MADRID.- “No tienen salida. Unas serán madres en contra de su voluntad y otras tendrán un aborto clandestino sin atención médica y con grandes riesgos para su salud, desgraciadamente”. Así define Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la grave situación a la que se enfrentarán casi 500 mujeres al año como consecuencia de la polémica reforma de la ley del aborto aprobada este miércoles.

La asociación ha difundido datos facilitados por el Ministerio de Sanidad para demostrar que sólo un 12’38% del total de mujeres de 16 y 17 años que abortaron en 2013 (4.010) no pudo comunicar a sus padres la situación (496). Por lo que resulta extraña la urgencia que ha tenido el PP por aprobar esta reforma. La oposición ha sostenido que la modificación legislativa supone "un retroceso y un ataque" a los derechos de las mujeres y no responde a una demanda ciudadana, sino a fines "electoralistas".

Según la senadora del PP, María Dolores Pan, la reforma que impide que las menores de edad puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, está dirigida a "proteger" a las menores de 16 y 17 años. "Aquí no se quitan derechos", y ha argumentado que tiene el fin de "devolver a los padres la capacidad de aconsejar y de estar al lado de sus hijas en ese momento tan complicado de sus vidas". Pero, ¿qué pasa cuando los padres no aconsejan y no están al lado de sus hijas?

Familias desestructuradas o ausencia de tutor legal

García, que también es ginecóloga, explica que de las últimas 30 mujeres que han tenido de 16-17 años en su clínica, cuatro no podían venir acompañadas por los tutores.

“Estaba aterrorizada por tener que decírselo, porque le iba a maltratar y le iba a obligar a tener un hijo que ella no quería”

Recuerda a una joven de etnia gitana de 16 años que vivía con su padre y un hermano minusválido al que ella cuidaba. “Tenía un novio, se quedó embarazada y cuando se lo dijo, la abandonó”. La nueva reforma del PP la obligaría a contárselo a su padre por ser su tutor legal. “Estaba aterrorizada por tener que decírselo, primero porque le iba a maltratar y segundo le iba a obligar a tener un hijo que ella no quería”.

Lo que hay que tener claro, según la doctora, es que aunque estos casos sean minoritarios, la gravedad de sus situaciones no se puede ignorar. “La mayoría de estas desprotegidas pertenecen a familias desestructuradas o no cuentan con sus tutores porque directamente no los tienen”.

Ése fue el caso de otra paciente que acudió en busca de asistencia. Era una chica senegalesa que se había quedado al cuidado de su tía. Su madre y tutora legal, estaba en el extranjero cuidando de una abuela que vivía en una aldea en medio de Senegal. “No había manera de conectar con ella y por tanto, no tenía con quién contar porque su tía la cuidaba pero no tenía ningún papel que demostrase que estaba bajo su custodia”.

Parecido fue el caso de una joven que estaba embarazada con 16 años y vivía con su hermana al cuidado de su abuela porque su madre las había abandonado de pequeñas. El problema es que tampoco habían legalizado la situación, por lo tanto, no había tutor legal que pudiera autorizar la interrupción del embarazo.

Una situación más paradójica, explica la doctora, fue la de una chica que “tenía un hijo, que vivía con su pareja y estaba independizada” pero era menor. Por lo que ante la ley, estaba autorizada para ser madre y estar independizada, pero, sin embargo necesitaría la autorización de sus padres para tomar una decisión que afectaría su vida y la de su pareja.

Una reforma innecesaria

La portavoz de la plataforma Decidir Nos Hace Libres, que agrupa a 400 organizaciones y entidades, Marisa Soleto, asegura que ha quedado claro que no era necesaria esta reforma, y que corresponde exclusivamente a criterios ideológicos y electorales. “Es evidente que se ha aprobado por encima de cualquier otro criterio, sin tener en consideración la opinión ciudadana”.

Añade que van a seguir trabajando desde la plataforma y pedirán que se cambie en cuanto se publique en el BOE. “Aunque sean muy pocas, va a haber mujeres que verán reducidos sus derechos fundamentales y tendremos que estudiar en qué circunstancias reales se encuentren a partir de entonces”. Aclara que no dudarán en hacer acciones de apoyo para estas las que se queden desamparadas por la ley.

Consecuencias para las desprotegidas

“No tienen salida. Unas serán madres en contra de su voluntad y otras tendrán un aborto clandestino sin atención médica"

El destino de estas mujeres para la doctora es evidente: “No tienen salida. Unas serán madres en contra de su voluntad y otras tendrán un aborto clandestino sin atención médica y con grandes riesgos para su salud, desgraciadamente”. En el caso de la joven gitana, añade: “Me imagino que habrá seguido adelante con el embarazo porque no tenía recursos para buscarse un juez, y si lo tuviese, se hubiese enterado su padre. Además, no tenía acceso a ningún medio de Internet como para buscarse la pastillita (se refiere a una de las múltiples pastillas que pudiera haber encontrado en el mercado virtual, como una que está indicada para la úlcera gástrica pero puede usarse para realizar un aborto ilegal, siendo esta práctica muy peligrosa) en el supuesto de que tenga un aborto clandestino”.

Otro ejemplo de los riesgos que esta reforma puede acarrear es precisamente ésa, que se busquen alternativas al aborto en Internet y fuera de los medios legales. García recuerda que en diciembre de 2013, el Gobierno del PP presentó una reforma de la ley que limitaba la interrupción del embarazo a los supuestos de violación o daño físico o psíquico para la mujer, la popularmente conocida como ‘Ley Gallardón’.

“Cuando se iba a aprobar la ‘Ley Gallardón’ todo el mundo entendió que iba a ser imposible abortar” aclara. Según ella, dos pacientes acudieron a su centro tras haberse planteado interrumpir el embarazo ellas mismas. “En ese momento vimos hasta qué estaban dispuestas a tomarse. Por fin pensaron que eran demasiados riesgos y acudieron al centro para informarse de si realmente era posible abortar o no”.

“Tanto las madres como los hijos no deseados tienen menos acceso al trabajo, menos nivel cultural, es una cadena”.

Por otro lado, la experta apunta a que hay estudios que demuestran que los hijos no deseados están condenados a un cierto grado de marginación social: “Tienen menos acceso al trabajo, menos nivel cultural, es una cadena”.

Uno de estos estudios que defiende esta idea es el de Nacidos no deseados, 35 años después: el Estudio de Praga, en el que se escogieron a 220 niños nacidos en República Checa entre los años 1961-1963 de madres a las que se les había negado dos veces el aborto del mismo embarazo no deseado. La conclusión principal que se sacó tras el análisis fue que “la denegación del aborto en casos de embarazo no deseado implica mayor riesgo de desarrollo psicosocial y bienestar mental negativos en la edad adulta”.

En España, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) realizó un estudio en 2013 sobre la Prevención del embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual en adolescentes en el que se demuestra tras “revisiones sistemáticas realizadas sobre las consecuencias del embarazo no deseado en la adolescencia” que existe un “riesgo de efectos adversos sobre la salud de los adolescentes y sus descendientes, así como repercusiones sociales, económicas y en educación”.

Alemania, "nuestra referencia"

En España, las mujeres de 16 y 17 años no estaban obligadas a pedir el consentimiento de sus padres en la mayoría de las operaciones quirúrgicas, con la excepción de 3 casos: los ensayos clínicos, la reproducción asistida y ahora con la reforma, también el aborto. En el resto de casos, con ir acompañadas de un tutor es suficiente, incluso si no éste no estuviese a favor.

“En la mayoría de los países a partir de los 16 años las mujeres pueden decidir”

“En la mayoría de los países a partir de los 16 años las mujeres pueden decidir” afirma García. “A nivel europeo, Alemania es nuestra referencia” añade. En el país germano, no está legislado que la mujer necesite el consentimiento de los padres y no hay un límite de edad para esta intervención. “En Francia sólo piden que vayan acompañadas de un adulto” agrega.

"Para cuidarlo, educarlo, alimentarlo, y en definitiva, ser madre, no se pide la autorización de los padres”.

Otra paradoja que se presenta con este cambio es que si una mujer tiene un hijo, la que se tiene que responsabilizar de él sería la madre, y para ello no es necesario pedir autorización. “Esto viene a demostrar una cuestión ideológica” denuncia la doctora. Según ella el parto "es una cuestión sanitaria más compleja que el aborto, por las consecuencias que tiene, que son mucho más importantes” refiriéndose así al hecho de tener que cuidarlo, criarlo, educarlo, alimentarlo, en definitiva, ser madre: “Para eso no se pide la autorización de los padres”.

La reforma legislativa, denuncian desde ACAI y la oposición, no protege a las que realmente lo necesitan porque las que pueden abortar ya están protegidas, lo único que hace esta reforma es desproteger a las que no tienen protección.