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Marchena y Lesmes se habrían quedado fuera del Supremo con los requisitos que exige ahora el PP

La batería de medidas en materia de Justicia que propone el PP a cambio de negociar la renovación del CGPJ incluye el aumento en 10 años en la antigüedad en la carrera judicial para acceder al Tribunal Supremo, pasando a 25 años, y apunta hacia la supresión de la figura del magistrado autonómico. 

El tribunal del judici del procés, amb Manuel Marchena al mig, el 18 de desembre de 2018
Manuel Marchena (en el centro), presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, durante el enjuiciamiento de los presos del 'procés', en diciembre de 2018.  Pool Efe / ACN

Tras un brevísimo encuentro este lunes, el PP y el Gobierno han roto de nuevo la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018. La proposición de ley, con 11 medidas, que propone el Partido Popular para "despolitizar" la Justicia ha caído en saco en roto ya que el Gobierno no admite la exigencia sine qua non de derogar la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones

El Gobierno ha calificado la propuesta del PP como una nueva "excusa" para no sentarse a negociar la renovación del CGPJ. Pero qué propone el Partido Popular para "reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España", según su documento. Entre otras cosas, pide aumentar la mayoría de dos tercios a tres quintos en el CGPJ para todo tipo de nombramientos en la cúpula judicial; y propone aumentar también los años de experiencia en la carrera judicial para optar a un puesto en el Tribunal Supremo. 

Esta última medida ha sorprendido a varios jueces consultados por este diario, puesto que el aumento de tiempo en la carrera judicial es notable, pasaría de los 15 años actuales a los 25. 

La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, considera que esta propuesta está orientada a que al Supremo lleguen los más preparados, los de más longeva trayectoria. "Lo crucial es que la propuesta incluye que no se compute el tiempo que el juez pasa en Servicios Especiales, porque no es experiencia judicial. Es decir, que sean 25 años de experiencia efectiva", dice Del Barco. 

Ni Lesmes ni Marchena

De esta manera, siguiendo el planteamiento que ahora hace el PP, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, no podría haber accedido al Alto Tribunal en 2010 como magistrado de la Sala III, pues entonces contaba con 17 años de experiencia en la carrera judicial al tener que descontarle los nueve años que pasó en Servicios Especiales como cargo público del gobierno de José María Aznar

Lesmes, que ingresó en la carrera judicial en 1984, fue nombrado director general de Objeción de Conciencia, cargo adscrito al Ministerio de Justicia, en 1996. Tras cuatro años en el cargo, fue designado director general de Relaciones con la Administración de Justicia hasta 2005, cuando el PSOE ganó las elecciones. Entonces Carlos Lesmes se reintegró en la Audiencia Nacional, llegando al Supremo cinco años después. 

Otro caso destacado de un magistrado que no podría haber llegado al Tribunal Supremo cuando llegó por no tener los 25 años de experiencia en la carrera judicial es Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Supremo. Fue designado por el CGPJ para el Alto Tribunal en 2007 cuando acumulaba 22 años de trayectoria. Fue el magistrado más joven en acceder a una plaza en el Supremo. 

Para el portavoz de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achutegui, la exigencia de 25 años de experiencia no estaría fundamentada: "La antigüedad de 15 años es suficiente y, hasta la fecha, no ha generado ninguna suspicacia ni polémica". 

Para Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, es "muy positivo" que por fin se impida computar como trayectoria judicial los periodos de servicios especiales, "por ejemplo, el caso del exministro de Justicia Miguel Ángel Campo, que durante el tiempo que ha estado en política ha seguido sumando años y méritos en la carrera judicial", opina Portillo.

JJpD considera que las exigencias del PP en materia de Justicia carecen de "cualquier credibilidad".  "Las razones que ha aducido el PP para negarse a la renovación pasan por decir que no podía participar en la negociación Podemos; que jueces que condenaron por corrupción al Partido Popular no podían ser propuestos vocales; que no cabía indultar a los condenados por el 'procés'; que había que cambiar el sistema de elección para que los vocales del CGPJ fueron designados por jueces; que había que firmar un pacto de regeneración...", sostiene Rodríguez Achutegui.

Puertas giratorias

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) considera que la propuesta del PP es algo "tibia", aunque reconoce que recoge la mayoría de sus reivindicaciones. "Hacemos una valoración favorable de esta propuesta en el sentido de que pone el foco en el objetivación de los nombramientos discrecionales, en la motivación, para huir de la politización", dice su portavoz, Jorge Fernández Vaquero.

Sin embargo, esta asociación considera que el PP se ha quedado corto en la regulación que propone para las puertas giratorias en la judicatura, ya que indica que "los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general,
no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos". "Dos años nos parece poco", dice el portavoz de la AJFV.

En lo que están de acuerdo las cuatro asociaciones judiciales es en la necesidad de suprimir la figura de magistrado autonómico, como apunta la propuesta del PP, aunque no menciona la palabra supresión, sino que dice que la terna de magistrados formuladas por los parlamentos autonómicos para los TSJ dejará de ser vinculante para el CGPJ. 

"Propuesta maquillada"

"Se da el primer paso para eliminar la potestad del poder político para nombrar jueces, según la cuota autonómica, que luego tienen que juzgar a esos políticos aforados", explica Fernando Portillo, juez decano de Melilla, que tilda la propuesta del PP de "maquillada" porque "no aborda explícitamente que seamos los jueces los que elijamos a los vocales de origen judicial del CGPJ". 

Además, según este juez, el PP "no aclara si hay que reanudar el procedimiento de renovación del CGPJ aparcado hace tres años, cuando finalizaba su mandato, o hay que emprender un procedimiento nuevo, desde el principio".

En la lista de jueces y juezas y juristas que se presentaban como vocales del CGPJ "estaba José Ricardo de Prada que se presentaba por el turno de jurista de reconocido prestigio y ahora es magistrado de la Audiencia Nacional y tendría que ir por el turno judicial, pero que no tiene los avales necesarios para ello", argumenta el presidente de Foro Judicial Independiente, que aboga por empezar un procedimiento nuevo para la renovación del CGPJ.

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