Memoria PúblicaLa pasividad de la Xunta de Feijóo alienta a los Franco a seguir incumpliendo la ley en Meirás

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, declaró hace dos domingos que no consideraba la posibilidad de expropiar a los Franco el Pazo de Meirás porque hacerlo sería utilizar “un mecanismo franquista”. Parece una contradicción, pero lo cierto es que el jefe del Ejecutivo gallego se mueve a gusto en ese pantanoso territorio de la ambigüedad con la dictadura: frases altisonantes que aparentan dureza en las entrevistas y en las ruedas de prensa, pero que esconden una sorprendente pasividad política, cuando no burdas mentiras, cuando se trata de tomar medidas efectivas para evitar que los herederos del dictador sigan disfrutando de un millonario patrimonio histórico y cultural expoliado durante casi cuarenta años de tiranía, y utilizándolo como símbolo del poder que aún ostentan.

El Pazo de Meirás, las esculturas de la catedral de Santiago, la Casa Cornide de A Coruña... Son sólo tres ejemplos de la impunidad que sigue rodeando a la familia Franco, gracias a la cual ha podido preservar inmuebles, terrenos, obras de arte y objetos de valor obtenidos mediante expropiaciones forzosas, robo, coacciones y violencia.

El pasado domingo Feijóo comparó una hipotética expropiación de Meirás con la fórmula que permitió al dictador hacerse gratis con su propiedad: “Yo creo que los gallegos no estamos por la labor de pagar dos veces el pazo de Meirás. Lo pagamos en el año 38 cuando lo donamos a la familia”. Las palabras que empleó el presidente gallego – “donación”, “lo pagamos los gallegos”- no son gratuitas, y suscriben la tesis que defiende la Fundación Nacional Francisco Franco. Es decir, que la compra del pazo a sus propietarios –los herederos de su primera dueña, la aristócrata e intelectual Emilia Pardo Bazán- fue legítima, y que el dinero se obtuvo mediante una cuestación voluntaria que permitió costear tal donación. No fue así. El palacete se compró con dinero obtenido mediante cuestaciones bajo amenaza realizadas casa por casa en plena Guerra Civil, aportaciones obligatorias con cargo a los presupuestos municipales de ayuntamientos de toda la provincia de A Coruña y con descuentos obligatorios en los salarios de funcionarios y empleados de empresas públicas. Sin contar con que los gastos de sus reformas y mantenimiento corrieron durante lustros a cargo de instituciones públicas como la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña.

“Franco murió, pero el franquismo sigue vivo”

Feijóo mantuvo esa misma tesis hace unos días el Parlamento de Galicia, cuando propuso crear una comisión de expertos que investigue si en la donación del pazo hubo “vicios ocultos” que permitan exigir su devolución. Es decir, defectos legales de forma, pero sin entrar a valorar el argumento de fondo de la cuestión: que el dictador que accedió al poder mediante un golpe de Estado y una cruenta guerra obtuvo la propiedad de un bien inmueble expoliado, cuya superficie fue ampliando mediante expropiaciones de tierras de familias de la zona. “Franco murió, pero el franquismo sigue vivo”, afirmó aquel día la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

El Gobierno de Feijóo se mueve desde hace años en esa calculada ambigüedad dialéctica, que por un lado le permite aparentar una encendida defensa de la democracia cuando, en el práctica, su inacción beneficia a quienes la violentaron. De hecho, el presidente gallego presume de que el pazo se abrió al público durante su mandato, e incluso se ha permitido criticar a la izquierda por no haberlo hecho cuando estuvo al frente de la Xunta.

Lo cierto es que fue el Gobierno bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009) el que declaró del pazo como Bien de Interés Cultural y el que estableció el pertinente régimen de visitas públicas. Los Franco recurrieron esa decisión, que no pudo ser legalmente ejecutada hasta que en el año 2010 el Tribunal Supremo rechazó la última reclamación de los herederos del dictador. Meirás abrió sus puertas en marzo del 2011, cuando Feijóo ya llevaba casi dos años en su cargo.

Verdad a medias

Desde entonces, la Xunta y el Ayuntamiento de Sada han recibido decenas de denuncias por incumplimiento del régimen de visitas. Y aunque Feijóo se jacta en público de que utiliza todos los mecanismos de los que dispone para obligar a los Franco a cumplir la ley, se trata de otra verdad a medias. El año pasado, el Ejecutivo gallego cerró sin sanción alguna un expediente informativo por una denuncia municipal dando por bueno el argumento de la familia, que alegó que el cupo de visitas estaba completo. La verdad es que cerraron el pazo durante su estancia vacacional en él.

Pese a la reincidencia, y ante una nueva denuncia por desactivar el teléfono de reservas, este mismo año la Consellería de Cultura ha resuelto el expediente sancionador con una multa intermedia: 4.500 euros, cuando la legislación contempla cuantías de hasta 6.000.

Otro ejemplo de pasividad es la falta de respuesta ante el anuncio de la Fundación Francisco Franco, a quien la familia encargó este invierno la gestión de las visitas, de que las utilizará para defender de la figura del dictador y de su legado. Pese a que ese anuncio se hizo a través de un comunicado público y de que los portavoces de la FNFF no se cansaron de reiterarlo, la Xunta se ha limitado a anunciar –eso sí, con apariencia de firmeza- que sólo la llevará a los tribunales cuando tenga constancia de casos probados de apología del franquismo.

Al menos la FNFF no engaña a nadie. Su objeto social es, precisamente, la apología del franquismo. Pero la Xunta no movió un dedo para evitar que se hiciera con el control de la promoción pública del pazo. Y eso que se enteró antes que nadie de que iba a gestionar las visitas. El propio Feijóo lo reconoció este verano, cuando admitió contactos con la Fundación después de que sus responsables ofrecieran al Gobierno autonómico un acuerdo de colaboración para costearlas.

No hubo tal acuerdo. Pero de momento será imposible constatar si la FNFF hace apología del franquismo en Meirás porque los Franco siguen campando a sus anchas. Hace unas semanas anunciaron que las visitas quedaban suspendidas “por motivos de seguridad”, después de que una decena de personas saltaran el muro que rodea el inmueble para concentrarse en sus jardines y colgara en una de sus torres una pancarta que revindicaba su devolución al pueblo. ¿Por cuánto tiempo permanecerá cerrado? La Xunta, que acaba de abrir un nuevo expediente, no lo sabe, pero los Franco sí. El “Hasta nuevo aviso” del cartel de metacrilato atornillado con pernos a la entrada del pazo da la sensación de que va para largo.

El PP se abstuvo en ambas mociones

Mientras tanto, el PP y la Xunta sigue manejándose con comodidad en el terreno de las declaraciones, dejando en manos de los franquistas la resolución de problemas cuya solución, según los partidos de la oposición y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, debería instarse desde las instituciones. “La Fundación Franco es un anacronismo histórico y lo mejor que podría hacer es disolverse”, dice el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado. Los Franco deben hacer “un gesto de humildad”, pide el portavoz popular en la Diputación de A Coruña, Agustín Hernández. Que Meirás debe pasar al patrimonio público es algo “lógico” y de ello “debería darse cuenta la familia Franco”, sostiene el portavoz popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy. Y Feijóo apostilla: si los Franco no quieren cumplir el régimen de visitas al pazo, “lo tienen fácil: que lo devuelvan”.

Sentencias que parecen firmes, sí. Pero los hechos traicionan una y otra vez a las palabras. El pasado jueves, el pleno de la Diputación de A Coruña aprobó una resolución en la que insta a la Xunta a impedir que en Meirás se haga a apología del franquismo, y otra en la que se pide al Gobierno gallego que se integre en la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás, una organización que integra a la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, a la institución provincial, a la Universidad de A Coruña, a ayuntamientos, formaciones políticas y asociaciones sociales y culturales, y que tiene por objetivo trabajar para restituir la propiedad pública del inmueble. El PP se abstuvo en ambas mociones.