Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entregado desde las 17.00 horas de este miércoles más de una decena de cajas con documentación incautada en las sedes de la empresa de ingeniería y servicios Auditel y de Urbaser, que hasta hace unos meses pertenecía al grupo ACS, pero propiedad de Florentino Pérez en la época que investiga la operación Lezo.

Los registros se enmarcan dentro de la 'operación Lezo', coordinada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, y que ha supuesto la detención este miércoles, entre otras personas, del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Los agentes han realizado varios viajes transportando a la Audiencia Nacional cajas con documentación incautada en los registros a estas empresas dentro de la investigación del presunto desfalco del Canal de Isabel II, empresa pública del agua en Comunidad de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha coordinado este miércoles las diligencias de la 'operación Lezo', ha acudido en la tarde de este miércoles a la presentación de un libro del que es autor sobre responsabilidad de las personas jurídicas nada más concluir el último interrogatorio a uno de los testigos en la causa. "Me he levantado a las cinco de la mañana, estoy cansadísimo", ha señalado a los estudiantes y asistentes al acto.

Velasco ha precisado que acababa de concluir por hoy algunas de las actuaciones previstas en la causa secreta antes de iniciar la presentación de un libro que ha escrito junto a la jurista Beatriz Saura en la sede de Deusto Business School, organizada por Madrid Foro Empresarial.

Poco antes había dejado un cuestionario a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que pudiera rellenarlo por escrito también en calidad de testigo de los hechos investigados en esta operación. Ha señalado también que la operación "es complicada" pero que no podía cancelar el acto de la presentación del libro por el trabajo. Este jueves, Velasco tiene previsto interrogar en calidad de investigados al presidente y el director del diario La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a Cifuentes.