El movimiento vecinal de Catalunya ha anunciado este jueves su 'disposición' a personarse como acusación popular en la causa abierta contra el ex presidente de Catalunya Jordi Pujol por haber mantenido una fortuna oculta durante 34 años en el extranjero.

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona y la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya y otras organizaciones como el Observatori DESC han iniciado contactos con diversas 'entidades democráticas de la sociedad civil' para unir fuerzas con el fin de ejercer juntos la acción popular contra Jordi Pujol. El objetivo que persiguen es recuperar para la sociedad civil catalana la iniciativa de exigir responsabilidades a su ex president.

Entre las asociaciones a las que invitan a sumarse a la iniciativa de ejercer la acusación particular contra Jordi Pujol está el Consell de la Joventut y organizaciones sindicales, tales como UGT y CCOO, así como la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

Estas organizaciones consideran que el 'caso Pujol' pone de relieve unas relaciones institucionales atravesadas por 'cloacas', donde unos se corrompen y otros chantajean a costa de las aspiraciones y los derechos de Catalunya, según un comunicado difundido este jueves.

Descarta que la confesión de Pujol sea un acto personal y aislado, sino que representa un 'episodio de fin de época. La caída de Pujol es la de un actor fundamental del régimen heredado de la transición. Y, súbitamente, el escándalo proyecta una luz cruda sobre los entresijos de las últimas décadas de nuestra historia'.

Así, recuerdan recientes 'editoriales de la prensa conservadora madrileña' que  'amenazaban a Artur Mas con airear irregularidades y corruptelas', suyas y de su familia, si el presidente no se avenía a 'reconducir el proceso independentista''. Dichas supuestas corruptelas eran 'conocidas de la administración estatal'.

'Más allá de lo que haya de cierto o no, estas insinuaciones ponen de relieve una  gobernanza   mafiosa, en el que la corrupción de los unos - sabida y tolerada - facilita el chantaje y la extorsión por parte de los otros ... y todo contra las aspiraciones , la dignidad y los derechos del pueblo', enfatiza el comunicado.

Las organizaciones civiles califican de 'vergonzoso' y 'absolutamente intolerable' que alguien 'que se presentaba como una especie de 'padre de la patria' y que - todo el mundo recuerda el caso de Banca Catalana - se ha envuelto con la bandera cuando se cuestionaba su honradez reconozca ahora que ha defraudando sistemáticamente ante la hacienda pública'.

Este movimiento no cree razonable esperar la buena voluntad del propio Pujol para dar cumplidas explicaciones de este casi, y tampoco ven segura su comparecencia en el Parlament: está preocupado 'sobre todo en esconder los movimientos de sus cuentas bancarias en Andorra'. Por otro lado, tampoco puede esperar mucho del actual Gobierno español, 'atrincherado tras la ley que promulgó para amnistiar a los grandes defraudadores'.

Y, sin embargo, para la sociedad catalana, hay 'urgencia', destacan las organizaciones vecinales: 'Nos encontramos en un cruce de la historia. Cataluña quiere decidir su futuro. Pero, sea cual sea el camino que finalmente elija su pueblo, no será posible si no hacemos limpio de verdad, si no dejamos atrás el lastre de la corrupción, si no construimos un régimen transparente y participado por una ciudadanía consciente y activa' alejada de'prohombres salvadores'. 

A la interposición de una acción popular que representa a la sociedad civil catalana  se invitará a las organizaciones que apoyan la consulta del 9 de noviembre.'Queremos hacerlo entidades que indudablemente defendemos el derecho a decidir', señalan fuentes del movimiento vecinal, que destacan que, sea cual sea la decisión del pueblo catalán respecto a su futuro político, no habrá avance democrático posible sin que se esclarezca la verdad y sin dejar atrás el lastre de la corrupción.

'Lo hacemos entidades que indudablemente defendemos el derecho a decidir'La idea es recuperar el protagonismo civil en la causa judicial abierta contra Pujol, en lugar de que sea el sindicato ultraderechista Manos Limpias el que lidere la exigencia de responsabilidades a Pujol en los juzgados.

'Se esperaba una reacción de la sociedad civil catalana que se siente agredida', reconocen fuentes del movimiento vecinal, que añaden que 'lo ofensivo es que alguien que ha representado a los catalanes estuviera pillado de esta forma', teniendo en cuenta que se trata de uno de los principales actores del régimen heredado de la Transición.

El movimiento vecinal catalán planea presentar la querella a comienzos de septiembre, cuando se desencadene todo el calendario político de este otoño que culminará en la consulta soberanista del 9 de noviembre.

La idea es 'marcar territorio, porque no puede ser que este caso esté parasitado por una organización de ultraderecha'. De ahí la iniciativa de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya y de la FAVB.

La acusación popular puede ser ejercida por cualquier ciudadano en los asuntos penales que afecten a intereses colectivos. Esta figura forma parte del derecho público al libre acceso a los Juzgados y Tribunales y se ha mostrado relevante en causas abiertas sobre corrupción.

Manos Limpias ha presentado una querella contra Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, el 13 de agosto por el presunto cobro de comisiones ilegales durante su presidencia y por ocultar su fortuna en paraísos fiscales. En concreto, acusa a Pujol de siete delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y prevaricación. Y a Ferrusola de los delitos de complicidad y cooperación necesaria.

Para el movimiento vecinal catalán resultan también significativos los editoriales de la prensa derechista de Madrid que amenazaban con airear corruptelas si el president de la Generalitat, Artur Mas, no se mostraba dispuesto a dar una giro al proceso independentista.

La causa está abierta en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, donde recayó la denuncia inicial presentada en julio por el sindicato ‘ultra'. La jueza titular abrió diligencias previas, dio traslado a la Fiscalía y comunicó a Manos Limpias que, si quería seguir adelante, debía presentar una querella y pagar 6.000 euros de tasa.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la jueza de Barcelona que remita una comisión rogatoria a Andorra y Suiza para determinar las cuentas bancarias de la familia Pujol en dichos países. La Fiscalía también pide que se reclame a Hacienda las declaraciones complementarias y especiales del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio que hayan presentado Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus siete hijos: Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer.

Dos hijos de la familia Pujol están imputados en diversos tribunales por causas diversas. 

Jordi Pujol Ferrusola está imputado por la Audiencia Nacional, a raíz de la denuncia presentada por su expareja María Victoria Álvarez. El juez central de instrucción 5 Pablo Ruz tiene previsto interrogarlo el próximo 15 de septiembre por el supuesto movimiento de 32,4 millones de euros entre diversos paraísos fiscales.

Por su parte, Oriol Pujol Ferrusola, está imputado el caso de las ITV que instruye un juzgado de Barcelona, por tráfico de influencias y cohecho por supuestamente cobrar de una trama de empresarios que querían amañar el mapa de las ITV en Cataluña.

El expresidente catalán Jordi Pujol confesó en una carta difundida el pasado 25 de julio que durante 34 años habían mantenido una fortuna en el extranjero con dinero heredado presuntamente de su padre y que recientemente habían regularizado. Sin embargo, ni su hermana ni su cuñado sabían nada de dicha herencia que, aparentemente, sólo recayó en Pujol, su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos.