La Policía registra los domicilios de Jordi Pujol y de tres de sus hijos

BARCELONA.- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha llevado a cabo desde primera hora de este martes una operación en Barcelona y Madrid contra el entramado societario de los hijos del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Los agentes, llegados en su mayoría desde Madrid la noche anterior, registraron hasta las 11.00 horas de la mañana diversas viviendas y sedes de empresas de Jordi Júnior, Josep y Pere Pujol Ferrusola, tres de los hijos del expresident, así como el de la ex esposa de Jordi, Merce Riera.

La Policía se personó también en casa de su padre, Jordi Pujol Soley, en busca de su hijo mayor, que se encontraba allí, para que presenciase los registros. El registro en la casa del expresident de la Generalitat catalana se limitó a la habitación de su hijo Jordi, que pasa unos días en casa de sus padres, convaleciente de una operación quirúrgica.

En total, unos 200 agentes participaron en quince registros en diferentes domicilios y  empresas, doce de ellos en Catalunya y dos en Madrid, entre ellos la sede de la empresa Isolux.

Entre los objetivos de los registros figuraba una oficina situada en el número 5 de la calle Ganduxer de Barcelona, sede de las empresas Iniciatives, Marketing e Inversions, Project Marketing Cat y Active Translation, donde Jordi Pujol Ferrusola camuflaba los fondos que recibía. También se están registrando dos naves industriales utilizadas por Jordi Júnior.

Los agentes registraron, además, la casa de Carles Sumarroca (hijo de Carles Sumarroca, cofundador de CDC) y la casa de Carles Vilarrubí (empresario relacionado con el Barça).

La operación de entrada y registro se denomina 'Hades', en alusión al dios del inframundo o dios de los muertos según la mitología griega. 

Fuentes cercanas al caso precisaron que en esta ocasión no estaban previstas detenciones pero sí imputación de delitos de corrupción, en concreto blanqueo de capitales, delito fiscal, estafa y contra el patrimonio del Estado.

La operación se ha producido a partir de que la Policía Nacional haya recibido por fin la comisión rogatoria procedente de Andorra que ha arrojado numerosa información sobre los movimientos de dinero del clan Pujol.

La investigación contra la familia del expresidente de la Generalitat lleva ya tres años en marcha. La operación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado central de instrucción número 5, cuyo titular es José de la Mata, dentro de las diligencias 141/12 abiertas en 2012 sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès.

El magistrado indaga una serie de cobros millonarios a empresarios de Jordi Pujol Ferrusola a cambio de trabajos que no se han demostrado y que se sospecha que pudieron responder a comisiones para la familia Pujol por obras públicas adjudicadas.

De la Mata está además pendiente de recibir la resolución que adopte la titular del juzgado de instrucción 31 de Barcelona, sobre la petición de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional y remita ala querella contra el matrimonio Pujol Ferrusola y tres de sus hijos —Marta, Mireia y Pere— y donde figuran como acusaciones populares Manos Limpias, así como Podemos y Guanyem, entre otros.

La Fiscalía Anticorrupción defiende ahora que dicha causa sea atraída a la Audiencia Nacional al haber encontrado conexión entre ambos casos.

La causa en el juzgado de Barcelona fue abierta inicialmente por una denuncia interpuesta por Manos Limpias y Plataforma per Catalunya (PxC) tras la difusión de la carta de Jordi Pujol donde confesaba que su familia había mantenido fondos en Andorra durante más de 30 años, fruto de la supuesta herencia de su padre, Florenci.

Podemos Barcelona, Guanyem, ICV, así como movimientos como Procés Constituent, y Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), presentaron una querella en la Audiencia Nacional contra toda la familia de Jordi Pujol, el cofundador de CiU Carles Sumarroca así como contra Jordi Puig, hermano del exconseller Felip Puig, entre otras personas, al considerar que actuaban como un grupo organizado. La querella se dirigía además contra las empresas adjudicatarias de contratos irregulares y los responsables públicos y funcionarios que los concedieron o miraron para otro lado durante tres décadas.

Estos partidos y movimientos sociales entendían que la Audiencia Nacional era el órgano competente, al afectar el caso a una generalidad de personas, dentro de una supuesta estructura de corrupción que ha causado una grave repercusión a la economía.

Sin embargo, el juez central de instrucción 1, Santiago Pedraz, remitió el caso al juzgado de instrucción 31 de Barcelona, ya que consideró que no era competente con los datos que aportaba la querella, aunque no descartaba que en el futuro fuera a recaer en la Audiencia Nacional. Ambas querellas quedaron agrupadas en Barcelona.

Ahora, la Fiscalía defiende atraer la causa de la ciudad condal a la Audiencia Nacional ya que considera que existen indicios suficientes como para colegir que Jordi Pujol Júnior dirigió y gestionó "durante décadas" numerosos "negocios económicos" de la familia, "así como diferentes actuaciones dirigidas a lograr el blanqueo de los capitales obtenidos".

El juez Santiago Pedraz se declaró competente con  la parte de la querella que se refiere a Oleguer Pujol ya que la denuncia aportaba datos de operaciones millonarias sospechosas con sociedades en las que el hijo del matrimonio Pujol participa y que están domiciliadas en Luxemburgo y Holanda, aspecto que es competencia de la Audiencia Nacional.

Es posible que Santiago Pedraz acabe también inhibiéndose en favor de José de la Mata en esta causa abierta contra Oleguer Pujol, por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Por su parte, Oriol Pujol Ferrusola, el único que se dedicó a la política, permanece imputado por un juzgado de Barcelona por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el llamado "caso ITV", que provocó su dimisión como número dos de CDC.

Los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que llevan años siguiendo la pista del dinero de la familia Pujol no dudan ya en definir las actividades del clan como las de un "grupo organizado", según confiesan a Europa Press.

Según las mismas fuentes consultadas, la documentación que ha mandado Andorra "mide un metro de alto sólo en papeles" y en ella hay una cantidad ingente de información relacionada con el entramado económico de los Pujol: "Algún folio puede ser un contrato, pero otros son movimientos de dinero en los que cada renglón es un movimiento".

La investigación fue abierta hace tres años, tiempo durante el cual la familia Pujol logró retrasar un año el envío de esta comisión rogatoria. Estas fuentes consideran que la dilación podría haber utilizado para hacer movimientos de dinero y tratar de ocultar su rastro.

Los expertos en la investigación apuntan a una actividad constante y mantenida en el tiempo que se remonta varias décadas atrás y que afectaba a diferentes estancias. Según sus sospechas, en estas actividades estaba definida incluso la parte económica que percibía cada miembro de la familia y lo que después hacían con ella: un porcentaje iba para su día a día y otra parte iba a paraísos fiscales.

Además, en medio de esta trama los investigadores otorgan al primogénito de la familia Jordi Pujol Ferrusola un papel destacado como "conseguidor".

A la espera de los resultados que ofrezcan los registros iniciados este martes, desde la UDEF confían en que esa documentación recibida de Andorra les permita llegar hasta las cuentas corrientes de los depósitos del dinero de la familia. Los investigadores sospechan que ha sido repartido en paraísos fiscales, pero insisten en que la información aportada puede ser clave para recomponer el puzzle.