Nuevo intento para revocar la "utilidad pública" del grupo ultracatólico Hazte Oír

El grupo ultracatólico Hazte Oír se dedica, entre otras cosas, a organizar charlas para convencer de que la homosexualidad se cura, a repartir folletos con mensajes homófobos en colegios y a contratar autobuses para difundir mensajes contra la transexualidad. El Gobierno considera que estos fines promueven "el interés general", lo que otorga por ley el distintivo de "asociación de utilidad pública" o, en otras palabras, exenciones y beneficios fiscales. Un privilegio que ha permitido a este colectivo homófobo erigirse como uno de los grupos de presión ultraconservadores más potentes de España y que ha sido negado sistemáticamente a otras plataformas, como por ejemplo, la asociación Alba de Ayuda y Reinserción del Toxicómano o el Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en el Estado Español. 

El Congreso de los Diputados pidió al Gobierno que se revocara la utilidad pública a Hazte Oír en marzo del año pasado. El texto, una transaccional fruto de una moción de Unidos Podemos suscrita por PSOE, Ciudadanos y ERC, fue aprobado por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones. Sin embargo, nada ha cambiado desde entonces. La entidad mantiene intacta su declaración de "utilidad pública" desde 2013 y, según su propia información, dispone de un presupuesto anual que supera los 2,6 millones de euros. 

Casi un año después, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea vuelve a poner el debate encima de la mesa. Con el objetivo de evitar que "una entidad que ha hecho de la incitación al odio su principal actuación mantenga los beneficios que establece la ley", el grupo morado reclamará de nuevo que se revoque la declaración de utilidad pública a Hazte Oír en una proposición no de ley que se debatirá este martes en la Comisión de Interior del Congreso. 

El Congreso pidió al Gobierno que se revocara la utilidad pública a Hazte Oír en marzo del año pasado

Aun así, en una respuesta escrita enviada en mayo pasado al diputado Ricardo Sixto Iglesias (Unidos Podemos), el Gobierno argumentó que únicamente podía revocar la declaración de utilidad pública de esta entidad "si quedara acreditado, a través del procedimiento contradictorio legalmente establecido, que ha dejado de cumplir algunos de los requisitos legales". El Ejecutivo aseguraba además que no podía adoptar "ninguna medida restrictiva de derechos" contra el grupo ultracatólico porque "los hechos están siendo ya investigados en sede judicial", en referencia a las medidas cautelares adoptadas en marzo pasado por el juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que prohibió la circulación del autobús con los mensajes tránsfobos.

Con la votación de esta PNL arranca una semana clave para el colectivo gay, lésbico y transexual ya que el jueves la Cámara Baja somete a votación la enmienda a la totalidad del PP a la ley LGTBI de Unidos Podemos y el viernes, el grupo morado presentará una proposición de Ley Integral de Transexualidad. La contraprogramación de la entidad homófoba es otro evento de supuesto "interés general" que se celebrará en Madrid en el que una decena de ponentes internacionales explicarán por qué la ideología de género "causa sufrimiento y dolor en las personas", según recoge un vídeo promocional que la asociación ha publicado en redes sociales.

Ofensiva contra los derechos LGTBI

"Los grupos ultraconservadores como Hazte Oír están emprendiendo una clara ofensiva contra los derechos que está conquiriendo el colectivo LGTBI y el Partido Popular es cómplice de este ataque", explica a Público María del Mar García Puig, la diputada d'En Comú Podem que defenderá la PNL. 

De hecho, poco después de que el Ministerio del Interior mantuviera la utilidad pública a esta entidad —vigente desde 2013—, revocaba esa declaración a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) tras la denuncia de Abogados Cristianos, otro lobby ultraconservador. 

Quien dirigía el ministerio en esa época era Jorge Fernández Díaz, conocido por sus iniciativas pías ya que en 2014 condecoró a dos vírgenes con la Cruz de Plata de la Guardia Civil. Una de ellas está denunciada al Tribunal Constitucional por las asociaciones Europa Laica y Mhue.