El senador del PP Pedro Agramunt, acusado por el Consejo de Europa de corrupción y sobornos con prostitutas, dejará su puesto en ese organismo "a petición propia" el próximo mes de junio por "el hartazgo, la presión y por miedo". "No quiero perjudicar al PP", ha dicho.

Agramunt ha anunciado su decisión antes de la reunión que tiene este martes con la dirección de su partido en el Senado, y en la que dará explicaciones sobre las investigaciones y las sanciones que le ha impuesto el Consejo de Europa por infringir "seriamente" el Código de Conducta.

En concreto, durante diez años no podrá desempeñar las labores de observador electoral ni ser designado presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión de la Asamblea del Consejo de Europa.

La sanción afecta también a aspectos institucionales, ya que se le priva de formar parte de delegaciones de la Asamblea y tampoco podrán realizar preguntas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión del Consejo formado por ministros de Exteriores de los países miembros.

Las penalizaciones se hicieron efectivas después de una investigación interna de la institución ante las sospechas de corrupción en la actividad de Agramunt tanto como presidente de la Asamblea Parlamentaria como en su papel de observador electoral. El informe de la investigación relataba cómo Agramunt podría haber sido sobornado con prostitutas en sus labores de observador electoral, así como con sobres de dinero a cambio de favorecer la victoria de ciertos países.

Con todo, ha dicho, no espera que desde el PP se pida su renuncia al acta de senador porque, según Agramunt, eso "solo lo hacen los de Podemos y los de Compromís". "Allí te pica un mosquito y ya te lo están pidiendo", ha aseverado.

El senador fue elegido presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 25 de enero de 2016, y se vio obligado a dimitir el 6 de octubre de 2017, cuando salió a la luz pública la investigación de la llamada diplomacia del caviar, recuerda Valencia Plaza. Aún así, continuaba siendo miembro del organismo.

Agramunt ha manifestado por su parte que esas acuasaciones son un "ataque contra sus derechos civiles" y "traspasa todos los límites del Estado de Derecho". Ha tachado el informe de "inquisitorial" y de estar basado en "manipulaciones".