"Lo que ocurra en Catalunya no influirá en el resto de España". Ésta era una premisa que tanto en el PP como en Ciudadanos solían repetir con total convencimiento antes de las elecciones del 21-D. Ahora, los primeros cruzan los dedos para que eso siga siendo así, mientras los segundos, crecidos con el resultado de los comicios, se han olvidado de su unión.

El matrimonio PP-Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy amenaza de nuevo con romperse. Los de Albert Rivera no piensan dejar pasar la oportunidad de aprovechar su crecimiento -recabado en gran parte del robo de votantes populares- para hacerse valer frente a un Partido Popular que, consideran, ha pretendido (sin conseguirlo, en su opinión) tomarles el pelo.

Por ello su estrategia para el nuevo curso político se centrará en apretar las tuercas al presidente con el fin de cumpla sus compromisos y abandone su inmovilismo habitual. "Parte del año pasado se la pasó quieto, mirando, esperando a ver qué pasaba en las elecciones catalanas. Ahora, aún no se ha resuelto el problema de Catalunya, pero también hay que atender otros temas", sentencia un alto cargo de Ciudadanos en conversación con este diario.  

Las fuentes consultadas confirman que, tras varios incumplimientos y trampeos del PP a su pacto de investidura, la intención del partido es ahora "ejercer mayor presión para hacerles cumplir". "No consentiremos más retrasos en las reformas incluidas en la parte de regeneración política" , sentencian. 

Prueba de ello fueron las declaraciones del secretario general de Cs, este miércoles, en las que incluso llegó a amenazar con romper su preacuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018. José Manuel Villegas tuvo la excusa perfecta: la fecha de la citación, por parte del Tribunal Supremo, a la senadora conservadora Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica y que tendrá que acudir a declarar el próximo 15 de enero. 

El número dos de Rivera aprovechó la ocasión para pedir al PP que pida el acta a la exalcaldesa de Cartagena o, al menos, la expulse de sus filas. El debate no es nuevo: pese a haber firmado que los "imputados por corrupción política" deben ser apartados de sus cargos, el PP siempre ha mantenido que su definición de imputado hace referencia a la apertura del juicio oral, mientras que para Cs se trata de la nueva figura del "investigado". 

¿Las consecuencias? Las polémicas con la fallecida Rita Barberá o el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, en tiempos en los que el PP "arrastró los pies" -en palabras de los naranjas- hasta que expulsó a una del partido y al otro de sus cargos institucionales. Ahora Cs quiere poner fin al continuo rifirrafe: "La ruptura del pacto en este punto tendrá consecuencias en futuros acuerdos. Todos podrán verse afectados, incluido el de PGE", sentenció Villegas en rueda de prensa.

Ésa es una muestra clara de que su intención es hacer que al Gobierno de Rajoy le tiemblen las piernas: ya no sólo el PNV será un escollo y, sin aprobar las cuentas del próximo año y sin contar con su apoyo para sacar otras leyes adelante, la ruptura de la "estabilidad en minoría" que vende el PP podría conllevar, aunque el jefe del Ejecutivo lo niegue, un adelanto de las elecciones generales. 

Ciudadanos cuenta con una baza a su favor: su espléndido resultado de Inés Arrimadas en Catalunya -fue la fuerza más votada, la que obtuvo más escaños (36) y la que podría aspirar a gobernar si el bloque independentista no se pone de acuerdo- y los continuos sondeos que no dejan de prever que el tsunami naranja se extenderá al resto de España.

Sin temor (oficialmente) en el PP

En el PP niegan oficialmente que teman ese efecto, pero sí son conscientes de que la situación a nivel nacional puede volverse ingobernable. "Está claro que van a intentar aprovechar para presionarnos, pero no es verdad que exista un efecto carambola de Catalunya al resto de Comunidades", sentencia un miembro del Ejecutivo que recuerda que Cs no gobierna en ninguna Autonomía.

Asimismo, dicha fuente se muestra convencida de que, incluso donde existen pactos PP-Cs, los conservadores que gobiernan -pone de ejemplo a Cristina Cifuentes- sabrán rentabilizar mejor su gestión en las futuras municipales del 2019 que los naranjas su "buena política de comunicación" que vende "humo".

Sin embargo, la actitud de los conservadores demuestra que sí tienen miedo al ascenso de quienes se han convertido en su mayor competidor por un mismo tipo de votante: el del centro derecha e, incluso, el del sector más ultra que sigue siendo fiel al aznarismo, sobre todo desde que el antecesor de Rajoy apoya abiertamente a los de Albert Rivera mientras critica a los de su propio partido. En Génova restan importancia a esta cuestión, pero en las últimas semanas se han dedicado a renovar su estrategia con el fin de frenar a Cs. 

El primero en hacerlo fue el propio Xavier García Albiol, que tras registrar los peores resultados del PP en Catalunya culpó la campaña de Cs en favor del voto útil que, en su opinión, terminó perjudicando al bloque "constitucionalista" e impidiendo que sumaran lo suficiente para arrebatar la Generalitat a los independentistas.

Tras él, el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, aprovechó el "demoledor" informe desfavorable del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Cs para arremeter contra ellos. Y más allá del mensaje político, la rompedora agenda para el 2018: tienen previsto nombrar candidatos autonómicos y municipales del partido antes de lo previsto con el fin de ofrecer una imagen de renovación. Además, Moncloa también ha reforzado la agenda de Rajoy para romper la imagen de inmovilismo.

"Es parte del juego político, pero eso no significa que se vaya a romper el pacto con Ciudadanos ni que les tengamos miedo", justifican en en el PP, donde consideran que el acuerdo entre ambas formaciones goza aún "de buena salud". Como muestra, un botón: la reunión entre Rajoy y Rivera, el pasado 28 de diciembre, alegan.

Los de la otra parte del contrato no niegan que el pacto siga en vigor, pero sí reconocen que, a partir de ahora, se esforzarán por hacerlo cumplir a rajatabla. Otra de sus prioridades será, precisamente en materia de regeneración, impulsar una reforma de la ley electoral para que sea "más proporcional" e incluya "listas abiertas" y la "supresión del voto rogado". Una medida que ya ha llegado a una Subcomisión del Congreso de los Diputados, pero que Cs pretende acelerar y priorizar. 

"Sabemos que es necesario reformar la Constitución para conseguir los cambios que proponemos y es necesario sumar a más formaciones", reconocen las fuentes naranjas consultadas que confían en poder llegar a acuerdos con PSOE y Podemos en esta materia. "No sería bueno sacarla adelante sin contar con el apoyo del PP, pero tampoco vamos a consentir que ningún partido intente ejercer derecho de veto", concluyen. ¿Llegará esta vez la sangre al río?