y no cautelarísima, han explicado fuentes municipales.

El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha explicado que lo que ha hecho el grupo municipal liderado por Esperanza Aguirre ha sido anunciar la interposición de un recurso contencioso-administrativo pidiendo la suspensión como medida cautelar. El juez envió ese escrito del PP al Ayuntamiento dándoles un plazo de diez días para que justificaran la no suspensión de la comisión. Paralelamente abrirá un plazo de veinte días para que el Gobierno le remita el expediente administrativo. Henríquez de Luna ha aclarado que el juez no ha dado orden de suspensión y que es él el que decidirá, cumplidos los plazos, sobre la medida cautelar.

El PP anunció a finales de abril que no participaría en la comisión municipal que investigará la gestión y el origen del endeudamiento del Consistorio porque la considera una "cacería" y una "causa general" contra la formación que ha gobernado la capital en los últimos 24 años.

Ahora Madrid pide la comparecencia  de Ruiz-Gallardón y Botella, porque "conocieron y tuvieron responsabilidad en operaciones muy concretas"

El pasado 4 de mayo, en la Junta de Portavoces donde se acordaron los detalles para constituir la comisión, el PP mostró sus dudas sobre la legalidad de crear ese organismo ante la cercanía de las elecciones, por lo que el propio equipo de Gobierno, de Ahora Madrid, elevó una consulta a la Junta Electoral, que respondió que está dentro de la autonomía municipal y no contraviene la ley.

"El PP sigue en esa práctica de no querer que se sepa lo que pasa en Madrid en estos últimos años y no solamente tiene una postura de mirar para otro lado. La Junta Electoral ha rechazado su petición de dejar en suspenso la comisión de investigación (...) y el PP también ha recurrido al contencioso administrativo", ha comentado a los periodistas el concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha destacado que mañana, en principio, se definirá quién ejerce la presidencia, el calendario, los bloques y los comparecientes. Ha adelantado que la primera sesión se dedicará a un caso específico dentro de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). El concejal ha confirmado que Ahora Madrid ha incluido en su lista de comparecientes a los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella: "Son dos de las personas que conocieron y tuvieron responsabilidad en operaciones muy concretas. Sí puedo adelantar que Ahora Madrid va a pedir explicaciones", ha remarcado.

La comisión, en palabras de Sánchez Mato, abordará "operaciones específicas que requieren aclaración por encima de la propia actuación judicial". "Hablamos de responsabilidades políticas en la toma de decisiones", ha argumentado el delegado, que ha recordado que la comisión es un mandato plenario.

El pasado 30 de marzo, el Pleno acordó crear una comisión no permanente de investigación para "analizar la gestión y el origen del endeudamiento" de los últimos 12 años con los votos a favor de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos, y en contra del PP. El acuerdo señala que "especialmente se analizará la contratación realizada por empresas municipales, organismos autónomos y Ayuntamiento durante los tres últimos mandatos" y, de manera específica, se analizarán las "operaciones que conllevaron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales".