MADRID.- La campaña activada desde el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz comenzó tras las elecciones generales del 20 de diciembre y tuvo su punto culminante con las declaraciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en las que aseguraba que “Podemos es una amenaza para la democracia”. El remate de esta campaña es el conjunto de “nuevas filtraciones que desde la institución que él dirige se están llevando a cabo con intereses políticos y que erosionan la imagen de los profesionales, a los que no se les otorgan medallas ni otras recompensas”, aseguran diferentes organizaciones policiales. 

El malestar dentro del Cuerpo Nacional de Policía es evidente. El Observatorio Contra la Corrupción (OCC), dirigido por el policía y ex sindicalista José Manuel Sánchez Fornet, ha hecho pública una carta dirigida a Ignacio Cosidó en la que le manifiesta que “no se puede hacer política desde la Policía” contra “un partido político legal [Podemos] que obtuvo más de cinco millones de votos de ciudadanos españoles”. Según Sánchez Fornet, “hacer ese tipo de declaraciones, si no existe un auto o sentencia judicial que establezca la relación del partido político en cuestión con el terrorismo, atenta contra el principio fundamental de independencia de la Policía, esencial en una democracia”.

Lo mismo argumenta Alternativa Sindical de la Policía (ASP): “El Cuerpo Nacional es una institución al margen de partidos políticos que no se puede utilizar en beneficio de quien gobierne. El director general tiene que abstenerse de hacer ese tipo de declaraciones, con la cantidad de cosas que hay dentro del cuerpo en las que debería fijarse y que sí beneficiarían al trabajo y el prestigio de los agentes”.

Sin aval judicial

En cuatro ocasiones el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales han rechazado hasta el momento las pruebas que se contenían en un supuesto informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que, como desveló Público en enero, era un informe fantasma encargado por la Secretaría de Estado de Interior a la Dirección Adjunta Operativa que dirige el comisario Eugenio Pino.

El dossier Pisa no tiene ni logo de la Policía, ni sello oficial, ni fecha de elaboración ni el número de los agentes y tampoco está registrado en la base de datos policial. Pero fue filtrado a periodistas afines, como el también tertuliano Eduardo Inda, director de un medio digital, a quien incluso se le marcó cuando tenía que empezar a publicar. “El informe lo tengo muchísimo antes de las elecciones, lo que pasa es que a mí mis fuentes me piden 'por favor no lo publiques' y cuando me dicen 'publícalo', pues lo publico, nada más”, aseguraba en enero a este diario. 

Durante el mandato de Cosidó, sigue relatando la carta del OCC, “han sido numerosos los casos conocidos de prácticas corruptas de miembros de su partido y no ha opinado al respecto nunca". "Suponemos que porque son sus compañeros de partido pero también por respeto a la labor policial y a los tribunales de justicia, respeto que en las declaraciones citadas ha brillado por su ausencia, usando el cargo de máximo responsable de todos los policías para acusaciones partidarias que nos alejan de la democracia y el Estado de Derecho”.

ASP denuncia además que “la Policía tiene que actuar siempre bajo el mandato judicial y no bajo el mandato del partido político que nombre al director general en cada momento”.

Policías en Venezuela

A pesar de que ningún órgano judicial lo admitía y de haber quedado desacreditada esa labor atribuida falsamente a la UDEF, la Policía lo remitió al Tribunal de Cuentas y, además, envió a finales de febrero a agentes de una “unidad de inteligencia no oficializada” a Venezuela para hacerse con una documentación que podría relacionar a Podemos y Pablo Iglesias con el gobierno de Nicolás Maduro.

La excusa era una investigación llevada a cabo por el Departamento Antidroga Estadounidense (DEA), con el que colaboraría la Policía española protegiendo a un testigo de la causa. Allí habrían obtenido los documentos publicados ahora. Los agentes enviados se los habría facilitado la oposición venezolana. Según fuentes policiales consultadas, “ahora debe acreditarse su cadena de custodia y que realmente son documentos originales, ya que ninguna autoridad judicial ha seguido el proceso”. Por ejemplo, el papel con el que el diario digital pretende demostrar que Iglesias cobró más de 200.000 euros de Maduro no tiene la firma del dirigente de Podemos.

“La imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, por declaraciones como la aquí referida, por actuaciones contra elementales derechos asociativos como los llevados a cabo en la Guardia Civil contra AUGC, o por las condecoraciones impuestas a imágenes religiosas por el ministro de Interior, influenciado por sus creencias personales y sin respetar ni el espíritu ni el texto constitucional y sus leyes de desarrollo, sumado a la aprobación de la Ley Mordaza, están erosionando el prestigio profesional conseguido y dificultando la tarea de sus profesionales”, termina la carta a Cosidó emitida por el Observatorio contra la Corrupción.