La Tortera, la Bigotúa o la Mercedillas fueron algunas de las mujeres gitanas represaliadas por el régimen franquista durante la guerra civil y la posterior dictadura. Eusebio Rodríguez Padilla, investigador que acaba de publicar el libro Mujeres gitanas represaliadas (1936-1950), ha querido ahondar en este capítulo silenciado, inédito en la historiografía reciente: "Estas mujeres fueron segregadas por su etnia y porque entraban en confrontación con las normas dadas desde la Jefatura del Gobierno del control absoluto de todos los españoles, lo que chocaba con sus vidas en contaste movimiento".

El régimen intentó anularlas prohibiendo la venta ambulante —de la que vivían—, segregándolas por su raza, impidiéndoles entrar en algunas localidades y sometiéndolas a una fuerte acoso por parte de la Guardia Civil.

En muchos casos les atribuían hurtos y otros delitos por el simple hecho de ser mujeres gitanas. Aunque, como aclara Rodríguez Padilla, también "sufrieron las vejaciones inherentes a toda mujer republicana al final de la guerra: prisión,  rapados, escarnios públicos y demás lindezas" que se aplicaron a las mujeres "derrotadas".

Hacía falta solo una denuncia de alguna autoridad adepta al régimen o vecino de alguna localidad para que inmediatamente fueran detenidas y en muchos casos apaleadas por el estigma de ser gitanas. Eran acusadas de todo lo que hubiese ocurrido desde su llegada a un lugar. "El miedo, al igual que al resto de la población no afín a la dictadura franquista se infundía con la prisión y los castigos corporales por medio de las fuerzas represivas del régimen", aclara el investigador quien ha reunido un amplio número de casos en su libro.

Rodríguez Padilla hace un retrato conjunto de todas ellas. Nunca fueron tratadas como presas políticas sino como delincuentes comunes cuando en realidad eran cuidadoras de sus hijos y sus amplias familias, trabajadoras a tiempo parcial en cualquier actividad que les pudiera reportar un beneficio económico y analfabetas en su gran mayoría.

No es posible cuantificar el número de mujeres represaliadas. "En cuanto a la cantidad de gitanas represaliadas en la totalidad de España faltan estudios rigurosos y sobre todo exhaustivos. Hay que tener en cuenta que este trabajo de investigación es una rara avis en la historiografía española", aclara el investigador Rodríguez Padilla.

Encarnación Montoya Moreno fue una de aquellas víctimas. Conocida en Baza (Granada) como La Tortera, una riña vecinal con derechistas la llevó a una condena de ocho años de prisión, de los que cumplió finalmente tres.

El 18 de julio de 1939 esta mujer fue denunciada por Antonio Fores Carnicer y su señora, dos vecinos payos adeptos al nuevo régimen. En la denuncia constaba que su convecina Encarnación Montoya Moreno, saqueó su casa en unión de varias mujeres. La Tortera ingresaba pocas horas después en la prisión provincial de Granada por este incidente y una supuesta agresión "durante el dominio rojo". No saldría hasta 1941. En el informe militar se declara que Encarnación poseía "instintos criminales".

Rodríguez Padilla destaca a Público: "Esta mujer fue condenada, no por un delito, sino por haber padecido una dependencia al alcohol, una enfermedad, lo que hacía que su comportamiento fuese irregular".

Trinidad Bustamante Carmona La Bigotúa y María Fernández Santiago Mercedillas fueron acusadas de falso testimonio por una menor de tan solo once de años de edad que denunció la supuesta ayuda que estas mujeres prestaron a varios milicianos escondidos en Granada. Rodríguez Padilla apunta: "En muchos momentos se recurrió al testimonio, fácilmente manipulable de un menor, para llevar a cabo la acusación pretendida contra unas determinadas personas en una localidad".

El caso ocurrió en Deifontes (Granada), al poco tiempo de acabar la guerra, donde se utilizó a la menor Trinidad Merino Recio para ejercer la acusación contra La Bigotúa y Mercedillas. Fueron detenidas el 28 de julio de 1939 e ingresadas en la prisión provincial de Granada.

Una existencia "sin proyección de futuro"

La etnia gitana se incorporó para mayor humillación a la ley de vagos y maleantes. "En su gran mayoría los acusados no se integraban en la vida laboral y mantenían trabajos como el de tratante de animales, trabajos con el hierro y, sobre todo, se dedicaban a exhibir su arte en los lugares donde llegaban en grupos más o menos grandes", lo que incomodaba a las autoridades que querían tener controlados todos los movimientos de los ciudadanos, añade Rodríguez Padilla.

En la documentación oficial encontrada sobre mujeres gitanas en consejos de guerra el término mayoritario las define por "sus labores", pero la mujer gitana, además de cuidar a su extensa prole, tenía que ejercer otras ocupaciones con las que contribuía al sostenimiento diario de su casa o cueva, e incluso carreta, ingresos que complementaban los de su marío, la mayoría de la veces escasos.

El régimen las etiquetaba como canasteras, lavanderas, cocineras, limpiadoras, carniceras, vendedoras de telas ambulantes. A veces tenían que caminar durante todo el día por los cortijos para conseguir hacer una venta. En otras ocasiones cuando la situación lo requería pedían limosna, espigaban, segaban y recogían el fruto de los olivos. "Era una existencia del día a día, sin proyección de futuro, porque no lo había, caracterizada por la obtención de unos paupérrimos beneficios que los mantenían en la penuria económica", para su supervivencia.

Dos formas de represión

Las gitanas fueron reprimidas por procedimientos judiciales y por la actitud represiva del franquismo en cuanto a su vestuario, forma de vida, lengua y tradiciones, como era el caso de los matrimonios de estas mujeres, que fueron anulados en su mayoría.

La represión empezaba a través de los consejos de guerra y procedimientos Sumarísimos de Urgencia, lo que representaba una grave amenaza para todo aquel que no hubiera demostrado su filiación derechista. "En el mundo gitano la filiación política era una rareza y mucho más si nos referimos al segmento social de las mujeres de esta etnia, por varias razones, pero las más importantes eran la falta de acceso a la enseñanza y en la predominante forma de vida nómada, que le impedía, de forma general, el acceso a la cultura", aclara a Público el investigador.

Sentencias para mujeres sin recursos

La miseria en la que vivían muchas de estas mujeres las impulsaba a dedicarse a la venta ambulante. El estraperlo suponía la posibilidad de asegurar la supervivencia de su prole, pero a costa de grandes esfuerzos y sacrificios.

El Decreto del 26 de octubre de 1939 y publicado en el BOE el 3 de noviembre del mismo año, determinaba "la ilegalidad del transporte sin guía y venta de productos a precios superiores al de tasa". No eran pocas las mujeres gitanas que asumían el riesgo y transitaban por los caminos escondidos para transportar el sobrante de producción de un lugar para venderlo donde se carecía de ello y aumentar así el precio.

Es el caso de María González Campos, La Faruta, nacida en 1873, viuda, vendedora de verdura y natural de Montefrío, quien fue acusada por el alcalde de esta localidad de Granada, de vender chocolate a 34 pesetas la libra que según fue comprobado costaba entre 4 y 5 pesetas en la tasa normal.

A pesar de la falta de recursos evidentes de esta mujer, un tribunal militar juzgó su caso en Consejo de Guerra el 18 de agosto de 1941, plena posguerra española. La Faruta fue detenida el 29 de octubre de 1943 y no sería puesta en libertad hasta el 30 de diciembre del mismo año. Tres meses de cárcel y una multa que no le permitió continuar con este negocio de supervivencia al que estaban prácticamente obligadas.