Que el fin del bipartidismo entre PSOE y PP ha terminado desde hace años es una evidencia. La irrupción de Podemos, luego de Cs y un poco más tarde de Vox, fragmentó como nunca antes la correlación de fuerzas políticas. Se acabaron, salvo escasas excepciones, y a pesar de la nostalgia que le provoca a Alberto Núñez Feijóo, las etapas de mayorías absolutas o cómodas. La estabilidad del bipartidismo se sostenía en una dinámica sostenida: los dos principales partidos se habían puesto de acuerdo de manera histórica en asuntos de Estado, con más o menos problemas.

Pero a día de hoy, el desafío del Tribunal Constitucional (TC) y las maniobras de la derecha ha destapado sobremanera la fragilidad de las relaciones entre socialistas y populares. Es decir, del propio bipartidismo en sí. Durante toda la legislatura no se ha realizado prácticamente ningún pacto significativo entre los dos principales partidos a excepción, por ejemplo, de la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género al que se sumaron todas las fuerzas menos Vox. Ni siquiera con la pandemia los populares apoyaron al Gobierno, todo lo contrario. 

PSOE y PP han vivido unos últimos meses de máxima tensión. Especialmente tras la decisión de Alberto Núñez Feijóo de romper las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de octubre. Los populares se excusaron esta vez en la reforma de la sedición para no abordar un asunto que ha estado cerca de pactarse varias ocasiones desde la etapa de Pablo Casado. Es más, Feijóo llegó a Génova con cerrar esta crisis como principal objetivo y no solo no lo ha conseguido, sino que se ha agravado.

El Gobierno de Sánchez tenía cierta esperanza en que el perfil "moderado" con el que se vendía a Feijóo facilitara la renovación del órgano del poder judicial, enquistado desde hace demasiado tiempo. De hecho en su primera reunión, allá por el mes de abril, la única decisión que tomaron fue "retomar las conversaciones" para renovar el CGPJ. No fue hasta octubre, seis meses después, cuando las negociaciones fueron realmente en serio. 

Desde entonces, todo ha estallado por los aires. En junio el Gobierno movió ficha para iniciar parte de la renovación del TC. Introdujo una ley mediante la cual podría nombrar a sus dos magistrados para este órgano, y el CGPJ a los suyos pese a estar en funciones y con el mandato caducado. Los vocales conservadores se fueron revelando y decidieron no acometer esa renovación pese a que el plazo legal para ello culminó el 13 de septiembre.

Los siguientes paso fueron nombrar a Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del TC. El presidente del TC de momento se ha negado a convocar el Pleno para efectuar el nombramiento. Para rematar el año, las enmiendas introducidas por el PSOE con el objetivo de cambiar las mayorías en el CGPJ para elegir sus miembros del TC han acabado con una decisión inédita, la de impedir una votación en el Senado. Moncloa tiene un plan B en forma de proposición de ley. 

"Han ido demasiado lejos". Es el mensaje que ha transmitido el propio Pedro Sánchez estos días. Los socialistas recuerdan que pactar con este PP es misión imposible porque no otorgan ni siquiera legitimidad al Gobierno de Sánchez ni como mayoría parlamentaria. El presidente ha sido muy directo en sus críticas a los populares. Les ha acusado de un "complot", de "querer enmudecer a las Cortes Generales" y de no aceptar los resultados electorales. 

El PP y el 'Pecado original'

No menos directo ha sido Feijóo, que pide elecciones anticipadas porque, según él, el Gobierno no está legitimado para hacer la reforma del Código Penal que ha planteado. Génova se mueve en una línea muy fina: el Gobierno es legítimo pero no tiene legitimidad para llevar a cabo reformas de calado que no estaban en el programa electoral de Sánchez. Esto es, la derogación de la sedición y la modificación del delito de malversación, la última excusa para no hacer lo que el bipartidismo venía haciendo con el Poder Judicial: renovarlo.

El PP, antes con Casado y ahora con Feijóo, lleva cuatro años condicionando el pacto con el PSOE para el CGPJ a diversas cuestiones. Todas ellas con la intención de interferir en la agenda legislativa del Gobierno. Lo que en 2019 era un bloqueo se ha convertido en una crisis institucional sin precedentes para la que Feijóo solo tiene una salida: elecciones anticipadas. 

En cuanto a la proposición de ley del Gobierno para sortear las trabas del PP, Génova también estará vigilante. Fuentes del equipo de Feijóo aseguran a Público que, como es evidente, esperarán a ver el texto pero si se plantea en los mismos términos que las dos enmiendas que ha frenado el TC no descartan ir a Europa. Sostienen que es una tramitación sin garantías.

Enterrada la gran coalición

Atrás quedaron los inicios de la legislatura, donde los socialistas decían apostar por la "geometría variable" para aprobar medidas a izquierda y derecha. Los ecos de una hipotética gran coalición entre PSOE y PP parecen enterrados y Moncloa saca pecho de la estabilidad y del torrente legislativo emprendido por el primer Gobierno de coalición de la historia.

A nivel electoral, aunque el bipartidismo ha dado muestras de recuperación, especialmente por la práctica desaparición de Cs, la comparación con otras épocas es clara. Si tras las elecciones de 2021 la suma de diputados de PSOE y PP era de 296, en 2015 se pasó a 213. Aún bajó más, hasta los 189, en abril de 2019. Tras la repetición electoral de ese mes de noviembre se alcanza la cifra actual, de 209. Sánchez puso en valor, tras la aprobación de sus últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), la "política del entendimiento", con el apoyo de 10 partidos a las cuentas públicas. 

La apuesta de Moncloa por la confrontación directa con Feijóo y el modelo del PP parece clara y el año electoral pondrá a prueba algunos de los últimos acontecimientos y decisiones. En la batalla judicial emprendida en este final de año, y todavía no cerrada, ambos partidos se dan por ganadores.