El departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra ha aprobado los primeros 12 reconocimientos de víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Estos has sido propuestos por la Comisión de Reconocimiento y Reparación, al amparo de la correspondiente Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, que pretende la reparación de las personas objeto de este tipo de violencia.

Entre estos 12 reconocimientos se encuentran los de dos personas fallecidas como consecuencia de la violencia ejercida en distintas circunstancias; tres personas heridas por arma de fuego durante las fiestas de San Fermín 1978; y otra víctima que sufrió daños graves por exceso o mal uso de material antidisturbios en una carga policial. Además, otras cuatro personas que padecieron violencia física y psicológica durante su detención y otras dos que resultaron heridas atentados propiciados por grupos de extrema derecha.

Cuatro solicitudes denegadas

En esta primera fase ─a la que seguirán nuevos pronunciamientos─ también hubo cuatro solicitudes inadmitidas, según ha indicado el Gobierno navarro en una nota. Sin embargo, el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, ha firmado que la Comisión ya está examinando otros 60 expedientes que se encuentran en diferentes fases del procedimiento.

Los casos no admitidos se deben a que la Comisión de Reconocimiento y Reparación consideró que no se cumplían los requisitos especificados en la legislación vigente. Desde una perspectiva de género, dos de las 12 víctimas son mujeres. Cronológicamente esta docena de casos se extienden desde 1969 hasta 1994 y los hechos se produjeron en el espacio de la Comunidad Foral, salvo uno de ellos.

¿Cómo se deciden los casos que se admiten ?

Todas las propuestas que se presentaron han sido valoradas por la Comisión de Reconocimiento y Reparación. Esta se compone del director de Memoria y Convivencia, el director del Instituto Navarro de la Memoria, dos peritos forenses y una psicóloga con experiencia en materia de víctimas, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal.

Además, a propuesta del Parlamento de Navarra, la Comisión está completada por cuatro personas expertas del ámbito académico y social. Este órgano fue constituido a través de una orden foral de la consejera al amparo de dicha ley.

Una vez se toman las decisiones, la comunicación a las víctimas, familiares o quien corresponda, la lleva a cabo el Gobierno navarro. En todo caso, se respeta estrictamente la normativa de protección de datos personales en todo el expediente.