BARCELONA.- La lucha ciudadana contra la corrupción ha dado un salto importante este sábado en Barcelona, con la presentación de una red que busca fortalecer las iniciativas ya existentes, coordinarlas y facilitar el intercambio de información entre ellas. El Free Culture Forum 2015, que celebra este fin de semana su séptima edición en el centro cultural La Farinera de la capital catalana, ha sido el escenario elegido para dar el pistoletazo oficial de salida del Grupo Ciudadano contra la Corrupción en el Estado español. Entre sus impulsores figuran Xnet -responsable del buzón de filtraciones que permitió sacar a la luz los Correos de Blesa y las Tarjetas Negras de Caja Madrid-, 15MpaRato, el exdiputado de la CUP e integrante del Grupo de Trabajo contra la Corrupción en Catalunya, David Fernàndez, o la plataforma Acción Cívica, surgida a raíz del caso Cooperación en el País Valencià.

Simona Levi, portavoz de Xnet, ha sido la encargada de definir al nuevo grupo como una “red”, en el sentido de que cada colectivo ya existente “seguirá haciendo su trabajo” pero ahora habrá un intercambio de información que permitirá acelerar la búsqueda de datos y, por lo tanto, “fortalecer” la lucha contra la corrupción. Levi ha querido subrayar que “la gran mayoría de casos de corrupción que se investigan ahora mismo en el Estado español han sido destapados por los ciudadanos, no por las instituciones”.

Más allá de presentar brevemente la lucha de cada colectivo presente en el grupo, el acto también ha servido para plantear caminos para atajar lo que se ha convertido en un problema sistémico. David Fernàndez, que considera al grupo como “una iniciativa contra algo más perverso, que es la impunidad”, ha hablado de Llums i taquígrafs (Luces y taquígrafos), un especie de observatorio impulsado por la CUP a raíz de la experiencia de la Comisión Pujol en el parlamento catalán, que busca ser “una memoria antídoto contra la corrupción y nos debe servir para alertar como funciona”. El exdiputado también ha defendido que la ciudadanía es la “única capaz de tumbar tanta vergüenza”.

Fernando Urruticoechea, que como interventor municipio destapó el caso Catro Urdiales, que ha supuesto la imputación de los tres últimos alcaldes de la población cántabra, ha señalado que actualmente en España no funcionan los organismos de control de las administraciones “porque no interesa que funcionen”, así como tampoco lo hace la “responsabilidad administrativa”. Urruticoechea apuesta porque se ampare “normativamente” a los funcionarios que denuncien irregularidades, de manera que no se les pueda abrir expedientes disciplinarios, como le sucedió a él mismo.

Antonio Penadés, impulsor de la plataforma valenciana Acción Cívica, ha abogado por impulsar cambios “desde dentro del sistema”. Su plataforma pretende personarse como acusación popular en casos de corrupción, como hizo él mismo en el caso Cooperación, que en 2012 implicó la caída política del dirigente del PP valenciano Rafael Blasco. El hasta entonces todopoderoso consejero autonómico -que previamente había estado en el gobierno valenciano como integrante del PSPV-PSOE- actualmente cumple condena en la prisión de Picassent.

La necesidad de proteger a los denunciantes

Un factor clave para combatir la corrupción es proteger a las personas que la denuncian. En este sentido, el nuevo grupo ha elaborado un decálogo de medidas que, a su juicio, se deberían aplicar para dar seguridad a los alertadores. Entre las medidas planteadas figuran la protección de la intimidad y el anonimato, la protección de su integridad física, garantizar la defensa jurídica, proteger los derechos laborales -y garantizarle un trabajo al denunciante si es despedido-, así como la garantía que tendrá acceso a atención psicológico si la necesita.

Un ejemplo claro de la situación que sufren ahora los denunciantes lo ha dado Ana Garrido. Era técnica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y su situación empezó a cambiar cuando decidió denunciar una serie de irregularidades que detectó, que con el tiempo se transformaron en una de las piezas del caso Gürtel. “He estado sufriendo acoso y ya no trabajo allí, pero me he convertido en una activista contra la corrupción”, ha dicho Garrido. Su experiencia ha derivado en la aparición de la plataforma Ana contra Gürtel, que precisamente busca dar cobertura a los denunciantes de corrupción.

A pesar de la lentitud de la justicia, los integrantes del grupo se muestran dispuestos a perseverar en sus objectivos. Sergio Salgado, integrante de Xnet y de 15MpaRato, ha señalado que en relación a este último caso el exministro y exdirector del FMI no fue el único responsable, sino que hubo “complicidades en el Banco de España, la CMNV [Comisión Nacional del Mercado de Valores] y el Ministerio de Hacienda, y lo que queremos hacer es ir abriendo piezas y que el caso Bankia no se cierre hasta que se acabe la impunidad bancaria en España”. “Estamos técnicamente en guerra contra la corrupción, pero vamos al frente con un palillo”, ha señalado David Fernàndez para resumir las diferencias entre los recursos con los que cuentan los corruptos y las plataformas que se dedican a combatirlos. Y la creación del grupo como una red aparece como un rearme de la ciudadanía para plantar batalla.