El Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha comenzado a investigar este jueves las acusaciones de delitos sexuales contra el dramaturgo Ramón Paso. La apertura de diligencias surge de la denuncia interpuesta la semana pasada por la Fiscalía de Madrid que recoge el testimonio de 14 mujeres, todas ellas de entre 18 y 25 años. 

Esta adjudicación de juzgado, que adelanta el diario El País, marca el inicio del proceso judicial que investigará el caso. La denuncia de la Fiscalía incluye cargos por agresión sexual —en algún caso de carácter continuado—, acoso, hostigamiento, coacciones y atentados contra la integridad moral. 

Tras la denuncia, más mujeres se sumaron a contar sus experiencias con el director de escena. Público recogió varios de esos testimonios que se añadieron al contexto proporcionado por el entorno profesional del dramaturgo. El relato resultante habla de un ambiente hiperjerarquizado donde Paso ejercía control "sectario" sobre las actrices. Había vejaciones, tirones de pelo, intimidación para consumir alcohol y amenazas para no contar lo que ocurría.

Además, El País informó de que otras siete mujeres querían añadirse a la denuncia colectiva y sus experiencias coincidían con las anticipadas por este medio. 

El proceso judicial comenzó el pasado noviembre cuando la letrada de las víctimas, Luisa Estévez Martínez, trasladó a la Fiscalía los testimonios de las víctimas, con apoyo de informes psicológicos y más documentación. Ellas, en su mayoría, estaban al inicio de su carrera profesional y habían tenido contacto con el director a través de las audiciones. Castings en los que Paso pedía un perfil de mujer "aniñado" e indefenso. 

La Fiscalía concluyó su investigación el 10 de abril y presentó la denuncia ante los tribunales de Madrid la semana pasada. La noticia provocó una convulsión en el mundo del teatro. Pepe Viyuela renunció a seguir actuando bajo la dirección de Paso y Jardiel Enamorado, la obra que hacían juntos, fue cancelada. "No voy a prejuzgar a Ramón Paso, pero me posiciono al lado de las víctimas", dijo Viyuela a este periódico.

Desde entonces, la denuncia ha estado pendiente de asignación, hasta que finalmente fue adjudicada al juzgado de la magistrada Cristina Díaz Márquez, anterior portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.