Este artículo se publicó hace 9 años.
La operación contra los abogados vascos despierta un amplio rechazo en Euskadi
Partidos, sindicatos y colectivos sociales muestran su preocupación por la “escalada represiva” del Gobierno.
-Actualizado a
BILBAO.- Asombro, rabia y preocupación: así han reaccionado la mayoría de los agentes políticos, sociales y sindicales de Euskadi tras el operativo policial de este lunes, que se ha saldado con la detención de 16 abogados de la izquierda abertzale. Mientras, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se vanagloriaba de haber detenido a 130 personas desde que ETA puso fin a sus actividades, miles de internautas convertían el “Je Suis Basque” –“Yo soy vasco”, emulando el slogan en solidaridad con las víctimas de Charlie Hebdo- en uno de los lemas más populares de las redes sociales.
"Nos quieren arrastrar a aquellas épocas en las que había personas perseguidas por sus opiniones políticas"
“Todo suena a que nos quieren arrastrar al pasado, a aquellas épocas en las que las que había personas perseguidas o amenazadas por sus opiniones políticas. No podemos permitirlo”, dijo a Público Paul Ríos, coordinador de la Red Ciudadana Lokarri. “Estas operaciones se vienen repitiendo periódicamente, por lo que debería existir un firme compromiso por parte de las instituciones y del Parlamento Vasco para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro”, subrayó.
El sindicato LAB tenía previsto hacer una valoración similar a las 16.00 de este lunes en una rueda de prensa, pero se vio obligado a suspenderla. El motivo: la Guardia Civil continuaba dentro de una de sus principales oficinas. “Dado que el registro de la sede de LAB de Bilbao sigue adelante, lugar en la que se pensaba ofrecer la rueda de prensa, os comunicamos que hemos decidido suspenderla hasta nuevo aviso”, informó su gabinete de prensa algunos minutos antes de la hora prevista.
Con esos problemas de fondo, una de las respuestas más contundentes llegó desde la sede de Sortu en Donostia. En un principio, la formación había convocado una rueda de prensa para valorar el comienzo del juicio contra 35 dirigentes de Batasuna y de otras formaciones abertzales que debía haber comenzado este lunes en la Audiencia Nacional. Sin embargo, la detención de tres abogados de los acusados –entre los que se encuentran cuatro miembros de la dirección de Sortu- cambió el sentido de la comparecencia. “Queríamos denunciar que en Euskal Herria sigue sin haber igualdad de condiciones para realizar política”, dijo Hasier Arraiz, presidente de ese partido.
"La única respuesta que entiende el Estado español es la venganza"
Tras un cambio forzoso en el guión de su intervención, Arraiz advirtió sobre la gravedad del nuevo operativo policial. “Se trata de la única respuesta que entiende el Estado español: la venganza”, sostuvo. En otro tramo de su intervención, habló de un “Estado Quijote, que ve gigantes donde sólo hay molinos”. Las demás fuerzas políticas integradas en EH Bildu –Alternatiba y Aralar- también mostraron su repudio hacia lo ocurrido.
Las reacciones también han llegado desde el ámbito sindical, principalmente por el registro producido en la sede del sindicato abertzale LAB en Bilbao, donde la Guardia Civil se llevó el dinero recaudado entre los asistentes a la multitudinaria movilización contra la política penitenciaria del PP que se había celebrado 48 horas antes en esa misma ciudad. “Criminalizar la solidaridad con las personas presas y sus familiares constituye uno de los objetivos evidentes de esta operación”, advirtió el sindicato ELA en un comunicado. En esa misma línea, Etxerat -asociación de familiares de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale- advirtió sobre las “gravísimas consecuencias de las detenciones”, destacando que “deja, automáticamente, a nuestros familiares sin defensa jurídica y criminaliza la solidaridad”.
El ministro “Torquemada”
El sindicato CNT también hizo llegar su apoyo a las personas detenidas. “Hoy hemos vuelto a despertarnos con noticias que demuestran la verdadera cara del Estado, que no duda en llevar su política represiva hasta límites tan absurdos como repugnantes”, afirmó la central anarcosindicalista, que recordó las detenciones contra militantes anarquistas producidas hace algunos días en el marco de la Operación Pandora, que se saldaron con el encarcelamiento de siete personas. “Ayer fueron nuestros compañeros anarquistas. Hoy ha tocado a los abogados vascos. Mañana puedes ser tú”, apuntó CNT.
Las muestras de solidaridad también llegaron desde fuera de Euskadi. El portavoz de la CUP, David Fernández, se sumó al “Je Suis Basque” y realizó duras críticas contra el gobierno central. “Fernández Díaz dimisión. Que se autodisuelva el McCarthy de Torquemada”, escribió en un mensaje de Twitter. Por su parte, Colette Capdevielle, diputada del Partido Socialista francés, también mostró su malestar a través de las redes sociales. “Los derechos de la Defensa son derechos fundamentales", advirtió.
Capdevielle se refería así a la situación en que se encontraban los 35 integrantes de Batasuna, ANV y EHAK que iban a ser juzgados desde este lunes en Madrid. Uno de los acusados, el reconocido dirigente abertzale Pernando Barrena, afirmó a Público que tras las detenciones de la mitad del equipo de abogados defensores, “las garantías de hacer un juicio con defensa son prácticamente nulas”.
“Eran las 7.15 de la mañana. Estábamos en nuestras habitaciones. De repente, oímos ruidos en el pasillo. Nada más salir, vimos que estaba repleto de guardias civiles. Nos dijeron que venían a llevarse a las abogadas Amaia Izco, Haizea Ziluaga y Eukene Jauregi. Las tres han tenido unos minutos para vestirse, coger una chaqueta y salir del hotel junto a los agentes. No nos han dado ningún otro tipo de información”, contó Barrena. Fuentes próximas a los 16 detenidos han señalado que algunos de ellos habían notado un incremento de la vigilancia policial.
"El Estado aprovecha las masacres terroristas para incidir aún más en los recortes de libertades"
Un día antes de esta operación, el mediador internacional Alberto Spektorowski afirmaba en una entrevista concedida a Público que el gobierno español podría aprovecharse de la “corriente de miedo al terrorismo que existe en Europa” para realizar nuevos golpes contra la izquierda independentista vasca. Tras la operación de esta mañana, Barrena admite que el experto en conflictos políticos puede tener algo de razón. “Al igual que en el 11-S y en el 11-M, el Estado aprovecha ese tipo de masacres para incidir aún más en los recortes de libertades, y así intentar que no se les vaya de las manos una situación social, política y económica que es una olla a punto de explotar”, subraya el dirigente abertzale.
"Perpetuar la dinámica de ‘acción-reacción’
El PNV eligió al dirigente Joseba Egibar para dar a conocer su valoración de urgencia. "Perpetuar la dinámica de ‘acción-reacción’, como si en Euskadi nada hubiera cambiado en los últimos años, contribuirá únicamente a la frustración de las expectativas y esperanzas de la mayoría social del Pueblo Vasco, que hoy por hoy quiere superar, de una vez por todas, los tiempos pasados", destacó.
Erkoreka advierte sobre la "coincidencia temporal" entre la manifestación contra la dispersión y las detenciones
Algo más cauto se mostró el portavoz del gobierno vasco -también del PNV-, Josu Erkoreka, quien recriminó al ejecutivo de Rajoy su falta de lealtad por no informarle previamente de la Operación Mate. En cualquier caso, Erkoreka advirtió sobre la "coincidencia temporal" entre la manifestación contra la dispersión del pasado sábado y las detenciones de este lunes.
La red ciudadana Sare, organizadora de la mencionada manifestación, denunció que la Guardia Civil había entrado a la sede del sindicato LAB con el único objetivo de "arrebatar el dinero que fue recogido en cuestación pública durante el transcurso de la movilización". Las monedas habían sido guardadas en el local de LAB e iban a ser llevadas al banco este lunes, con el objetivo de cubrir los gastos derivados de la organización del multitidinario acto, en el que se calcula que participaron unas 80 mil personas. "Exigimos, por tanto, la devolución del dinero requisado", afirmó Sare.
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