El Gobierno de Susana Díaz está abriendo oficinas de la Memoria en las ocho provincias andaluzas. Se trata de departamentos de coordinación territorial con la Dirección General de Memoria Histórica, dependiente de la Consejería de Presidencia, cuyo cometido es ofrecer ayuda, información y colaboración a los ayuntamientos y asociaciones memorialistas en las ocho provincias. Por ejemplo, para iniciar procesos de exhumación en caso de que tengan localizada y documentada una fosa común en su zona; para contabilizar y denunciar los símbolos y vestigios del franquismo en el callejero o espacios públicos (prohibidos según la ley) o para saber cómo actuar para prevenir actos de homenaje fascista como el que hace unos días tuvo lugar en el cementerio de Lucena (Córdoba) junto a la fosa común que se estaba exhumando.

Las oficinas de Memoria Histórica estarán ubicadas en las ocho delegaciones territoriales de la Junta y contarán con personal funcionario que ya forma parte de su plantilla, de modo que no supondrán un gasto añadido. En las últimas semanas la Dirección General de Memoria, que pilota Javier Giráldez, ha seleccionado, formado y preparado a los ocho funcionarios que van a integrar su equipo en las provincias. Estos se han desplazado a Sevilla para recibir cursos de formación para conocer al dedillo la Ley andaluza de Memoria Democrática, aprobada el pasado mes de marzo, además de otra legislación jurídica que está por encima de dicha norma o que puede colisionar con ella, como el Código Penal o la propia Constitución.

Estos ocho responsables provinciales de Memoria Histórica van a servir de enlace directo a los colectivos memorialistas y a los alcaldes, cuyas dudas desde la reciente implantación de la norma son muchas y complejas. La ley reserva a los ayuntamientos una función esencial en cuanto a la recuperación de la Memoria y reparación de las víctimas, por ejemplo, la localización y denuncia de los símbolos, nombres de calles o cualquier otro vestigio del franquismo que quede en sus municipios. La normativa les da un plazo de 18 meses, desde su entrada en vigor, para que retiren de los espacios públicos todo elemento que recuerdo o exaltación del fascismo y la Dictadura, y se exponen a ser sancionados económicamente si no lo hacen. La ley incluso restringe las subvenciones a los ayuntamientos que ignoren o vulneren lo dispuesto en la norma.

Las oficinas también van a representar un importante centro de información para todas las personas o colectivos memorialistas que quieran iniciar los trámites para buscar y recuperar los restos de algún familiar represaliado y asesinado durante el franquismo, y cuyos restos pueden encontrarse en una fosa común aún sin determinar. Las familias de las víctimas pueden aportar datos personales a las oficinas de Memoria que ayuden a su localización.

La Ley de Memoria Histórica de Andalucía lleva siete meses en vigor y la Junta parece haber acelerado su desarrollo, dando prioridad a las oficinas provinciales y al llamado Consejo de la Memoria, un comité de sabios cuyo cometido es crear el primer informe de testimonios sobre la represión franquista en Andalucía. El Consejo será un órgano colegiado consultivo y de participación de entidades memorialistas, integrado por 16 profesionales, y entre sus atribuciones está impulsar “un grupo de trabajo o comisión independiente con el fin de recopilar testimonios y documentos para establecer un informe sobre las violaciones de los Derechos Humanos cometidas desde la Guerra Civil, durante el franquismo, y hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

El futuro órgano consultivo, adscrito a la Consejería de Presidencia, hará las veces de una Comisión de la Verdad, una entidad que reclamó Podemos a cambio de apoyar una Ley de Memoria que ya había sido consensuada y redactada por PSOE e IU en la anterior legislatura. No será una Comisión de Verdad al uso, con las funciones ejecutivas que tiene, por ejemplo, en Argentina, puesto que la Junta carece de competencias para ello. Sin embargo, en el plazo de 18 meses desde su creación, el Consejo de Memoria deberá tener listo el primer archivo de testimonios y víctimas del fascismo en Andalucía.

Este documento será fundamental en el futuro, si finalmente el Gobierno central decide crear una Comisión de la Verdad que revise aquel periodo de represión (la ley andaluza alarga ese plazo de revisión desde la Guerra Civil hasta el inicio del periodo autonómico). El informe resultante será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación, y posteriormente se elevará al Defensor del Pueblo (andaluz y estatal) y a las Cortes Generales.

Los Presupuestos Autonómicos de Andalucía para 2018 registran un incremento de 145,2% en la partida para exhumaciones, localización de fosas e identificación genética. En este momento, la Dirección General de Memoria interviene en las fosas de San Fernando (Cádiz), Lucena (Córdoba), Nerva (Huelva), Álora, Cártama y Villanueva de la Concepción (Málaga) y El Coronil (Sevilla). Desde el inicio de la legislatura se han desarrollado 40 intervenciones directas en fosas, lo que ha permitido la recuperación de al menos 345 cuerpos. El Gobierno andaluz presentará antes de que finalice al año el Anuario de Fosas 2016-2017.