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El juez Llarena deja en libertad provisional a Ponsatí tras ser detenida por los Mossos en su retorno a Barcelona

Tras la decisión del magistrado, la eurodiputada de Junts se ha dirigido a primera hora de la mañana al aeropuerto de El Prat para tomar un vuelo y asistir a un pleno del Parlamento europeo que se celebra este miércoles en Bruselas.

Clara Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017, es detenida por un mosso d'esquadra en la plaza de la Catedral de Barcelona.
Clara Ponsatí, exconsellera del Govern de Puigdemont, es detenida por un mosso d'esquadra en la plaza de la Catedral de Barcelona. Quique Garcia / EFE

El juez Pablo Llarena ha dejado en libertad provisional a la exconsellera Clara Ponsatí, detenida este martes a las 18.07 en la plaza de la Catedral de Barcelona, por su orden de detención por presunta desobediencia el 1-O y la ha citado a declarar el próximo 24 de abril. 

Tras pasar a disposición judicial, Ponsatí ha salido de la Ciutat de la Justicia a las 22.49 horas. La exconsellera Clara Ponsatí –que cruzó en la tarde del martes la frontera de Francia en coche tras cinco años en el extranjero y se presentó en Barcelona por sorpresa– se ha dirigido a primera hora de la mañana de este miércoles al aeropuerto de El Prat para tomar un vuelo y asistir a un pleno del Parlamento europeo que se celebra en Bruselas. 

La eurodiputada ha pasado los controles de seguridad del aeropuerto poco después de las 06.00 horas para acudir a la zona de embarque y tomar un avión. No obstante, Ponsatí deberá hacer escala en algún aeropuerto europeo para llegar a Bruselas, ya que a esta hora de la mañana no hay vuelos directos a la capital belga, según recoge la agencia EFE.

Actualmente, Ponsatí tiene una orden de detención en vigor por el delito de desobediencia, que no implica penas de prisión. "La orden de detención de Llarena es ilegal porque tengo inmunidad como europarlamentaria y si la ejecuta deberá atenderse a las consecuencias", ha afirmado, contundente, en la tarde del martes. Apenas una hora después sería detenida por los Mossos en la plaza de la Catedral.

Había afirmado que no comparecería de forma voluntaria

Ponsatí, que ha estado en el exilio entre Bélgica y Escocia, ha reconocido que ha vuelto después de que con la reforma del Código Penal se suprimiera el delito de sedición. Ahora, acusada sólo del delito de desobediencia por la organización del referendo, no se enfrenta a penas de prisión. Sin embargo, había anunciado que no comparecerá ante el Supremo, al menos voluntariamente, y por eso se exponía a ser detenida.

"No he venido a hacer ningún pacto con el Estado sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos", señaló. Ponsatí ha denunciado también la "pasividad" de las instituciones catalanas y la "necesidad" de que la Unión Europea "deje de mirar hacia otro lado".

Por este motivo ha anunciado la puesta en marcha de un portal, estatdedret.cat, que quiere ser un "inventario de la persecución nacional" con más de un millar de entradas sobre la vulneración de derechos en Catalunya en los últimos 20 años.

Inmunidad como eurodiputada

La exconsellera de Educació es actualmente eurodiputada por Junts y tiene inmunidad parlamentaria después de que le fuera devuelta de forma cautelar por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, con una orden de detención en vigor, se contemplaba que podría ser arrestada para ir a declarar ante el juez Pablo Llarena, algo que ya había anunciado que no haría de forma voluntaria: "Vengo a plantar cara". Ponsatí había reconocido que la detención "podría ocurrir" pero estaba a la expectativa.

Ponsatí había reconocido que la detención "podría ocurrir"

La exconsellera ya había adelantado en enero que volvería pronto y que no pensaba comparecer ante el Supremo. Ponsatí está solo acusada de desobediencia, a diferencia de los otros exmiembros del Govern en el exilio, el expresident Carles Puigdemont, el eurodiputado Toni Comín y el exconseller Lluís Puig, que se enfrentan a un delito de malversación.

Tras la reforma del Código Penal, Llarena rechazó procesarla por el momento por el nuevo tipo agravado de desórdenes públicos, como querían la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

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