El conflicto nacionalista de Catalunya ya es una realidad que empieza a irradiar problemas sociales, políticos y económicos muy graves a todo el Estado, tras años de inacción política del Gobierno del PP incapaz de negociar, que ha mantenido el infantil convencimiento de que ignorando los problemas, éstos acaban por desintegrarse.

No obstante, si el problema no desaparece por sí mismo, siempre se pueden aplicar grandes dosis de represión (cuántas veces el Gobierno ha reiterado aquello de que el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia).

Estas medidas, acompañadas de sobredosis de patriotismo centralista, hacen aflorar sentimientos españolistas enfrentados a sentimientos catalanistas, susceptibles de degenerar conflictos sociales graves, que habitualmente son la excusa perfecta para que el Estado, con la ley de su parte, pueda hacer uso de la legislación vigente más dura, como “única vía”, a su juicio, para zanjar el problema. Pero posiblemente generen otros nuevos.

Prácticamente desde los atentados terroristas yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de este año, las movilizaciones de la extrema derecha tanto en las calles como en las redes sociales no se han hecho esperar.

La gestión de la Policía catalana en la prevención de la masacre primero y en la desarticulación de la célula yihadista después, fue el punto de partida. En las redes sociales empezaron a generarse cuentas desde las cuales se lanzaban ataques sistemáticos contra Catalunya y su policía autonómica, acusándolos, prácticamente, de ser responsables directos de las 17 víctimas mortales y del centenar largo de heridos. Se les acusaba en su delirio, incluso, “complicidad en el crimen”, por las políticas favorables desde a Generalitat de Catalunya a la acogida de refugiados que huyen de las guerras.

Poco después del atentado empezó a aflorar la realidad y ponerse sobre el tapete las limitaciones que el Gobierno de España ponía a los Mossos para conocer, en tiempo real y de primera mano, las informaciones de inteligencia antiterrorista internacional, como el CITCO, Europol Interpol, cuyo acceso directo la policía catalana tenía restringidos. Una situación que limitaba -y limita- su capacidad de actuación efectiva anticipatoria contra el crimen organizado de toda índole.

Pero poco después se sabía también que ciertos inspectores de la Policía Nacional, adscritos a los servicios de información, habían sido denunciados por la Policía de Catalunya ante la Audiencia Nacional años atrás -en 2004- por alertar a toda una célula yihadista radicalizada de que estaban siendo investigados por los Mossos, con la única intención desbaratar esa investigación de la Policía catalana. Los hechos denunciados fueron archivados. El Periódico de Catalunya publicó documentos digitales y testimonios que demostraron los hechos denunciados.

Luego, fechas más tarde, el 31 de agosto, apareció publicada por sorpresa una extraña nota de una supuesta agencia colaboradora de la CIA que según sus difusores “alertó en mayo de 2017 a los Mossos de un inminente atentado en Barcelona” fechas antes de la tragedia. De inmediato las redes de la extrema derecha, diarios digitales afines, y algún que otro sindicato policial, difundieron con profusión esa información.

Meses después, la jefa de la División de Gestión de la Información de la Inteligencia Nacional de EE. UU., Sally A. Nicholson, afirmó que no hubo ningún mensaje del Centro de Antiterrorismo de EEUU dirigido a los Mossos el 25 de mayo, ni ningún otro desde ese mismo NCTC al CITCO el 21 de agosto, fecha que figura en el supuesto cable secreto filtrado para sustentar la acusación de que los Mossos hicieron caso omiso de una alerta concreta del atentado en Las Ramblas. En otras palabras, la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA) dejó claro que el Gobierno español, del que depende el CITCO, mintió. El daño ya estaba hecho, y el objetivo conseguido.

Ciertamente el panorama catalán ya estaba enrarecido. Su cuerpo policial bajo sospecha por acusaciones falsas fabricadas y difundidas para acusar a los Mossos de la comisión de graves delitos. En resumen, años de intensa reinaba la desconfianza entre cuerpos policiales, potenciados por la hoja de ruta independentista nacida del Parlament de Catalunya que, a su vez, ya venían alimentadas tras conocerse “los planes para desestabilizar Catalunya”, con las grabaciones al ex ministro de Interior Jorge Fernández Diaz con el director de la Oficina Antifraude en Catalunya, Daniel de Alfonso, que tuvieron lugar en el despacho del ministro entre el 2 y 16 de octubre de 2014, cuando faltaba menos de un mes para el anterior referéndum secesionista del 9-N convocado por la Generalitat de Catalunya.

Tras años de tensiones y enfrentamientos informativos entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los ejecutivos catalanes de Artur Mas y Carles Puigdemont después, la potenciación de la polarización social y mediática ya estaba servida.

Vista aérea de la plaza de Cibeles con las personas que esta mañana se han concentrado contra el referéndum en Catalunya. /EFE

Ley de Desconexión y conflicto

Así que llegados a la madrugada del día 8 de septiembre, con la aprobación de la Ley de Desconexión, como herramienta a aplicar tras la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) -en caso de un resultado favorable en el referéndum declarado ilegal del 1 de octubre pasado- el terreno social y político ya estaba preparado para el conflicto.

El 14 de septiembre, fecha inicio de la campaña electoral del referéndum ilegal, se convirtió también en un desafío al Estado en todo el país, tras el anuncio de prohibición de actos de campaña. Centenares de actos se organizaron en distintas ciudades y muchos de ellos se convirtieron en objetivos de la ultraderecha, convocando actos de protesta o manifestaciones en favor de la Unidad de España, en ciudades como Valencia, Valladolid, Zaragoza, Barcelona y Madrid.

El anuncio del despliegue de Policía y Guardia Civil el 20 de septiembre para impedir a toda costa el referéndum, especialmente para evitar imágenes de urnas, papeletas y ciudadanos votando en un “referéndum ilegal” provocaron manifestaciones multitudinarias de protesta, no solo en Catalunya, sino en todo el Estado español. Ya, para muchos ciudadanos españoles, el referéndum de independencia de Catalunya del 1 de octubre de 2017 pasó a convertirse en un icono para reclamar más democracia y romper con el régimen del 78. El lema “Esto no va de independencia, esto va de democracia" saltó a las redes.

La ultraderecha actúa.

En este tiempo ni el Partido Popular ni Ciudadanos convocaron acto público alguno, o manifestación de protesta, más allá de algún acto para sus militantes en recintos cerrados. La calle a partir de ese momento fue de la extrema derecha, aunque con la participación a título personal de dirigentes y cargos públicos del partido de Rajoy y Albert Rivera.

La primera manifestación de la ultraderecha con violencia tuvo lugar el 22 de septiembre, y fue en Barcelona, ante la sede de la ANC. Según las crónicas del día se trató de una convocatoria de la organización neonazi “Democracia Nacional” para reivindicar que “Catalunya es España”, pero sobre todo para mostrar su apoyo a la Guardia Civil, tras los incidentes del miércoles 20 de septiembre. En la movilización participaron unas 400 personas y diversos testimonios y vídeos se observa como los ultras agreden a varias personas que portaban enseñas independentistas.

Ese día tuvo lugar la masiva concentración ante la sede dela Conselleria de Economía de la Generalitat, tras ser detenidos 14 altos cargos del Govern de Catalunya. En esa convocatoria del nacionalismo catalán, que se prolongó hasta la madrugada, los manifestantes pro referéndum bloquearon la salida de la comisión judicial y de la Guardia Civil, mientras registraban la sede autonómica buscando supuestas pruebas de fondos destinados a sufragar el referéndum del 1-O. Allí se produjeron los conocidos daños a los vehículos policiales aparcados.

A Democracia Nacional pertenecen varios detenidos por asalto a la sede de Blanquerna, dependencias de la Generalitat de Catalunya en Madrid, ocurrido durante la celebración de la Diada del 11 de septiembre de 2013. Entre ellos uno de sus líderes, Pedro Chaparro, condenado a 4 años de prisión que deberá empezar a cumplir en pocos días. Y al que le queda una segunda condena de 5 años más por amenazas graves contra el fotoperiodista catalán Jordi Borras.

La siguiente movilización destacable de la extrema derecha tuvo lugar el domingo 24 de septiembre e Zaragoza, contra la asamblea de cargos electos de diversos partidos convocada por Podemos, para reivindicar un referéndum pactado para Catalunya. Los manifestantes, muchos de ellos policía y guardias civiles de paisano, militares y militantes del PP, además de organizaciones neonazis, bloquearon la salida de los cargos electos. Cuando la presidenta de las Corts de Aragón salió a hablar con la policía para que garantizaran la integralidad de los cargos electos y los periodistas recibió un botellazo en el pecho.

La siguiente acción destacable tuvo lugar el 27 de septiembre en Barcelona cuando una decena de ultras se concentraron a media mañana ante la sede de Catalunya Ràdio para manifestarse contra la periodista Mònica Terribas, la presentadora de 'Els Matins' de la emisora pública catalana, a la que consideran portavoz de los “golpistas”. En su programa se emitieron anuncios del referéndum, al igual que en TV3.

La última movilización de la ultraderecha apoyada en redes por el PP y Ciudadanos sin presencia oficial fue la organizada en Zaragoza el pasado 30 de septiembre, por la Fundación Denaes, (Fundación para la Defensa de la Nación Española) contra el referéndum de Catalunya y en apoyo de la policía Nacional y la Guardia Civil. Detrás de esta fundación se encuentra VOX, el partido ultraderechista de Santiago Abascal, y diversas organizaciones afines y cierto sindicato policial. Abascal aspira a rentabilizar electoralmente la crisis del PP “por la mala gestión del proceso independentista”.