Este artículo se publicó hace 8 años.
Manifestaciones frente al Parlament: de la "kale borroka" en 2011 a "la fuerza del pueblo catalán" en 2017
Ocho jóvenes fueron condenados a tres años de cárcel por manifestarse contra los recortes sociales de la Generalitat de Artur Mas en 2011. Ahora el Govern interpreta la movilización en las puertas de las Cortes catalanas de manera muy distinta: como una muestra de repulsa "al comportamiento antidemocrático" del Ejecutivo de Rajoy.
Madrid--Actualizado a
Brazos en alto y puños al aire. Negro sobre fondo amarillo. Acompañando una imagen parecida, mensajes diferentes: en 2017, "Defensem el Parlament" ("Defendamos el Parlament"); en 2011, "Aturem el Parlament" ("Paremos el Parlament"). El primero, elaborado por el Comitè per la Defensa del Referèndum, llamaba a defender las Cortes catalanas durante el pleno en el que el president de la Generalitat proclamó la independencia de Catalunya en diferido. El segundo, obra de la asamblea del grupo de apoyo a los condenados por la movilización de Aturem el Parlament, se reafirmaba en su protesta —"Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer" ("Yo también estaba en el Parlament y lo volvería a hacer")— contra los primeros recortes del gobierno de CiU que el 15 de junio de 2011 acabó con ocho jóvenes condenados a tres años de cárcel.
Dos ejemplos de soberanía popular. El primero, a favor del Parlament. El segundo, en contra. Y, en el centro del escenario, un partido —CDC (ahora PDeCat)— que sigue gobernando Catalunya (antes en solitario, ahora con ERC) y que en 2011 declaró en la Audiencia Nacional contra quienes se movilizaron a las puertas de las Cortes catalanas pero que ahora, en 2017, no sólo no las condena sino que las alienta. Artur Mas, president en 2011, calificó de "kale borroka" la movilización de Aturem el Parlament mientras Puigdemont aconsejaba recientemente a Rajoy que no subestimara "la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y plantarse ante un comportamiento antidemocrático”.
Hace seis años, la Generalitat y el Parlament acompañaron al sindicato ultraderechista Manos Limpias en el banquillo acusatorio y, junto con la Fiscalía, pidieron penas de tres a cinco años y medio de prisión para 20 manifestantes. La defensa denunció que se trataba de un juicio político que ponía en discusión el derecho a la protesta. Finalmente, la Audiencia Nacional absolvió a 19 implicados por no encontrar pruebas de que fueran los autores de los actos delictivos que se produjeron durante la protesta. Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó condenando a ocho de ellos a tres años de prisión por un delito contra las altas instituciones el Estado. A día de hoy, siguen esperando el indulto.
Ángela Bergillos: "Me molesta que los mismos que nos quieren meter en la cárcel por salir a la calle celebren ahora que la gente se movilice"
El hecho de que un partido (PdeCat) estuviera en 2011 en un bando y ahora, en el contrario, ha causado reacciones diversas dentro de este colectivo. Uno de los condenados, Rubén Molina, no siente incomodidad alguna porque el procés, dice, "ha sido liderado por la sociedad". Mientras él afirma que no está "defendiendo a los políticos sino pidiendo que se respete la voluntad de un pueblo", su compañera de banquillo Ángela Bergillos denuncia la doble vara de medir en las protestas: "Son gobernantes y utilizan las leyes como mejor les conviene, pero me molesta un poco que los mismos que nos quieren meter en la cárcel por salir a la calle pacíficamente celebren ahora que la gente se movilice del mismo modo", sentencia. La joven se confiesa "engañada" y apunta que en 2011 Artur Mas dijo que se vio obligado a entrar en el Parlament en helicóptero cuando este martes, "a pesar de que había más gente, no se montó ningún tinglado".
"Es una paradoja política que me genera confusión, tristeza y me deja muy mal sabor de boca", lamenta Ciro Morales, condenado por "rodear a un representante político [Ernest Maragall] al tiempo que, con las manos abiertas y los brazos en alto, coreaba el lema de la manifestación". Así lo describe la sentencia del Supremo sirviéndose del controvertido artículo 498 del Código Penal, que considera a una persona responsable de los actos que cometa la masa en la que participe y que fue importado de la legislación nazi por el franquismo.
Morales no se encontraba este martes en Barcelona pero, de haber sido así, hubiera acudido a la concentración ante el Parlament. "No hay inquina, seguimos teniendo en frente a un poder de derechas y absolutista al que hay que combatir", explica, aunque reconoce que las similitudes entre los dos carteles "son una falta de decoro, de respeto y de vergüenza". Bergillos, en cambio, sí estaba en Barcelona pero no participó en la movilización porque tuvo, según cuenta, "sensaciones contradictorias".
Molina sí acudió a la concentración promovida por el Comitè per la Defensa del Referèndum: "En 2011 hacíamos presión para impedir unos recortes que limitaban nuestras conquistas sociales. Ahora, hacemos presión para que se cumpla la voluntad del pueblo", argumenta.
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