El 9-M se acerca y la Fiscalía está dispuesta a impedir a toda costa que el PCTV consiga concurrir a las elecciones. Para ello, la demanda presentada ayer no sólo solicita la ilegalización del PCTV y su disolución, sino que, consciente de que cuando se procedió contra Batasuna todo el proceso tardó casi siete meses, pide a la Sala Especial del Tribunal Supremo que adopte cinco medidas cautelares.

Entre ellas, “la supensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales”. Una medida que pide, además, se tome con extrema celeridad, para lo cual solicita por “razones de urgencia” que se adopte “sin el trámite de la audiencia previa a la parte demandada”.

Antes del 11 de febrero

No es la única. La Fiscalía también solicita “la suspensión de toda clase de actividades como partido político” y que dicha decisión se anote en el Registro de Partidos Políticos “a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del 11 de febrero próximo, fecha en que habrán de ser proclamadas las candidaturas que concurran al proceso electoral actualmente iniciado, para así asegurar la plena efectivad” de la misma.

Además, pide “el cierre cuatelar de su sede social y demás instalaciones”, “el embargo de los ingresos que por subvenciones” pueda recibir de la Administración, y el “de las cuentas corrientes, depósitos y demás activos financieros que figuren a nombre del partido” o hayan sido abiertas por representantes o apoderados de la formación.