SEVILLA.- El PSOE andaluz, la federación más potente y numerosa del partido, quedó ayer “conmocionado” por el auto de acusación de la Fiscalía que pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, y diez años de inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, por su responsabilidad de acción y omisión en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por el Gobierno andaluz entre 2000 y 2010.

El Ministerio Público también reclama prisión para cuatro exconsejeros del Gobierno andaluz, para otros cuatro exaltos cargos del Ejecutivo y para el exinterventor general de la Junta, cuya labor era fiscalizar el uso del dinero público. Hay 26 políticos encausados, para los que Anticorrupción pide penas que suman los 132 años de cárcel y la devolución a la Hacienda pública de 741 millones de euros. En concreto, Griñán y otros 18 ex altos cargos acusados de malversación, afrontan la devolución solidaria de 483 millones por haber conocido, autorizado y fomentado la concesión “arbitraria” de ayudas a empresas en crisis desde su puesto en la Consejería de Hacienda.

El juicio por corrupción contra dos líderes socialistas de primer orden emponzoña aún más la situación de un PSOE anémico

Las condenas que el fiscal pide contra Chaves y Griñán por el fraude de los ERE no sólo han asestado un duro golpe al Ejecutivo andaluz -entre ambos suman 23 años de gobierno en Andalucía-, también zarandean los cimientos del PSOE en el momento más frágil de sus 137 años de historia. Los dos expresidentes andaluces lo han sido todo en el partido: militantes socialistas desde el tardofranquismo en Sevilla y Madrid, los dos fueron ministros de Trabajo con Felipe González (Chaves también fue vicepresidente de José Luis Rodríguez Zapatero), fueron presidentes del PSOE federal, ocuparon la secretaría general del PSOE andaluz y han dirigido la única comunidad autónoma de España donde aún no ha habido alternancia política en democracia, la única donde sólo ha gobernado el PSOE. Todo eso se esfumó el pasado mes de junio, a 25 días de las elecciones generales, cuando ambos se dieron de baja del partido después de que el juez Álvaro Martín, que instruye la pieza política de los ERE, les acusara directamente de delitos asociados a la corrupción política.

El juicio por corrupción contra dos líderes socialistas de primer orden emponzoña aún más la situación de un PSOE anémico, con 85 diputados en el Congreso (llegó a tener 202). Los socialistas han encajado los dos peores resultados electorales de su historia en seis meses, una situación que ha reabierto una guerra en la cúpula por el control del partido, entre la dirección federal, dirigida por Pedro Sanchez, y un sector crítico encabezado por la presidenta andaluza Susana Díaz. El PSOE está viéndose lapidado por la derecha, que hurga en su debilidad parlamentaria y su crisis interna para lograr que facilite otro gobierno a Mariano Rajoy, y por la izquierda, con un Podemos que aún aspira a arrebatarle la hegemonía del partido progresista.

Fisuras

Sin embargo, la situación procesal de Chaves y Griñán no ha hecho que el partido se una para protegerse de los ataques de la oposición. Los máximos referentes del partido aún creen ciegamente en la inocencia de los expresidente andaluces, aunque ayer, tras conocerse el auto del fiscal, no se repitió la cascada de apoyos en las redes sociales que tuvo lugar días antes para defender al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, por sus críticas a la dirección de Pedro Sánchez. La ejecutiva andaluza del PSOE sí emitió un comunicado para mostrar su “sorpresa” por “la coincidencia” de que este auto salga a la luz un día después de que el Tribunal Supremo haya puesto a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a un paso de la imputación por un posible delito de blanqueo de capitales (Anticorrupión tenía de plazo hasta el 15 de octubre).

En el PSOE andaluz algunos dirigentes tienen la “extraña sensación” de que Ferraz “ha dado la espalda, como si esto no fuera con ellos”, como si esto desgastara más a Díaz que a Sánchez, habida cuenta de que se trata de los padres políticos de la actual presidenta. El golpe de los ERE debilita las aspiraciones de la sevillana, que maniobra en la distancia para que el PSOE permita gobernar a Rajoy, y permanezca en la oposición para recomponerse (algo que probablemente pase por un cambio de liderazgo).

Los partidos de la oposición en Andalucía también parecen entenderlo así, porque desde el minuto uno han arremetido contra Susana Díaz. Incluso IU, socio de gobierno del PSOE en la anterior legislatura, ha subrayado que ésta “no debe estar muy orgullosa ahora de sus padres políticos”. Se trata de una aseveración muy dura, teniendo en cuenta que la propia coalición de izquierdas eximió a los expresidente y a los exconsejeros de toda responsabilidad política en sus conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó el caso ERE en el mandato anterior. Todo esto debilita aún más a los socialistas y complica la situación de bloqueo institucional del país, abocado cada vez más a unas terceras elecciones.

El caso Barberá

El código ético del PSOE establece que “los militantes a los que se abriera juicio oral por delito ligado a la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia”, y así lo hicieron los exmandatarios andaluces el pasado junio. Pero el fraude de los ERE los había arrinconado mucho antes. Griñán dimitió como presidente de la Junta en 2013 acosado por la investigación y por la presión de sus rivales. Dos años después, Chaves y él tuvieron que abandonar sus cargos en el Congreso y en el Senado, porque Ciudadanos exigió sus cabezas políticas a cambio de apoyar la investidura de Susana Díaz tras las elecciones andaluzas.

La presidenta de la Junta, heredera de los exmandatarios, no dudó en rebasar el código ético del PSOE, exigiendo su dimisión en cuanto fueron imputados por el Tribunal Supremo, antes incluso de que se les abriera juicio oral. Aquello enfrentó a la vieja guardia socialista con Díaz, a quien afearon que hubiera “vendido” tan rápido a sus padres políticos para garantizarse el sillón de mando.

Ahora, en cambio, ese endurecimiento de las normas internas que forzó Susana Díaz, sin tan siquiera consultárselo a Sánchez, será usado por el PSOE federal para cuestionar la respuesta del PP y de Ciudadanos respecto a la situación judicial de Rita Barberá. El Supremo ha situado a la exalcaldesa de Valencia al borde de la imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales -no puede imputarla por su condición de aforada como senadora, igual que sucedió en su día con Chaves y Griñán-, sin embargo el PSOE dejó caer a los andaluces, instigados por Ciudadanos, y el PP acepta que Barberá conserve su escaño, esta vez con la connivencia del partido naranja.

En realidad el gesto de la exalcaldesa se parece más al que adoptó el exconsejero andaluz de Empleo y exdiputado socialista en las Cortes, José Antonio Viera. Él, al contrario que sus antiguos jefes, se aferró al escaño en contra del criterio de su partido, y pasó al grupo mixto hasta que se disolvió la legislatura. El PSOE se lo afeó, le acusó de falta de lealtad, igual que ahora muchos en el PP reprochan a Barberá que siga en el Senado, aunque se haya dado de baja del partido.

Pese a las críticas iniciales de algunos líderes socialistas contra Susana Díaz, el proceso contra Chaves y Griñán ha derivado en el escenario que la presidenta preveía: el auto del juez de los ERE endureció la conclusión del Supremo, atribuyendo a Griñán y a otros 17 ex altos cargos de la Junta un delito de malversación, tipificado en el Código Penal con una pena de cuatro a ocho años de cárcel. El delito de prevaricación no conlleva penas de prisión, sino la inhabilitación para cargo público de siete a diez años. Ahora el fiscal ha dado un paso más, pidiendo seis años de prisión para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves (ambos están jubilados y retirados de la política).

El juez cree que permitieron “un sistema arbitrario para conceder ayudas sin control”, no con objeto de enriquecerse, pero sí, como sostuvo también la jueza Mercedes Alaya, para comprar “la paz social”, contentar a sindicatos y empresarios, y tejer una red clientelar de la que el PSOE, único partido que ha gobernado Andalucía en democracia, se benefició electoralmente durante décadas. El Ministerio Público acaba de corroborar esa tesis, que dibuja al expresidente Griñán no como alguien que se enriqueció con dinero público, como insisten en subrayar sus compañeros de partido, pero sí como un dirigente que sistematizó un sistema de concesión de ayudas públicas con las que otros (empresarios y sindicatos) sí se enriquecieron, y del que el Gobierno socialista se benefició al apaciguar las protestas sociales y laborales con el dinero destinado a los parados.