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Óscar Puente espera que Alvise entre en la cárcel: "Es donde deben estar los delincuentes"

El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) ha reconocido que cobró 100.000 euros en efectivo y sin facturar al empresario Álvaro Romillo como "honorarios privados". 

Oscar Puente
Óscar Puente en su intervención en la sesión plenaria de El Congreso el 26 de septiembre. A. Pérez Meca / Europa Press

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que espera que el eurodiputado por SALF, Alvise Pérez, "acabe en la cárcel" porque "es donde deben estar los delincuentes". Estas declaraciones provienen del reciente escándalo que rodea al propio Alvise, pues se ha descubierto que aceptó cobrar en metálico y sin registro 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo bajo el concepto de "honorarios privados" con el objetivo de "poder tener más ahorros" y evitar enriquecerse así con su actividad política. 

Al hilo de esta novedad, Puente ha recordado las recurrentes palabras que el eurodiputado ultra ha utilizado en diversas ocasiones para referirse a diferentes adversarios políticos en redes sociales asegurando que "él si que huele a cárcel". De hecho, se ha respondido a sí mismo en una entrevista que ha dado a la Cadena Ser, en la que ha repetido: "¿Dónde merecen estar los delincuentes? En la cárcel"

Desde su punto de vista, no es lo mismo cobrar 100.000 euros para una campaña electoral a cambio de legislar en favor de la persona que te da ese dinero, que no cobrar un trabajo con factura. "Uno es una irregularidad administrativa, lo otro es un delito grave", ha sentenciado Puente. Además ha añadido que espera "que recoja lo que ha sembrado este personaje" y que "bastante daño le ha hecho a este país", insistiendo en que "gente como esa no merece representar a nadie".

A través de un vídeo en Telegram, aplicación en la que Alvise regenta un canal de difusión que cuenta con cientos de miles de seguidores, se declaró "culpable" como "autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo" y por haber ejercido, según ha denunciado, su "legítima defensa" contra "el terrorismo fiscal del Estado". Por si fuera poco, además de tildar al Ministerio de Hacienda como mafia, también agregó: "Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y a veces cobrar una actividad ilegal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que queda".

"Transcendencia política nula"

Por otro lado, se ha preguntado al ministro a cerca de su opinión sobre la decisión de la Audiencia de Madrid de aplazar su deliberación al no tener el recurso en el que Begoña Gómez pide el archivo del procedimiento, a lo que este ha contestado con una crítica a la resolución del juez que, según ha dicho, no ha visto en su "vida".  Luego ha anotado que "da la sensación de que efectivamente hay una investigación prospectiva que abarca un periodo temporal determinado y a todas las actividades de una persona concreta. Y eso, sinceramente, es que no es que esté vetado en nuestro derecho penal, es que no tiene un pase".

Ha continuado sacando a relucir que no haya un solo juzgado de Madrid que "no haya querido ir un poco más allá" para investigar las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia pero que sí estén investigando "a una señora por si el software (...) se lo ha apropiado", en referencia a Begoña Gómez. Finalmente, ha terminado señalando que están "viendo una investigación que no tiene ni pies ni cabeza sobre hechos que tienen una trascendencia pública nula frente a un asunto de una gravedad tan enorme que no ha encontrado cómo en ningún juzgado de Madrid". 

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