Manuel Murillo, el vigilante de seguridad que ha sido condenado a siete años y medio de prisión en la Audiencia Nacional por planear el asesinato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formó parte desde marzo de 2018 de la organización nazi catalana RE+FNI Recuperemos España-Frente Nacional Identitario (hoy llamada FNI-Partido Nacional Socialista Obrero Español o FNI-PNSOE), registrada oficialmente en Barcelona el 13 de octubre de 2017, en plena ebullición del procès independentista, y cuyo líder es el exmilitar español José Alberto Pérez Molina.

Entre los miembros y "hermanos" del FNI-PNSOE, cuyo "cuartel general" se encuentra en Terrassa, hay militantes de organizaciones nazis y fascistas del centro y este de Europa que periódicamente residen en Catalunya y Madrid, y que participan en reuniones, actos y manifestaciones que el Frente Nacional Identitario convoca.

Y entre las organizaciones "hermanas" del FNI-PNSOE con las que simpatizaba el francotirador antes de ser detenido se encuentran el partido de extrema derecha Svoboda y el Batallón Azov, una banda nazi armada, formada por mercenarios ucranianos y otros originarios de 22 países.

El 12 de noviembre de 2014, pocos meses después del Euromaidan y la matanza de Odessa, Batallón Azov fue reconocido por el entonces presidente de Ucrania Petró Poroshenko (junio 2014- mayo 2019) –predecesor de Volodímir Zelenski– como Regimiento Azov e integrado en la Guardia Nacional de Ucrania, con sede en Mariúpol, en la región prorrusa del Donbás. El Batallón Azov y FNI-PNSOE comparten como emblema el símbolo nazi del Wolfsangel.

Otras organizaciones hermanadas con el Frente Nacional Identitario español son la Liga Norte de Italia, que lidera Matteo Salvini (con acuerdos para el Parlamento Europeo), además de organizaciones afines de Francia, Portugal y Hungría. Asimismo, el partido del francotirador "mantiene contactos con Ley y Justicia (PiS), el partido que gobierna en Polonia", tal y como reconoció el propio líder del FNI Alberto Pérez Molina en una entrevista a la Agencia de Investigación Periodística (AIP) el 10 de noviembre de 2018. ()

El último encuentro que el partido nazi mantuvo con el francotirador tuvo lugar semanas antes del 12 de octubre de 2018, "porque la reunión era precisamente para hablar de la manifestación del Día de la Hispanidad y coincidió con las noticias de la confirmación del Gobierno para ejecutar la exhumación de Franco", según Pérez Molina.

Días antes, el 13 de septiembre de 2018, el pleno del Congreso de los Diputados había aprobado por mayoría absoluta el decreto de exhumación del dictador del Valle de los Caídos. El 19 de septiembre, Murillo era detenido por los Mossos d’Esquadra y registrada su vivienda, en una acción que fue guardada en secreto por seguridad durante varias semanas, hasta que Público desveló la noticia en exclusiva el 8 de noviembre.

Los nazis recaudaron ayuda económica para Murillo

Nada más conocer que había sido detenido por los Mossos d’Esquadra, el Frente Nacional Identitario difundió el 8 de noviembre de 2018 una cuenta en Pay-Pal para recaudar ayuda económica para el francotirador Murillo.

El propio líder del FNI gestionó la asistencia letrada para el vigilante, a pesar de que Murillo ya estaba a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa, se encontraba encarcelado en Can Brians y estaba siendo asistido por otro abogado.

En el registro domiciliario realizado el día de su detención se hallaron 16 armas de fuego cortas y largas, como una escopeta de cañones y culata recortados y cuatro rifles de altísima precisión, con miras telescópicas, capaces de acertar un blanco a 1.000 o hasta 1.500 metros de distancia, así como muchísima munición de diversos calibres y explosivos. En el registro de su coche particular los Mossos encontraron otras dos pistolas, una de ellas modificada e ilegal.

Armas inutilizadas listas para disparar

Murillo hizo exactamente lo mismo que los miembros de la banda nazi armada Frente Antisistema (FAS) de València, liderada por militares en activo y vigilantes de seguridad: rehabilitar armas inutilizadas para coleccionistas y volver a hacerlas funcionales. En la operación Pánzer de València de 2004, donde la Guardia Civil desarticuló dicha organización, a la veintena de detenidos les fue incautado un arsenal diverso.

En la investigación posterior se pudo acreditar que una parte importante de las armas cortas intervenidas procedían de subastas o reventas y que previamente habían sido taladradas e inutilizadas para impedir su uso. Pero todas ellas habían sido oportunamente rehabilitadas y listas para ser detonadas. Las reparaciones se llevaron a cabo consiguiendo piezas compatibles y aplicando técnicas de soldadura en frío, en concreto con "acero líquido", que repara los daños en los metales sin necesidad de aplicar calor, evitando la deformación.

La Audiencia Provincial de València absolvió en 2014 a los 18 miembros de la banda nazi y les devolvió las armas incautadas, entre las cuales, además de armas cortas, había un lanzagranadas modelo Instalaza C-90, como los entregados hace unas semanas por el Gobierno de España al Ejército ucraniano y que acabaron casualmente en manos de las unidades del Batallón Azov para enfrentarse al Ejército ruso.