Durante cuatro días existió un protocolo contra el aborto en Castilla y León del que el Partido Popular, ahora, reniega. "El jueves, tras una reunión (del Consejo de Gobierno de CyL), se llegó a un acuerdo que se plasmó en una nota de prensa", defendió el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Esa nota de prensa cuya literalidad se refiere "a la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal" es el único rastro que hay por escrito de las medidas pactadas por los populares y la extrema derecha. Lo firma la Consejería de Sanidad, del PP, y todavía sigue publicado en la web oficial de la Junta a pesar de que Alfonso Fernández Mañueco dijo este lunes que "en ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo".

Cuando Mañueco hablaba, en una declaración institucional sin preguntas, sabía que en la planta noble de Génova le escuchaban con atención. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le había empujado a frenar públicamente la polémica. Pero lo cierto es que más allá del ruido, la nota de prensa remitida por la Consejería se refiere a la "implantación" de un protocolo. La Real Academia de la Lengua Española define implantar como "establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres". 

Así, es inapelable que el acuerdo en la Junta de Castilla y León para un nuevo protocolo con medidas antiaborto, a las que la extrema derecha se refiere como "provida" y que el PP enmarca dentro de un plan para el fomento de la natalidad", existió. Tan inapelable como que el pasado sábado, enredado ya en una polémica que salpicó a Génova, Mañueco no solo no negó el protocolo sino que lo enmarcó en la línea de lo que "se viene aplicando desde hace varios meses y años". Corrigió, eso sí, a su vicepresidente y aseguró que no iba ser obligatorio sino voluntario para las mujeres. 

Hasta este lunes lo que se sabía era que, según Juan García-Gallardo, se iba a obligar a los médicos a ofrecer escuchar el latido fetal a las mujeres que quisieran abortar. Y según Fernández Mañueco, "la mujer que solicite lo podrá escuchar". A pesar de las evidentes explicaciones confusas, Gallardo aseguraba con rotunda claridad que el protocolo existía y Mañueco lo asumía. "La nota de prensa confirma la existencia del acuerdo con el consejero del PP e insistir en negarlo es inútil", señala a Público un destacado miembro de la Junta de Castilla y León. 

"No hemos visto el protocolo"

Pero con la misma rotundidad con la que García-Gallardo exige la aplicación de ese protocolo, en Vox niegan conocerlo. "No lo hemos visto", aseguran desde la dirección del partido ultra. En el PP tampoco nadie de las muchas fuentes consultadas afirma haber tenido acceso a otro texto que no sea la nota de prensa en la que se anunciaron las medidas. Ni siquiera el vicepresidente de Vox que anunció el protocolo el pasado jueves fue capaz de explicarlo con claridad y acabó por justificar que no sabe "mucho de embarazos".

El "esperpento", califica otro dirigente de la Junta, continúa. Porque Vox no parece dispuesto a dejar el acuerdo en un cajón y presiona al PP para que asuma lo pactado. "Yo confío en que la orden salga en los términos en los que se ha aprobado y no se le dé más vueltas al asunto", dijo este martes desde el Congreso de los Diputados Espinosa de los Monteros. Casi al mismo tiempo, Núñez Feijóo aseguraba en una entrevista en TeleMadrid que "el Gobierno de Castilla y León no va a modificar el protocolo de atención a la mujer embarazada". 

La falta de entendimiento entre los socios de Gobierno es palmaria pero, por ahora, no lo suficientemente grave como para precipitar una ruptura. El órdago que Vox lanzó este martes, a través de Ignacio Garriga, duró apenas tres horas. El secretario general de la extrema derecha dijo a primera hora de la mañana, en una entrevista en RTVE de Cataluña, que iban a "revisar" su continuidad en el Ejecutivo de Mañueco si el protocolo no salía adelante. 

Poco después, en una rueda de prensa que se aplazó primero una hora y luego dos, Espinosa de los Monteros diluyó la amenaza en "revisiones" normales de los pactos y esquivó las repetidas preguntas de los medios de comunicación sobre los próximos pasos de Vox si el protocolo, como se comprometen Mañueco y Feijóo, no se aplica. 

Y es así como un acuerdo de la Junta de Castilla y León, que el consejero portavoz del PP avaló con su silencio cómplice junto García-Gallardo, destapó no solo las costuras más frágiles del gobierno de Mañueco, sino la capacidad de Vox para desplegar su agenda ideológica en las instituciones de las que el PP le abrió las puertas.