Pablo Iglesias presenta la demanda por daños al honor contra el medio que le acusó de cobrar de Venezuela en un paraíso fiscal

MADRID.— El líder de Podemos, Pablo Iglesias, acaba de presentar ante los juzgados de primera instancia de Madrid la demanda anuncia la demanda anuncia contra el medio que publicó que había cobrado de Venezuela 272.000 dólares en un paraíso fiscal. La demanda también va dirigida contra el director y el redactor de la noticia, Eduardo Inda y Francisco Mercado. El escrito de la demanda critica "el hecho de publicar la noticia de forma totalmente malintencionada al inicio del proceso electoral con el ánimo de perjudicar al Sr. Iglesias en el libre ejercicio de su derecho fundamental a participar en las elecciones como candidato, amparado en el artículo 23 de la Constitución Española”.

La demanda desmonta los dos documentos utilizados por el medio digital el 6 de mayo, cuando publicó la siguiente noticia: El gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014. El primero sería una orden de pago del Gobierno de Venezuela con fecha 11 de marzo de 2014 en la que, según texto de la demanda, "aparece el nombre de Pablo Iglesias Turrión sin más datos personales, ni DNI, ni pasaporte, firmado por cuatro cargos del gobierno venezolano. No se adjunta justificante bancario alguno del referido pago".

El segundo documento sería la orden de pago del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, que autoriza abonar 272.325 dólares al Tesorero Nacional Carlos Erick Malpica Flores, pero "en el que no aparece el nombre de Pablo Manuel Iglesias Turrión como beneficiario de este supuesto pago", expone la letrada de Podemos.

Como se recuerda en el escrito, los periodistas Inda y Mercado no verificaron "con los actores que aparecen en dichos documentos", pues la noticia ha sido desmentida por el propios Iglesias, el Gobierno de Venezuela y también por el propio banco Euro Pacific Bank, que, sí, está situado en el paraíso fiscal de Granadinas.

En opinión de los representantes legales de Iglesias, tampoco demuestran los periodistas en su noticia que los documentos hayan sido verificados por la Policía española. "Si bien Ok Diario afirma temerariamente que 'las fuerzas de seguridad españolas han realizado un exhaustivo análisis para verificar la autenticidad de los documentos publicados', no especifica qué autoridad o cuerpo policial ha recibido estos documentos del citado gobierno extranjero ni bajo qué jurisdicción estarían actuando estas fuerzas de seguridad".

Ayer mismo, martes, este diario desvelaba que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a quien el periodista obsesionado con Podemos también apeló en su intervención en La Sexta Noche, se desvinculaba de los documentos para avalar su información.

Punto por punto, la letrada de Iglesias desmonta los documentos presuntamente falsificados por el director del medio de Inda. Los documentos fueron sacados de un vídeo de Youtube emitido el día 5 de mayo por una periodista desde Miami y, según los metadatos del archivo subido a la web que dirige Eduardo Inda, el último programa empleado había sido Photoshop.

Además los demandantes aportan un certificado emitido por Euro Pacific Bank "negando que el Sr. Iglesias sea titular de la cuenta bancaria en dicha entidad y que haya recibido el dicho dinero". Y ello por dos motivos: "El banco no mantiene cuentas de PEPs (personas políticamente expuestas) ni acepta pagos de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela". 

También adjuntan el comunicado del Gobierno de Venezuela, que dice, entre otras cosas: "Para el ejercicio económico financiero 2014 estaba implantado el sistema automatizado para la emisión de órdenes de pago, y la orden de pago publicada no es"; "no existe el Ministerio de Economía y Finanzas, como aparece identificado el formato de la orden en cuestión, sino Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública"; e incluso porque "la última orden de pago emitida para el ejercicio económico financiero 2014 por el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública termina con el número 7150, mientras que la orden de pago publicada es el número 36277". 

Además de la indemnización de 250.000 euros, se solicita que desmienta la información en los programas en donde ha dado publicidad a la noticia, no sólo en su medio de comunicación también en el programa La Sexta Noche y Al Rojo Vivo, de la cadena televisiva La Sexta y en El Cascabel, de 13TV. Añade la demanda que Inda y Mercado "han creado un relato revestido de noticia con absoluta falta de ética periodística, publicando hechos falsos que conllevan una clara difamación del actor y le perjudican ante la opinión pública durante el proceso electoral en el que nos encontramos".

La difamación llegó a su máximo exponente con el artículo publicado por Eduardo Inda y titulado A: Pablo Manuel de Rato e Iglesias. De: Eduardo Inda (Carta a un patriota granadino). Según la demanda, el autor de ese texto "traspasa el derecho de información y utiliza expresiones totalmente injuriosas como por ejemplo: 'Antes los bolcheviques erais más finos en la manipulación y en el embuste. Tampoco me extraña: entre tú y Nicolás no juntáis dos neuronas'".

Hace unas semanas Podemos solicitó personarse como parte interesada en la querella interpuesta por el número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, contra una periodista de Público que desveló una reunión suya con el periodista Eduardo Inda, presuntamente, para filtrarle y marcarle la agenda de publicación de noticias contra Podemos.

El comisario Pino, director adjunto de la Policía (DAO), ha solicitado al juzgado que no deje personarse a la formación morada como parte interesada en el procedimiento alegando que lo que se investigan son unas calumnias y no una revelación de secretos. Además, el número dos del cuerpo tampoco quiere que se investigue el posicionamiento de los teléfonos móviles de los participantes a la reunión y le solicita a la juez que envíe el caso a juicio oral sin realizar ninguna de las pruebas solicitadas por la defensa de Público.