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Mañueco y Vox dejan durante meses sin ayudas de alquiler a 21.000 familias en Castilla y León por desafiar al Gobierno

La resolución y notificación del procedimiento tenía que haberse hecho en enero, pero el bloqueo provocado por las elecciones y los pactos de la ultraderecha han originado que pasen diez meses para comenzar a abonar las subvenciones.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo y el presidente Alfonso Fernández Mañueco, tras la toma de posesión del Gobierno de la XI Legislatura de las Cortes de Castilla y León.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo y el presidente Alfonso Fernández Mañueco, tras la toma de posesión del Gobierno de la XI Legislatura de las Cortes de Castilla y León. Claudia Alba / Europa Press

Los ciudadanos de Castilla y León siguen aguardando las ayudas al alquiler de la Junta que corresponden al año 2021. De hecho, en esta ocasión son más de 21.500 familias (1.500 más que el año anterior) las que continúan esperando la resolución de sus solicitudes, realizadas del 2 de julio al 2 de agosto del pasado año y cuyo plazo máximo para finalizar el procedimiento era de seis meses (en enero de este año).

Ya han pasado nueve meses desde entonces y queda al menos un mes más por la obligatoria apertura de ese plazo para justificar los pagos bancarios. Solo tras su revisión se iniciarán los abonos a los solicitantes: nada menos que diez meses después de pedirlo.

Y es que por fin este 3 de mayo, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el popular Juan Carlos Suárez-Quiñones, informará sobre la resolución de la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda 2021, acompañado por los representantes sindicales y empresariales del Diálogo Social.

En su día, el Gobierno regional anunció que las ayudas se pagarían en febrero, pero lo cierto es que la convocatoria de elecciones de Mañueco y el bloqueo de la ultraderecha para constituir el Gobierno han retrasado el pago de este servicio tan esperado por las familias castellanas y leonesas.

Denuncia de los jóvenes de la comunidad

De hecho, ya este pasado mes de abril, Jóvenes de IU en Castilla y León denunciaron que no se había abierto la convocatoria de ayudas al alquiler que se impulsa desde el Gobierno central y que la Junta de Castilla y León debe convocar. "Mucha de nuestra juventud depende de estas ayudas para poder pagar su alquiler y no podemos esperar más", aseguraban en un comunicado.

Jóvenes de IU en Castilla y León: "Mucha de nuestra juventud depende de estas ayudas para poder pagar su alquiler"

Al respecto, también señalaron que la transferencia de los fondos por parte del Gobierno central "ya se ha realizado" y denunciaron que el retraso de estas ayudas se debe a la convocatoria electoral: "La convocatoria electoral que ha llevado a la ultraderecha al gobierno regional fue una irresponsabilidad por parte de Mañueco y ha quedado demostrado con el retraso de estas ayudas".

Debido al retraso provocado por la Junta, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se vio obligada a hacer en abril una inusual comunicación con un listado provisional -no era oficial ni definitiva- para que quienes se presentaron a la convocatoria de ayudas económicas supieran si la tenían concedida o no, cuál era la cuantía y el motivo de la denegación. 

Ayudas del Plan Estatal de Vivienda

Estas subvenciones se ajustan al Plan Estatal de Vivienda y se realizan en coordinación con la Administración General del Estado o a través de los diferentes planes estatales de vivienda y de los convenios suscritos entre ambas Administraciones para la ejecución y desarrollo en la Comunidad de estos planes. Una vez cerrada la primera parte de la convocatoria, la Consejería podrá ir repescando a los solicitantes que se hayan quedado fuera y que cumplan los requisitos exigidos.

Este tipo de ayudas están destinadas a facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos, ya que subvencionan hasta el 40% de la renta mensual o incluso puede llegar al 50% en caso de que los solicitantes tengan más de 65 años o menos de 35 años de edad.

Además, los criterios de valoración recogidos en la convocatoria establecen la preferencia para aquellas unidades de convivencia con menores ingresos y mayor número de miembros y la existencia de menores de 16 años. El límite de renta máxima permitida para poder optar a la subvención oscila entre los 500 y los 375 euros al mes, destinada a los arrendatarios que tengan un límite máximo de ingresos que sea tres veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) de 2020.

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