MADRID.- La investigación sobre el caso del pequeño Nicolás que instruye el juzgado número 2 de Madrid apunta a que los máximos responsables del ministerio del Interior estaban informados puntualmente de la elaboración y distribución de la grabación ilegal hecha a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos de la Policía, operación que se llevó acabo entre octubre y diciembre de 2014 por miembros de la cúpula policial.

Los investigadores destacan que en las fechas claves de esta siniestra actuación, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mantuvo hasta 43 contactos telefónicos con el comisario José Manuel Villarrejo Pérez, que está considerado "autor intelectual" de los hechos que investiga el juez Arturo Zamarriego. Un empleado del medio de comunicación del comisario fue quien realizó la grabación ilegal, según la investigación, y fue quién la filtro a periodistas afines. Por eso no tiene sentido para los investigadores oficiales que el número dos de Fernández Diaz mantuviera estos contactos en fechas clave, puesto que ya estaba informado del caso del pequeño Nicolás por los agentes de Asuntos internos que han instruido las diligencias judiciales.

Desde la Secretaría de Estado de Seguridad se han hecho a partir de 2012 los encargos politicos a la cupula policial, que dirige el comisario Eugenio Pino. Las grandes obras proyectadas por Jorge Fernández Díaz y que Francisco Martínez encomienda van desde acabar con el proceso independentista en Catalunya, exterminar al rival político que supone Podemos o ayudar a un presunto estafador de 20 años como el pequeño Nicolás a que se archive la causa contra él, por hacerse pasar por agente del CNI, elaborar informes falsos de diferentes departamentos del Gobierno y el Estado o intentar estafar a empresarios.
Entre amigos

A finales de septiembre de 2014 Francisco Vázquez recibe dos denuncias, una desde el gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y otra desde la Oficina Económica de Mariano Rajoy, alertando de que Francisco Nicolás Gómez Iglesias se está haciendo pasar por empleado. El secretario de Estado le dice a la Policía que actúe y el comisario Eugenio Pino le encarga la investigación a la Unidad de Asuntos Internos que dirigía el comisario Marcelino Martín Blas.

En paralelo se preparaba otra operación para ayudar al presunto estafador a que se archivara su causa. El número 2 de Interior conocía al pequeño Nicolás y había participado en los desayunos que organizaba. A esto se suma que entre la documentación aportada por Público a la causa había una tarjeta del jefe de gabinete de Francisco Martínez y en sus agendas diferentes anotaciones sobre reuniones en Interior y obras que salían a concurso de este ministerio.

Además de los informes recibidos y reuniones oficiales mantenidas con los investigadores de Asuntos Internos, el secretario de Estado de Seguridad estuvo puntualmente al tanto de la maniobra supuestamente gestada por el comisario José Manuel Villarejo y otros miembros de la cúpula policial.

Este 'agente encubierto' tenía además otra relación aún sin descifrar con el pequeño Nicolás. Aparece en las agendas incautadas al presunto estafador en su detención, incluso ha ido a declarar al juzgado en contra de sus compañeros policías como testigo de la defensa.

Fechas clave

El 20 de octubre, una semana después de la detención, un redactor del medio de comunicación que dirige la mujer del comisario Villarejo graba mediante un sistema remoto la reunión que se celebra en la Unidad de Asuntos Internos entre investigadores del caso Nicolás y agentes del CNI, que como desveló Público tenían autorizada una investigación más amplia .

Antes de realizarse la grabación el redactor llama a su jefa, Gema Alcalá. Después de obtener los 13 minutos de conversación el trabajador se comunica por móvil con dicho policía. Otro de los indicios que se señalan en el sumario para apuntalar la relación entre la grabación y el agente encubierto, al que se le atribuye la “autoría intelectual”, es que uno de los teléfonos móviles del comisario está dado de alta por la empresa Ansib Net Solutions, que se dedica a la “realización, venta y consultoría de proyectos de comunicaciones, redes, sistemas informáticos, transmisión de vos y datos y servicios de venta y alquiler”. Desde su web se oferta la aplicación Burovoz, servicios de certificación de llamadas que permite grabar, archivar y recuperar conversaciones telefónicas de forma legal. La empresa es titular de líneas telefónicas a nombre del comisario Villarejo, su mujer, sus hijos y su suegro.

Aunque el DAO no recuerda en su declaración ante el juez haber dado una información puntual al secretario de Estado ni las reuniones con este y los responsables de la investigación, el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López, los registros telefónicos demuestran que dos de sus hombres de confianza mantuvieron informado en paralelo a Martínez. En concreto, los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

El 16 de noviembre, un día antes de que Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta se reunieran con el pequeño Nicolás en el Canal de Isabel II, el comisario Villarejo recibe dos llamadas del secretario de Estado de Seguridad (10:55 h) y al no conseguir hablar con él llama el comisario Enrique García Castaño a las 11:05.

El 17 de noviembre, justo antes del encuentro con el presunto estafador, Villarejo habla con Esteban Urrieztieta, después con el comisario Eugenio Pino y con el secretario de Estado a las 20:49. A las 21:54 los ex periodistas de El Mundo se citan con Nicolás. Como desveló ayer Público, ambos compañeros mantuvieron más de 200 llamadas con la cúpula policial en estos dos meses claves.

El 22 de noviembre, Inda y su compañero publican la existencia de la grabación ilegal. Era sábado, pero el comisario Villarejo habla con ambos periodistas y con el secretario de Estado. Y el 12 de diciembre, cuando Inda y Urrieztieta le comunican oficialmente a la Policía que tienen la grabación, el secretario de Estado recibe una llamada del comisario García Castaño que devuelve al instante.

Obstrucción a la Justicia

Según exponen los investigadores en el informe presentado al juzgado, las pruebas recabadas apuntan a que tanto el secretario de Estado de Interior como la cúpula policial y los periodistas ejecutaron una grabación ilegal a agentes del CNI y Asuntos Internos, la facilitaron al sospechoso y a la prensa, en lugar de entregarla al juzgado si hubieran tenido la intención de colaborar con la Justicia y perseguir el delito.