El final de la legislatura se prevé frenético. El Gobierno encara el próximo año con la (cada vez más) urgencia de sacar adelante una serie de reformas que comprometen, nada más y nada menos, que el acceso a los últimos pagos de los denominados fondos europeos de reconstrucción. En el Ejecutivo todavía no han encendido las alarmas, pero ya son conscientes de que la prisa va a ser la compañera de la producción legislativa que se lleve a cabo en 2023.

El diseño de estos fondos, desplegados para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del coronavirus, pero que, por circunstancias, también han cubierto situaciones derivadas de la guerra de Ucrania y de la inflación, estableció un acceso condicionado.

Bruselas aprobó un reparto a cambio de que los países que se acogieran al mismo impulsaran una serie de reformas en base a unos objetivos políticos y económicos concretos. España, como el resto de Estados, presentó su propuesta de transformación y las instituciones europeas la aceptaron.

El Gobierno de Pedro Sánchez debe cumplir con una serie de reformas (denominadas hitos) para ir recibiendo dinero de los fondos por tramos. En la actualidad, España ya ha recibido buena parte de los mismos (más de 30.000 millones); esos pagos se han realizado una vez que la Unión Europea ha validado el cumplimiento del Ejecutivo con los hitos (uno de las últimas iniciativas que permitieron el acceso a los fondos fue la reforma laboral, entre otras medidas e inversiones relacionadas en materias como economía digital, salud, educación o saneamiento de las finanzas públicas).

Los próximos pagos de Bruselas, sin embargo, no están garantizados. Como ha sucedido en los a anteriores, el Gobierno debe cumplir previamente con una serie de hitos para acceder al dinero; estos hitos se cuentan por cientos, y el Ejecutivo ha cumplido ya con buena parte de ellos, pero no todos son igual de relevantes ni tienen el mismo peso para la UE.

Las instituciones europeas le han dado una especial relevancia a la reforma del sistema de pensiones, en primer lugar, y a iniciativas como la ley de vivienda, la de familias o la de servicios sociales. Ninguna de estas normas tiene garantías, a día de hoy, de salir adelante, y el contexto político que se avecina no ayuda a pensar lo contrario.

La sostenibilidad del sistema de pensiones

En primer lugar, hay un contexto general que se aplica a todas las normas: 2023 será año electoral (autonómicas y municipales en mayo, y generales después), por lo que los plazos legislativos de las Cortes se verán afectados por parones y por el hecho de que todos los grupos estarán, de una u otra manera, en campaña electoral.

En segundo lugar, cada reforma tiene su propio recorrido y situación, y la de las pensiones es, sin duda, la más relevante para Europa. España ha aprobado ya la indexación de las pensiones con el IPC, y en enero las pagas de los pensionistas se aumentarán con el coste de la vida, impidiendo así que pierdan poder adquisitivo.

Bruselas, sin embargo, se ha mostrado preocupada por la necesidad de hacer sostenible un sistema que en las próximas tres décadas va a tener que afrontar un proceso de jubilación masivo de la denominada generación del baby boom. La UE ha deslizado la posibilidad de aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, algo que el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, ya ha planteado en distintas ocasiones.

Pero la situación está, a día de hoy, bastante bloqueada. La propuesta de Escrivá no gusta ni a Unidas Podemos, ni a los socios de la investidura, ni a los sindicatos. La mesa de diálogo social no ha logrado avanzar en esta materia (aunque sí en muchas otras), y no existe una mayoría parlamentaria para aprobar esta reforma. 

Desde Unidas Podemos se apuesta por fórmulas alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema durante el proceso de jubilación de la generación del baby boom, como el destope de las bases máximas de cotización. En los sindicatos, por su parte, insisten en que una de las prioridades es la de acabar con las lagunas de cotización de los futuros jubilados, para que no vean rebajadas sus pagas. De momento, no hay avances significativos.

Acelerar la agenda legislativa

La ley de vivienda sigue bloqueada en el Congreso, y tampoco existe a día de hoy una mayoría que pueda garantizar su aprobación. Grupos como Unidas Podemos o ERC apuestan por intervenir el mercado para limitar el precio de los alquileres, aumentar el parque de vivienda público y prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. El PSOE, de momento, aboga por aprobar la norma en los términos aprobados en estas materias en el Consejo de Ministros (tras alcanzar un pacto con Unidas Podemos).

La ley de familias vio la luz en el Consejo de Ministros en primera vuelta este martes, por lo que, de momento, es un anteproyecto. Ahora debe recibir los informes de distintos órganos consultivos, volver al Consejo y, posteriormente, iniciar su andadura parlamentaria y garantizarse una mayoría para su aprobación.

Respecto a la ley de servicios sociales, ni siquiera ha llegado al Consejo. Está en plena fase de negociación entre los distintos actores con un precedente poco halagüeño: en décadas de democracia, ningún gobierno ha logrado aprobar una ley de servicios sociales, dado que se trata de una materia con la mayoría de sus competencias transferidas a las comunidades autónomas, y no valdría con un acuerdo parlamentario, sino que también tendría que darse un acuerdo territorial.

Todas estas medidas son hitos relevantes para la Unión Europea, y en el Ejecutivo son conscientes de esta situación. Todavía no hay voz de alarma, pero Sánchez ya planea acelerar su producción legislativa, y en enero el Gobierno prevé llevar a las Cortes una batería importante de medidas. En todo caso, los distintos ministerios saben que Bruselas no impedirá el acceso a los fondos si se cae alguna medida, ya que la evaluación de los hitos es global; con todo, el Gobierno tendrá que andarse con pies de plomo con sus reformas para no correr riesgos.