Hay detalles y gestos que sólo una madre puede percibir. Bel Pozueta, una mujer de Altsasu que lleva exactamente un año visitando a su hijo en una cárcel, lo acaba de vivir en carne propia. “Le miré a los ojos. Sé que le pasaba algo. Tenía cara de no haber dormido”, relata. La escena había transcurrido 24 horas antes en la prisión de Aranjuez. Allí está Adur Martínez de Alda. El hijo de Bel. El presunto “terrorista” al que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y COVITE quieren ver condenado a medio siglo de cárcel por una pelea de bar. De ahí las ojeras del joven. De ahí el miedo de la madre.

“La tristeza es esto”, resume Pozueta. Su vida –y la de su familia- empezó a cambiar de rumbo en octubre de 2016. Concretamente, durante la madrugada del día 15. En torno a las cinco de la mañana, dos guardias civiles sin uniforme se vieron involucrados en una trifulca en un bar de esta localidad navarra. Lo que pasó a partir de entonces es de sobra conocido: acusaciones sobre una supuesta “horda” que buscaba linchar a los agentes, elucubraciones sobre la ideología de los jóvenes que habían sido relacionados con la pelea… y la aplicación de la teoría del “Todo es ETA” por parte de determinados periódicos y jueces para asegurar que la pelea no era una pelea, sino un caso de terrorismo.

Las cosas empeoraron un mes después. A primera hora de la mañana del 14 de noviembre de 2016, unos agentes se presentaron en la vivienda de Adur. Minutos antes, Bel había visto por la ventana de la cocina a un encapuchado. Sus temores, esos mismos que le acompañaban desde hacía cuatro semanas, se confirmaron. “Mi marido abrió la puerta. Les pidió una orden judicial, pero no tenían, así que tuvieron que marcharse. Recuerdo que fuera de casa había varios furgones de la Guardia Civil”, comentó Pozueta a Público.

A lo largo de ese día, la Benemérita detuvo a varios jóvenes relacionados con la pelea nocturna. Adur optó por presentarse voluntariamente ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien tenía a cargo este caso. Dos días más tarde fue encarcelado. Lo mismo ocurrió con otros seis jóvenes. En diciembre de 2016, cuatro de ellos fueron puestos en libertad condicional, mientras que los tres restantes –entre los que se encuentra el hijo de Bel- siguieron en prisión. Primero estaban juntos, en la cárcel de Soto del Real. Luego fueron dispersados. Tanto antes como ahora están en régimen FIES, exactamente el mismo que se aplica contra los detenidos por terrorismo. De esta manera, los tres presos de Altsasu reciben hoy el mismo tratamiento que cualquier encarcelado por yihadismo.

A Bel se le pasa otra comparación por la cabeza. “Acabo de escuchar en la radio una noticia sobre el juicio contra los presuntos violadores de Sanfermines. La acusación les pide 22 años. A mi hijo, por una pelea de bar, le piden 50”. Ese medio siglo de condena fue solicitado por el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals tanto para Adur como para otros cinco acusados. En el caso de Oihan Arnanz, hoy preso en Navalcarnero, la petición se eleva hasta los 62 años y medio. La pena más baja que solicita la Fiscalía es de 12 años. En total, los jóvenes del caso Altsasu suman condenas de 375 años de prisión. Los violadores de Pamplona no llegan a 115.

"Los queremos en casa", dice una pancarta sujetada por familiares de los presos de Altsasu./PÚBLICO

“Situación alarmante”

En ese contexto, los abogados de los imputados por la trifulca con los dos guardias civiles ofrecerán este martes una rueda de prensa en Madrid, donde denunciarán la “falta de garantías” que enfrentan sus clientes. Los letrados advierten que se trata de una situación “extremadamente alarmante”, dado que “la mayoría de las pruebas propuestas por las defensas” no han sido admitidas. “Sentimos indefensión y un miedo terrible. Nos da vértigo pensar lo que puede ocurrir con nuestros hijos”, afirmó, por su parte, Bel Pozueta.

En ese contexto, el grupo de madres y padres de Altsasu realizará este martes una nueva jornada de protesta, que estará marcada por un hecho muy simbólico: a las 20.00 habrá un apagón en todo el municipio para denunciar el primer año de las detenciones. A esa misma hora, los familiares de los jóvenes realizarán una nueva concentración en la Plaza Iortia, donde volverán a recibir el apoyo de sus vecinos. Igual que hace un año.