PALMA.- La abogada de la acusación popular en el caso Nóos, Virginia López Negrete, ha defendido en ante la Audiencia de Palma que la infanta Cristina de Borbón continúe procesada, en contra del criterio de la Fiscalía. De otra manera, se “perjudicaría a la propia infanta” quien quedaría “estigmatizada socialmente”.

El sindicato Manos Limpias ejerce la acusación en solitario contra Cristina de Borbón, para la que pide ocho años de cárcel como supuesta cómplice de dos delitos fiscales cometidos junto a su marido en los años 2007 y 2008.

Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado rechazan procesarla porque no ven delito fiscal en su proceder, más allá de ser responsable civil del supuesto enriquecimiento ilícito de su marido. Este hecho ha permitido a la defensa de la infanta y a la fiscalía el solicitar que Cristina de Borbón sea excluida en aplicación de la ‘doctrina Botín’.

López Negrete ha defendido juzgar a la infanta porque, de otra manera, se produciría un triple prejuicio: “la Justicia no se estaría aplicando al igual para todos”; sería un “gravísimo ataque a las instituciones del Estado” y “perjudicaría a la propia infanta” porque “si queremos que no siga el procedimiento contra ella va a quedar estigmatizada socialmente”.

La abogada sostiene que los delitos fiscales afectan a todos los ciudadanos, en contra del criterio de la abogada del Estado–que defiende a la Hacienda Pública- quien ha asegurado que el perjudicado en los delitos fiscales “es el erario público y no los ciudadanos en general”. E, incluso, ha reiterado que la expresión “Hacienda somos todos” afecta “sólo al ámbito de la publicidad”.

Por el contrario, la acusación popular considera que el delito fiscal “afecta a todos los ciudadanos y no sólo a la publicidad, sino al bolsillo de todos”, ha apostillado López Negrete.

Privilegio de inmunidad de una ciudadana

Es más, la abogada de Manos Limpias ha acusado a la fiscalía y a la abogacía del Estado de intentar “un privilegio de inmunidad de una ciudadana” para apartar a la acusación popular y de no defender “con el mismo ímpetu” a otros procesados.

La abogada cree que el juicio abre un debate que va "más allá" del caso Nóos: "La acción popular en nuestro ordenamiento jurídico"

“Hoy estamos aquí debatiendo un tema importante para la justicia española”, ha destacado la abogada. Considera que sobre la sala planea un debate que va “mucho más allá del caso Nóos. Se va a debatir la permanencia de la acción popular en nuestro ordenamiento jurídico”, ha alertado la letrada.

Para López Negrete sí que cabe una acción popular que acuse en solitario a la infanta. Entre otras cosas, porque la Abogacía del Estado nunca ha solicitado el sobreseimiento contra ella y ejerce la acusación en otros procesados porque la Hacienda pública se siente perjudicada.

A este respecto, ha recordado que en el caso de Botín la causa se archivo íntegramente, “porque el sobreseimiento fue total” y se pretendía aplicar el principio de celeridad en un procedimiento ordinario.

En cambio, en el caso Nóos, el proceso seguirá adelante porque sólo se pretende un sobreseimiento parcial para la infanta y Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarín.

Respecto al argumento esgrimido de que siete audiencias provinciales no han procedido contra ciudadanos cuando sólo acusa la acción popular, López Negrete ha incidido en que las sentencias “deben ser mismos objetos y mismos órganos jurisdiccionales”.

De otra manera, el tribunal del caso Nóos –conformado por tres magistradas de la sección primera de la Audiencia de Palma- estaría vinculado al auto que dictaron sus colegas de la sección segunda de la Sala de lo Penal, en la que rechazaran aplicar la doctrina Botín para la infanta.