El Gobierno de Susana Díaz hace suya una iniciativa de Podemos para exigir a la Cámara Baja la devolución de las actas del asesinato de Manuel José García Caparrós, joven sindicalista malagueño asesinado durante la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre del 77. El Consejo de Gobierno va a cursar este martes esa petición haciendo uso, por primera vez, de un artículo de la nueva Ley andaluza de Memoria Histórica que regula la “recuperación del patrimonio documental incautado durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Asimismo, las hermanas de García Caparrós, que participaron el pasado 10 de agosto en el acto de homenaje al Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, con motivo del 81 aniversario de su fusilamiento, volvieron a reclamar públicamente las actas de dicha comisión, una reclamación que también fue asumida por la Fundación Blas Infante.

La nueva normativa andaluza da potestad a la Junta para “emprender en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía”. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha advertido por escrito a la Junta de Andalucía de sus “discrepancias” respecto a este apartado de la norma andaluza, y ha amagado con interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma si no se corrigen los aspectos más conflictivos.

El Ejecutivo central cree que la Ley andaluza de Memoria se excede en sus competencias y ha convocado la comisión bilateral Gobierno-Junta para, en el plazo de nueve meses, tratar de consensuar un texto nuevo de este artículo que evite en el último momento la presentación del recurso judicial que bloquearía la norma andaluza. El problema es que ese órgano de resolución de conflictos entre administraciones abordará la reescritura de una ley que fue aprobada en el Parlamento andaluz hace sólo cinco meses sin ningún voto en contra.

Otros acuerdos

Entre otros de los asuntos que aprobará este martes el Consejo de Gobierno se encuentran el acuerdo por que el que se resuelve el procedimiento sancionador instruido a Unicaja Banco como responsable de infracción administrativa en materia de consumo; y el proyecto de decreto por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga.

Junto a ello, se aprobará la propuesta de acuerdo por la que se autorizan y fijan las cuantías de los precios públicos por los servicios que preste la Consejería de Turismo y Deporte en las instalaciones del Complejo Deportivo de la Juventud y del Centro de Actividades Náuticas de Almería.

Asimismo, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, presentará varios informes, uno sobre la convocatoria de redes inteligentes de la Orden de Incentivos Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía; y otro sobre las bases reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la modernización y aumento de la competitividad de las pymes comerciales.