MADRID.- La Ley de Amnistía de 1977 seguirá funcionando como una ley de punto final de la dictadura franquista que tapona las peticiones de verdad, justicia y reparación tanto de las víctimas del franquismo como de los más diversos organismos internacionales en defensa de los Derechos Humanos. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos han rechazado la Proposición No de Ley (PNL) de Unidos Podemos para añadir un artículo a la mencionada ley que aclarara que no puede ser aplicable a los delitos de "torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

La Comisión de Justicia ha rechazado la propuesta con 16 votos en contra, 10 a favor y una abstención. Los argumentos de PP y Ciudadanos, por una parte, y PSOE, por otro, han sido bien diferentes. Los primeros han cumplido con esa ley no escrita de la física que dice que cuando se habla de la Ley de Amnistía un parlamentario de derechas debe citar el discurso de Marcelino Camacho en el Congreso de los Diputados el día de su aprobación. Lo había hecho Gallardón, también Manuel Fraga, entre otros, y hoy se han sumado Miguel Lorenzo (PP) y José Ignacio Prendes (Ciudadanos) para justificar su rechazo a la modificación propuesta por Podemos.

El portavoz del PP ha denunciado además que la PNL propuesta por Unidos Podemos - En Comú - En Marea es de "baja calidad democrática" ya que el Congreso ha rechazado en otras dos ocasiones, siempre con los votos de PP y PSOE, derogar o modificar la Ley de Amnistía. "Una cosa es conocer la verdad de lo que sucedió y otra cosa es exigir responsabilidad penales", ha defendido Lorenzo, que ha finalizado su discurso señalando a los diputados de Podemos que "esto", en referencia al Congreso, no es una "asamblea en la facultad".

Ciudadanos, por su lado, ha reiterado su oda a la Transición y con un discurso grandilocuente ha rechazado "derogar" la Ley de Amnistía porque sería "enmendar la plana" del camino realizado durante la Transición. "No queremos revisar el pasado. Estamos orgullosos de las personas de un lado y de otro que superaron esa división. No estamos estamos dispuestos a reabrir heridas", ha repetido insistentemente Prendes. 

Por su parte, el Partido Socialista, en boca del diputado Artemi Rallo, ha realizado un discurso bien diferente del realizado por Ciudadanos y Partido Popular para terminar votando junto a ellos. Tras realizar un recorrido por el golpe de Estado, la Guerra Civil, la dictadura y la Transición, ha alabado la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ha criticado al Partido Popular por no implementarla y ha rechazado la propuesta de Podemos.

Los socialistas, que impulsan en ayuntamientos y parlamentos autonómicos iniciativas para juzgar los crímenes de la dictadura tanto en España como en Argentina, han decidido rechazar esta propuesta que, precisamente, busca permitir que los crímenes de la dictadura puedan ser investigados por la Justicia. Para ello, el diputado socialista ha recurrido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha señalado que aunque esta Ley fuera "derogada" sería imposible juzgar los crímenes franquistas como crímenes de lesa humanidad. La pregunta resultante es obvia: ¿por qué el PSOE apoya las iniciativas para juzgar el franquismo y vota a favor de mantener los escollos para que ese juicio se realice?

La impunidad continúa

Asimismo, cabe destacar que los tres partidos que han votado que no (PP, PSOE y Ciudadanos) han encarado sus argumentos alegando que no se puede "derogar la Ley de Amnistía" cuando la propuesta de Unidos Podemos reclamaba la inclusión de un nuevo artículo y en ningún caso la derogación de la misma. El objetivo de esta modificación impulsada por Unidos Podemos es que la Ley de Amnistía deje de actuar como escudo donde se parapetan los altos cargos del franquismo para eludir la acción de la Justicia. 

Como consecuencia del rechazo de socialistas, conservadores y de Ciudadanos, la Ley de Amnistía seguirá funcionando en España como una "ley de punto final" y de "escudo franquista", tal y como han denunciado diversos organismo internacionales como el Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff; el Comité de los Derechos Humanos de la ONU; o la propia Amnistía Internacional. España seguirá siendo la excepción europea. La impunidad continúa.