Pamplona presentará una querella criminal por los crímenes de la dictadura franquista

MADRID.- Pamplona quiere acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. El Ayuntamiento navarro estudiará y aprobará este viernes una moción que insta al Consistorio a presentar una "querella criminal" en los Juzgados de Instrucción de Pamplona para que se investiguen "los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista que afectaron a los vecinos y vecinas" de la localidad, "se determinen las circunstancias en que fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsables directos y mediatos y, en su caso, se proceda a su imputación, procesamiento y condena". 

Será la primera vez que un ayuntamiento acuda a los tribunales españoles para denunciar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. "La importancia de esta querella es primordial para acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura. Esta es la primera, pero estamos convencidos de que habrá muchas más", señala a Público el abogado Carlos Slepoy, que ha estado estos días en localidad navarra presentando la moción en rueda de prensa junto a los grupos municipales del Consistorio y quien también representa a las víctimas de las dictadura en la causa judicial abierta en Argentina. 

La moción, a la que ha tenido acceso Público, cuenta, por tanto, con el apoyo de todos los grupos municipales presentes en el Ayuntamiento (EH Bildu, GeroaBai, PSN, Aranzadi y Izquierda-Ezkerra), a excepción de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ni tan siquiera asistió a la reunión entre los grupos municipales y las asociaciones de víctimas de la dictadura y memorialistas para preparar la moción. Público ha contactado con las asociaciones memorialistas y de víctimas de la dictadura que promueven la moción y aseguran tener la palabra de varios concejales de que saldrá adelante.

"El acuerdo está cerrado. Todos los grupos están de acuerdo y se aprobará", señala a Público el abogado Carlos Slepoy

Como paso previo a la presentación de la querella, la moción acuerda crear un grupo de trabajo con partidos políticos, entidades, profesionales y los ciudadanos que quieran sumarse para consolidar "el relato de hechos a través de los testimonios" y la documentación existente.

Asimismo, la moción también establece que se dará traslado a la Justicia de Argentina, donde actualmente hay una causa abierta que investiga los crímenes del franquismo, para que exista una plena colaboración entre ambos procedimientos. Carlos Slepoy considera que la posible apertura de un proceso en España no implicará que se eche el cierre a la causa abierta en el país sudamericano. Como ejemplo cita el juicio al exmilitar argentino, Adolfo Scilingo, en la Audiencia Nacional mientras que en Argentina ya había causas abiertas por la represión de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó de 1976 a 1983 en Argentina. 

La moción lleva consigo una serie de anexos en los que se establece que en Navarra, a pesar de no haber guerra, "la represión fue completamente gratuita, sangrienta, masiva y brutal". "Desde el primer momento las autoridades electas fueron perseguidas y detenidas, las organizaciones sociales suprimidas y sus miembros detenidos y encarcelados", se apunta. 

El texto denuncia que 300 ciudadanos de Pamplona y cerca de 2.000 navarros fueron asesinados durante los primeros días del golpe de Estado

De hecho, el texto denuncia que 300 ciudadanos de Pamplona y cerca de 2.000 navarros fueron asesinados durante los primeros días del golpe de Estado. De los asesinados en la capital navarra, 224 (más del 74%) constan en el Juzgado, por lo que los expertos consideran que, seguramente, fueron muchos más. Asimismo, el texto también señala que la represión se cebó principalmente en las zonas más humildes de la ciudad: calles de La Merced, Jarauta, Tejería, Celdería y Carmen.  

Los asesinatos también afectaron al equipo de gobierno de Pamplona de 1936. Hasta siete de sus concejales fueron asesinados y varias decenas de funcionarios sancionados, destituidos o ejecutados. "Durante la posterior dictadura la represión no cesó: supresión total de libertades democráticas, vulneración flagrante de derechos humanos, represión gratuita e indiscriminada (política, sindical, cultural, lingüística...), imposición de credos religiosos e ideológicos...", señala la moción. 

Por todo ello, la moción que será aprobada considera que estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad ya que suponen "un ataque generalizado o sistemático contra una población, con múltiples víctimas, y con conocimiento de dicho ataque", tal y como estableció el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Además, califica los mismos como "imprescriptibles", de acuerdo a la Convención sobre de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1968.