Hubo fuego y carreras. Hubo gritos y lágrimas. Cuando en buena parte del planeta empezaban a preparar las decoraciones navideñas, la ciudad peruana de Andahuaylas se situaba como uno de los peores focos de represión policial contra la ola de protestas ciudadanas. En ese escenario, las fuerzas de seguridad portaban armamento de fabricación española.

Los días 11 y 12 de diciembre de 2022 serán difíciles de borrar de la memoria colectiva de Andahuaylas. Las manifestaciones populares contra la destitución del presidente Pedro Castillo estuvieron seguidas de una salvaje represión policial que, según han acreditado distintos organismos, se saldó con graves violaciones de derechos humanos.

Una investigación realizada por Amnistía Internacional (AI) determinó que en una de las protestas, registradas en las inmediaciones del aeropuerto local, "se registraron altos niveles de represión por parte de la Policía hacia las personas manifestantes, que resultaron en la muerte de dos varones de 15 y 18 años y en decenas de heridos". 

Un testigo ocular relató a AI que la Policía había tomado posición con sus fusiles de asalto en dirección a las personas manifestantes que se encontraban en la zona del aeropuerto". Otro testigo que resultó herido "expresó que, cuando llegó al aeropuerto ese día, la gente le advirtió que se estaban utilizando armas de fuego y pudo observar a los policías vestidos con camuflaje verde". 

Asimismo, el 12 de diciembre "decenas de vecinos y ciudadanos bajaron al centro de Andahuaylas para realizar un cortejo fúnebre por las calles portando los ataúdes de los dos jóvenes que murieron el día anterior a manos de fuerza pública en los sucesos en el aeropuerto". Durante la comitiva fúnebre "se suscitó un enfrentamiento entre civiles y policías, y, posteriormente, estos últimos habrían disparado armas de fuego por el centro de Andahuaylas".

Entonces volvió la muerte. "Los proyectiles de armas de fuego alcanzaron a decenas de personas que estaban sentadas viendo lo que ocurría desde el Cerro Huayhuaca, un mirador situado en el centro de la ciudad", señala AI. Hubo otros dos muertos. 

En esos cuatro casos, AI concluyó que, "en base a material audiovisual, testimonios de testigos, la ubicación de proyectiles en el cuerpo, y un análisis independiente de las necropsias en los casos, se trataría de ejecuciones extrajudiciales".

Granadas y perdigones de fabricación española

Según consta en un documento elaborado por la Fiscalía de Perú y remitido a AI el pasado 16 de mayo, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía peruana utilizó en Andahuaylas granadas de mano lacrimógenas de la empresa española Falken.

Asimismo, el Ministerio Público detalló la utilización de perdigones de goma fabricados por Maxam, una compañía multinacional con sede central en Madrid y presencia en cuarenta países, entre los que figura Perú. 

El uso de este material antidisturbios contra manifestantes ha sido también objeto de análisis por parte de AI. El Laboratorio de Pruebas de esta organización de derechos verificó vídeos de Andahuaylas del día 12 de diciembre que "muestran a policías disparando proyectiles de gas lacrimógeno directamente al cuerpo de un pequeño grupo de personas mientras huían".

Silencio del Gobierno

Unos días antes de que la Fiscalía remitiera este documento a AI, el Gobierno español desligaba cualquier responsabilidad en torno a esas  exportaciones de armamento a Perú, uno de los grandes clientes de la industria española.

En una respuesta enviada el pasado 11 de mayo al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo aseguró que "cuando se autorizó la mencionada exportación, la situación en Perú era estable y la Policía peruana solicitó adquirir material antidisturbios no letal cumpliéndose todos los requisitos para su exportación".

En cualquier caso, el Gobierno se ampara en la habitual opacidad que rodea a las exportaciones de armamento para negarse a dar más detalles al respecto. Al igual que en anteriores ocasiones, alega que "no se pueden divulgar los análisis de riesgo debatidos en la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMMDU), el organismo encargado de conceder licencias de exportación de armamento.

Las actas de la JIMMDU gozan de todas las reservas oficiales desde 1987, cuando el Gobierno de Felipe González, que acababa de hacer negocios con la dictadura chilena de Augusto Pinochet, ordenó clasificarlas como material secreto. Pese a los años transcurridos, ningún Ejecutivo ha tenido voluntad de modificar dicha normativa.

"El caso de Perú es un ejemplo paradigmático de la necesidad de que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armamento mejore sustancialmente la evaluación de riesgo de las operaciones", señala Alberto Estévez, portavoz de AI España sobre comercio de armas.

Hay otro elemento sobre la mesa que el activista considera revelador. "En otra respuesta parlamentaria de marzo, el Gobierno aseguraba que la situación en Perú era 'estable', lo cual indica que ha hecho caso omiso de los avisos de Amnistía desde 2017 sobre la impunidad policial", subrayó.

Estévez advierte sobre "indicios razonables de uso excesivo de la fuerza en los cinco años anteriores y una clara impunidad policial". "Tal como hemos pedido reiteradamente y solicitado de nuevo en mayo, el Gobierno español debe mantener la suspensión temporal de exportación de material antidisturbios hasta que las autoridades peruanas rindan cuentas y se procese a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de derechos humanos documentadas por AI y otras organizaciones", remarcó.

Visita a España

Estas graves denuncias no han afectado a las relaciones entre España y Perú. De hecho, este lunes, la ministra de Exteriores y el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Boluarte, Ana Cecilia Gervasi y Alberto Otárola, han sido recibidos por el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

El encuentro ha tenido lugar justo un día antes de que la Fiscalía de Perú tome declaración a la presidenta Boluarte por su presunta responsabilidad en la salvaje represión desatada en distintos puntos del país. El Ministerio Público investiga desde enero pasado la posible comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, algo que afecta a la mandataria –que se encuentra en el cargo tras la destitución de Castillo– y algunos de sus ministros.

Socios comerciales

En un artículo de opinión publicado el domingo por el diario Correo de Perú, la ministra de Exteriores de ese país subrayaba que "el Gobierno de España fue uno de los primeros que ofreció su reconocimiento y respaldo a la Administración de la presidenta Dina Boluarte, y al fortalecimiento constitucional e institucional del país". 

Gervasi apuntaba además que "las relaciones económicas entre el Perú y España continúan fortaleciéndose", con cifras de intercambio comercial que "superaron los 2.500 millones de dólares en 2022". 

El negocio armamentístico ocupa un lugar relevante en las relaciones entre ambos países: según datos recopilados por AI, entre 2017 y junio de 2022 –últimos datos oficiales disponibles– se registraron autorizaciones de exportación de armamento a Perú por 184 millones de euros, de los cuales cerca de 40 millones correspondieron a material antidisturbios.

Diversas asociaciones, como el Colectivo de Peruanos en Madrid o el de Apoyo a la Lucha del Pueblo Peruano, han organizado para este martes a las 11.00 h una concentración de protesta contra Otárola y Gervasi que tendrá lugar frente al Congreso de los Diputados bajo el lema #SanchezNoRecibasAsesinos.