@CdelCastilloM

MADRID.- Aunque los políticos se esfuerzan en mostrarse a sí mismos como baluartes contra la corrupción, lo cierto es que no fueron los partidos los que empezaron a destapar las tramas de corrupción que albergaban en su seno. Tampoco ha sido la presión legal que ellos han ejercido la que ha llevado a prisión a aquellos acusados por delitos de corrupción, aunque se hayan personado en las causas como parte afectada o acusación.

En gran parte de los casos, además de las fuerzas de seguridad del Estado, han sido organizaciones de la sociedad civil las que han efectuado esa labor. Así fue, por ejemplo, en el caso Bankia, donde la ciudadanía organizada consiguió recopilar pruebas sobre la fraudulenta salida a bolsa de la entidad, poner en pie una plataforma que ejerciera de acusación particular y conseguir así la imputación de Rodrigo Rato —vicepresidente del Gobierno de Aznar— y de sus presuntos cómplices, la imposición de fianzas millonarias y, finalmente, la devolución del dinero a todos los preferentistas sin ir a juicio.

"Ningún funcionario se atrevería a denunciar sabiendo que de su protección se harían cargo de forma mas o menos directa los partidos cuyos miembros están supuestamente implicados en los hechos delictivos que quieran denunciar"
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Por ello, a la hora de preparar la estructura del sistema político para que la ponzoña de la corrupción no pueda volver a extenderse, parece fundamental impedir que los poderes políticos controlen los aparatos estatales encargados de perseguirla. Así
lo defiende la Plataforma por la Honestidad (PxH), que ha conseguido que todos los partidos —menos el PP— se posicionen a favor de proteger a los denunciantes de corrupción mediante una Ley Integral de protección al denunciante, en la que les solicita además que se comprometan a crear un "Observatorio contra la corrupción, que debe estar controlado por la sociedad civil, sin ningún tipo de control ni supervisión política", explican los activistas.

La autonomía de este ente se torna fundamental ya que, según el presidente de la PxH Pedro Arancón, "sin que esta Ley otorgue total independencia a la Sociedad Civil respecto a la estructura del Estado, sería como poner a un presunto maltratador al frente del Observatorio de la Violencia de Género". Solo hay dos partidos que, pese a haberse situado del lado de la plataforma en la fallida XI legislatura y en la campaña electoral para el 26-J, no se han comprometido a la creación de un ente independiente que supervise la aplicación de la Ley Integral de protección al denunciante: PSOE y Ciudadanos. 

Contra la corrupción, sin la sociedad civil

Ni socialistas ni naranjas han aceptado adherirse a la Ley Integral presentada por la PxH, redactada en colaboración entre denunciantes como Ana Garrido (caso Gürtel), el exteniente Luis Gonzalo Segura (Fuerzas Armadas), Araceli Blanco (Canal de Isabel II) o Roberto Macías (UGT). En su lugar, han prometido que intentaran acabar con la corrupción... a su manera. "A mí no me importa tanto un párrafo más o menos como que todos estemos a favor de la misma idea", explicaba a Público la número dos del PSOE, la jueza Margarita Robles.

"Ningún funcionario se atrevería a denunciar sabiendo que de su protección se harían cargo de forma mas o menos directa los partidos cuyos miembros están supuestamente implicados en los hechos delictivos que quieran denunciar", replican desde la PxH, acentuando la importancia de la creación de un ente como el citado Observatorio.

En su programa para el 26-J, el PSOE contempla la creación de una “Oficina Anticorrupción que pueda actuar en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones Locales", pero no asegura su independencia política. Ciudadanos, por su parte, no menciona la creación de un ente así en su programa y pese al apoyo que ofreció a la PxH durante la fallida XI legislatura, no se ha adherido a sus propuestas en el programa electoral del 26-J.

Sí lo han hecho Podemos, Compromís, En Marea, En Comú Podem, Izquierda Unida y UPyD. Para la PxH es fundamental que el apoyo a este proyecto sea común a todos los partidos y valoran la colaboración, especialmente, del PSOE, "ya que por matemáticas parlamentarias sin este apoyo esta ley no podría salir adelante". Por ello, les piden que se comprometan firmemente con la independencia política de aquellos que tienen que supervisar contra la corrupción.