Eliminar el impuesto al sol, cerrar las centrales nucleares y las de carbón para antes de 2025; y crear un bono social gasista para que todos los hogares puedan acceder a un consumo mínimo de energía. Estas son algunas de las medidas recogidas en la ley que presenta este jueves Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El grupo confederal registra una Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, "una de las leyes más ambiciosas presentadas hasta el momento en España en esta materia". Además, fuentes del grupo definen la propuesta como "factible" en todos sus aspectos y "rigurosa", pues cuenta con el aval de expertos y colectivos sociales.

Uno de los ejes de esta PL es la transición energética, que sea "socialmente justa". En este aspecto, la ley va dirigida hacia el cierre de las nucleares para el 31 de diciembre de 2024, así como el cierre de las centrales térmicas de carbón para la misma fecha, pero un año después, en 2025.

Al mismo tiempo, se aprueban "medidas de transición justa" para las personas afectadas por el cierre de estas centrales, que pasan por generar empleos locales en sectores sostenibles. La idea, según señalan estas fuentes a Público, es crear "empleos de calidad y a futuro".  "Lo esencial es que las consecuencias de la transformación en el modelo energético y productivo no carguen sobre los hombros de los trabajadores y de los más vulnerables".

Dentro de la transición justa también se planea el rediseño del bono social eléctrico, además de crear uno nuevo, un bono social gasista. Ambos tendrían las mismas características. En esta línea, el único criterio de adjudicación es la renta per cápita de cada hogar vulnerable. "Habrá hogares vulnerables, muy vulnerables, etc; estará por fases". Asimismo, el descuento en la factura será necesario para que, de acuerdo con el nivel de renta, todos los hogares puedan acceder al consumo mínimo de energía. 

En ambos bonos, además, la ley propone que el coste lo asuman las empresas que operan en el sector correspondiente: las empresas eléctricas, de gas e hidroeléctricas.

Se plantea que haya un modelo sostenible basado en varias reformas fiscales. Esto es, modificar los impuestos de matriculación y de hidrocarburos, y "la introducción de un suelo para el precio de las emisiones de CO2 en el sector eléctrico".

En cuanto a los objetivos fijados, se prevé que para el año 2030, las emisiones de CO2 se hayan reducido un 35%; para el 2040, un 70%; y para el 2050, un 95%. "Eso tendría que ver con el cierre de las centrales nucleares y de carbón", apuntan esas fuentes.

El modelo de la ley apuesta por la "democratización del sistema eléctrico", es decir, eliminar el impuesto al sol, y por otra parte, potenciar la energía renovable. En este sentido, para los nuevos proyectos de generación de electricidad renovable, la propuesta establece ayudas a la inversión para las personas que vivan cerca de estas instalaciones, "como cooperativas, pequeñas y medianas empresas, municipios, etc". 

Finalmente, la ley se enmarca en la idea de que el cambio climático es un "desafío enorme", algo que no se puede lograr ni abordar con "medidas sectoriales e inconexas" ni con incentivos económicos. "Lo que es necesario es un nuevo modelo estructural y productivo, que tiene que ver con un nuevo modelo de país", sostienen estas fuentes.