Este jueves, 4 de enero, diferentes organizaciones animalistas registrarán en el Congreso de los Diputados una iniciativa para derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia.

Los promotores denuncian que la actual norma a nivel estatal ignora las competencias autonómicas y municipales ya que, en la práctica, priva a los ayuntamientos y autonomías de regular sus propias manifestaciones del patrimonio cultural. Han querido registrar la ley al inicio de la nueva legislatura para intentar contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento y conseguir aprobarla con la mayor brevedad posible.

Caída de la popularidad

La comisión promotora explica que se han cumplido diez años desde que la tauromaquia fuera declarada patrimonio cultural, en 2013, y el número de corridas de toros no ha hecho más que disminuir. Las asociaciones animalistas se apoyan en datos del Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, que refleja una considerable disminución de este tipo de actividades: de 2.684 en 2009 a 1.425 en 2019.

Además, utilizan datos de una encuesta que el Ministerio de Cultura realizó a 16.000 personas entre 2018 y 2019. En ella se preguntó sobre los hábitos y prácticas culturales de la población española y, finalmente, resultó que gran parte mostraba un escaso interés por las celebraciones taurinas. Tan solo el 8% de los entrevistados había acudido a alguna y de los que sí asistieron a corridas de toros en una plaza, el 19,6% lo hizo gratis y el 5% con algún descuento.

Por otra parte, las últimas encuestas indican que más del 50% de los españoles están a favor de prohibir o limitar las corridas de toros, según un baremo de Sociométrica difundido por El Español en 2019. Además, casi ocho de cada diez personas se manifiestan en España contra la tauromaquia, según un estudio de la Fundación BBVA, en 2022. 

Los promotores aseguran que, tras la pandemia del covid-19, se produjo un leve repunte en el número de corridas de toros. Para explicarlo, indican que hubo un gran número de animales en las ganaderías a los que había que dar alguna salida barata, añadido a que se produjo una bajada en los salarios de las personas dedicadas a la tauromaquia.

Sin embargo, finalizado ya el 2023, las estadísticas indican que el número de celebraciones en las plazas de toros ha vuelto a disminuir y las diferentes organizaciones animalistas tendrán nueve meses para reunir 500.000 firmas a partir del momento en el que el Congreso admita a trámite su proyecto de ley.

La ley actual

La ley 18/2013, de 12 de noviembre, establece que los espectáculos taurinos (y las actividades relacionadas) son patrimonio cultural a nivel estatal. De esta forma, la tauromaquia está blindada y es una obligación procurar su protección.

Tanto es así que la nueva ley de bienestar animal, en vigor desde 2023, protege a los animales del maltrato y prohíbe, por ejemplo, los circos con los mismos. Sin embargo, los toros no se ven afectados, ya que la tauromaquia queda protegida por la ley de patrimonio cultural.

Ahora, las asociaciones animalistas buscan que esto cambie y señalan que la norma estatal dificulta la regulación propia de las autonomías.