Hay cosas que se arreglan con dinero. Por ejemplo, la suerte de varias decenas de ciudadanos vascos acusados de terrorismo allá por los años ochenta, una época en la que el GAL hacía justicia por mano propia y mataba a los sospechosos. A cambio de generosas "ayudas al desarrollo", varios países africanos y latinoamericanos se convirtieron en el destino de los miembros de ETA que fueron deportados gracias al acuerdo alcanzado por los gobiernos de Felipe González y François Miterrand en 1984. Hoy, 44 años después, una veintena de ellos busca vías legales para volver a Euskadi.

Sus historias estarán muy presentes este viernes y sábado en la localidad fronteriza de Irun, donde el Foro Social Permanente, una entidad dedicada a la búsqueda de acuerdos en torno al nuevo escenario de paz abierto en el País Vasco, analizará posibles soluciones para quienes aún componen el colectivo de deportados. A lo largo de ambas jornadas, abogados penalistas, expertos internacionales e incluso ex deportados participarán en distintas mesas redondas.

"Estamos hablando de personas que tienen suspendidos sus derechos civiles y políticos", señaló a Público la periodista y portavoz del Foro Social, Teresa Toda, quien consideró que la situación de todas ellas "ha sido bastante invisible hasta ahora". Sin embargo, las cosas están cambiando en Euskadi: hace más de seis años que ETA abandonó la violencia, en abril pasado entregó las armas y todo indica que en los próximos meses se producirá su cierre definitivo. En ese contexto, Toda sostiene que ante una situación "totalmente diferente" deben buscarse "soluciones imaginativas" para estos casos. En otras palabras, sugiere que el gobierno español debería desactivar la "política de excepción" aplicada contra los miembros de ETA, tanto a nivel de las cárceles como en materia de deportación.

Para entender este asunto hay que retroceder hasta julio de 1983. Fue entonces cuando el GAL, en su acta fundacional, puso en su punto de mira "los intereses franceses en Europa" por la negativa de su gobierno a extraditar a los sospechosos de pertenecer a ETA que se encontraban en su territorio. "Las deportaciones de miembros de ETA se iniciaron en 1984, cuando Francia aceptó colaborar, por primera vez, en la lucha antiterrorista con España. Como no estaban seguros de la reciente democracia española le ofrecieron el trato al gobierno español de deportar a los vascos en lugar de extraditar, a lo que España aceptó encantada", señala la historiadora Susana Panisello Sabaté en un informe publicado en la revista de la Asociación Historia Actual en 2014.

La investigadora destaca que esa medida "fue usada de forma reiterada entre 1984 y 1990", periodo en el que fueron deportadas "unas setenta personas a diez países diferentes". Los destinos se repartieron entre América Latina (Panamá, Ecuador, República Dominicana, Cuba y Venezuela) y África (Cabo Verde, Gabón, Argelia, Sao Tomé y Togo). "El envío más numeroso se produjo como consecuencia del final de las conversaciones de paz entre ETA y el gobierno español que tuvieron lugar en 1989 en Argel", indica. A raíz del fracaso de aquel proceso de diálogo, España logró que Argelia enviara a un buen número de miembros de la organización armada –"la mayoría expulsados de Francia en 1987", recuerda Panisello- a República Dominicana y Cabo Verde.

A cambio de recibir a los deportados, los gobiernos de turno en los países de acogida recibieron varios millones en concepto de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). "Desde 1977, año en que se crearon los FAD, hasta 1985, año en que se creó la Secretaría de Estado de cooperación Internacional que regulaba las concesiones de dichos créditos, España no tuvo que dar ninguna explicación" sobre qué países recibían esas ayudas, apunta la investigadora en su informe.

Su estudio contiene otro dato revelador: entre 1977 y 2002, ocho de los diez países que acogían a deportados formaban parte de la lista de receptores de esos créditos. La autora cita un documento elaborado por Mariano González y José María Larru para el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en el que se cifra los créditos recibidos por países como Argelia (376.706 millones de euros), Ecuador (296.260 millones) o Venezuela (200.103 millones) a lo largo de ese periodo. Mientras España inyectaba ese dinero, los gobiernos que lo recibían se encargaban de mantener controlados a los miembros de ETA que se encontraban en sus respectivos territorios.

"Limbo jurídico"

Sin embargo, el dinero no ha sido suficiente para solucionar la situación de un buen número de deportados. "Con el paso de los años las deportaciones se enquistaron y desde los diferentes gobiernos españoles no se sabía cómo resolverlas. Tanto que, a día de hoy, todavía hay vascos que fueron expulsados a terceros países en los ochenta que permanecen en sus lugares de deportación esperando una resolución colectiva que España nunca ha afrontado", escribió Panisello.

Mientras apura los detalles del acto que comenzará este viernes en Irun, Teresa Toda refuerza esa tesis. "Los deportados quedaron en esos países en un limbo jurídico, porque eran acuerdos políticos y administrativos entre gobiernos, pero sin una base legal", recordó. A día de hoy, señala la portavoz del Foro Social, "todavía hay una veintena de personas que, debido a que no tenía un estatus legal, tampoco ha conseguido papeles en esos países".

La vuelta de los huidos

Asimismo, en el encuentro de Irun se hablará también sobre los denominados "huidos" de ETA y su posible regreso a Euskadi. "Algunas han ido volviendo en los últimos años porque ya no tenían causas en la Audiencia Nacional, pero aún existe un grupo de personas que continúa en esa situación, y debe valorarse como se hace frente a este tema", señaló Toda.

El pasado 2 de octubre, el Foro Social Permanente mantuvo un "encuentro preparatorio" con el denominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK, por sus siglas en euskera), cuyo portavoz, Jon Irazola, participará en la conferencia de este viernes y sábado. En la anterior reunión, el EIPK hizo una "radiografía de la situación": "se trata de un colectivo compuesto por entre 85 y 100 personas. De ellas, 20 se encuentran en situación de deportación. La mayoría tienen más de 60 años y bastantes están aquejados de enfermedades más o menos graves", recordaron desde el Foro en la convocatoria enviada para el acto de Irun.

Denunciaron además que los huidos y deportados "se encuentran en una situación de inseguridad, dado que sus abogados no pueden acceder a sus dosieres jurídicos en la Audiencia Nacional". En declaraciones a Público, Toda adelantó cuáles son algunas de esas trabas. "Hay casos que ya estarían prescriptos y las personas en cuestión podrían regresar, pero la Audiencia decreta el secreto de sumario para dificultar el trabajo de sus abogados", explicó. La solución no será sencilla.