Ni un paso atrás. A pesar de las quejas, recursos y solicitudes recibidas durante un proceso de casi un año de duración, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha decidido mantenerse firme en la aplicación de la ley mordaza contra Mikel Saenz de Buruaga, el periodista de la radio Hala Bedi que fue multado por grabar una actuación policial en el barrio okupado de Errekaleor, situado en Vitoria. Sin embargo, esta historia aún está lejos de terminar.

Los hechos se remontan a la lluviosa mañana del 18 de mayo de 2017. Siguiendo órdenes del Gobierno vasco, varias dotaciones de la Ertzaintza llegaron hasta Errekaleor para facilitar el trabajo de los operarios de Iberdrola, quienes debían interrumpir el suministro eléctrico. Varios jóvenes se encadenaron a uno de los generadores para tratar de impedirlo, y los Antidisturbios respondieron con sus porras. En el operativo sólo había un medio presente: Hala Bedi.

Tal como se demuestra en un vídeo al que ha tenido acceso Público, el periodista de esa radio estuvo todo el tiempo detrás del cordón policial. Desde allí realizó un par de conexiones con el programa Suelta la Olla y publicó varios mensajes en las redes sociales, contando al minuto lo que estaba ocurriendo. También grabó con su teléfono el procedimiento de los agentes de la Ertzaintza, muchos de los cuales estaban encapuchados. Sobre las 12.30, uno de los ertzainas golpeó a Saenz de Buruaga e hizo volar su móvil por los aires. De esa manera, ya no había cámara que grabase la carga policial.

A continuación, los agentes identificaron al periodista de Hala Bedi y a otro compañero suyo del mismo medio. “El mando llegó a decir en ese momento: ‘Ya os conocemos. Sabemos que sois del entorno radical’, refiriéndose a Hala Bedi, tras acreditar sus datos y la acreditación de prensa con la central”, han señalado este miércoles los representantes de la emisora.

Dos meses después, Saenz de Buruaga recibió una notificación del Gobierno vasco. En aquella carta, el Departamento de Seguridad le informaba que había sido multado por una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, léase ley mordaza. El coste de la sanción sería de 602 euros. Para justificar tal castigo, el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu aseguraba que el periodista había sobrepasado el cordón policial, algo que el afectado negó en todo momento, tal como se comprueba en el vídeo que posteriormente sería incluido en el recurso formulado por la radio contra esa multa.

Quejas no escuchadas

El caso traspasó las fronteras de Vitoria. Por un lado, la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas emitieron una declaración conjunta en la que denunciaban este “ataque directo al derecho de información”. Asimismo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) llevó el asunto ante el Defensor del Pueblo, que inició actuaciones al respecto. Además, este colectivo incluyó el caso en su informe “2017, el año de los delitos de opinión”.

Protesta de la radio Hala Bedi

Paralelamente, Hala Bedi inició el camino administrativo para tratar de conseguir la anulación de la multa. Fue un proceso largo, que duró ocho meses. Según los datos de la emisora, hubo en total seis notificaciones oficiales y cinco recursos. Finalmente, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco “ha decidido mantener la resolución sancionada en la que se confirmaba la multa contra Mikel Saenz de Buruaga”, indicaron sus compañeros.

Ante esa situación, Hala Bedi ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Departamento de Seguridad. En tal sentido, desde la radio alavesa han señalado que piensan “agotar todas la vías jurídicas posibles y acudir a juicio para poder defender adecuadamente no sólo nuestra propia libertad de informar, sino también el derecho colectivo a la diversidad informativa”.

Promesa incumplida

Del mismo modo, tienen previsto comparecer en los próximos días ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco para “denunciar este ataque a la libertad de información, solicitar la suspensión de la sanción y exigir” a la Cámara autonómica que “cumpla su compromiso de no aplicar la ley mordaza, tal como aprobó en junio de 2016 con los votos de todos los partidos, salvo el PP.

Precisamente, ahí está uno de los meollos de la cuestión: entre las formaciones que aprobaron esa declaración estaba el PNV. Sin embargo, el Gobierno Vasco –a través de su Departamento de Seguridad ha aplicado la ley mordaza “más de ocho mil veces desde julio de 2016”, recordaron los representantes de Hala Bedi. Si los tribunales no lo remedian, su periodista Mikel Saenz de Buruaga estrenará el capítulo de informadores multados en Euskadi.