MADRID.- España camina a marchas forzadas hacia un Estado más “autoritario, más invasivo en los derechos fundamentales y donde el poder político ocupa más espacios sin control judicial”. Este es el panorama que describe el portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch cuando analiza los proyectos legislativos que prepara Partido Popular sobre Seguridad Ciudadana y Enjuiciamiento Criminal. Joan Queralt, catedrático en Derecho Penal, no se aleja de esta descripción: “Quieren tener controlados a los ciudadanos. Poder presionar e intimidar mediante la acumulación de la información”. También Marcelino Sexmero, de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, denuncia que se trata de proyectos que “retrotraen a España a tiempos del pasado ya superados”.

Concretamente, las dos reformas que preocupan a los expertos consultados por Público son la Ley de Seguridad Ciudadana y, concretamente, el artículo 43 que prevé la creación en el Ministerio del Interior de un “Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana”, y el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a Interior tener acceso a las comunicaciones telefónicas de los ciudadanos sin la autorización judicial preceptiva que ordena la Constitución, salvo en los supuestos de terrorismo, estado de sitio o excepción.

“Con las últimas medidas que están preparando nos encaminamos hacia un Estado de derecho con menos separación de poderes y donde el poder político ocupa más y más espacios. Creo que es muy preocupante que cada vez tengamos menos Estado social y más Estado policial”, denuncia Bosch, en conversación telefónica con Público.

Para que el lector lo entienda, el camino que está recorriendo España a golpe de mayoría absoluta, según denuncian los expertos, conduce a los ciudadanos a un Estado similar al que la película La vida de los otros retrata durante la agonía de la República Democrática de Alemania (RDA). “Pero que nadie lo olvide. La RDA cayó porque ir contra la privacidad de las personas es antinatural”, denuncia el catedrático Joan Queralt.

Un registro de “malos ciudadanos”

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana prevé en su artículo 43 la creación de “Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana” con el fin, según reza el propio proyecto, de “apreciar la reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en esta Ley” y autoriza a las Comunidades Autónomas a crear sus propios registros de infractores. De hecho, dichas administraciones tendrán acceso a los datos que figuren en este registro.

“Es una presunción de criminalidad administrativa y puede suponer un control excesivo sobre las actividades de los ciudadanos”, sentencia Sexmero

“Es una medida exagerada y carece de sentido que se cree un fichero para sanciones administrativas. Parece más bien un fichero de malos ciudadanos que recuerda a otras épocas”, denuncia Joaquim Bosch, que advierte de que esta ley vulneraría el derecho a la intimidad de los ciudadanos dependiendo de quién tenga acceso a él y qué uso se le dé. “Nos preocupa la intrusión en la privacidad del individuo y en el derecho a la propia intimidad. Además, también es peligroso que pueda derivar en causa de estigmatización social”, denuncia Bosch.

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, también considera que este registro “no tiene razón de ser” y “no tiene ninguna justificación”. “Que una sanción administrativa quede registrada no puede tener otro objetivo que tener controlado al ciudadano y va mucho más allá de la Ley de protección de datos y de la seguridad ciudadana”, denuncia el magistrado Ruiz de Lara, que señala que si uno es “mal pensado” puede creer que el objetivo de esta ley es “someter a vigilancia a algunas personas ante determinadas manifestaciones que se celebran ante determinados organismos”. “Es una presunción de criminalidad administrativa y puede suponer un control excesivo sobre las actividades de los ciudadanos”, sentencia Sexmero.

El magistrado Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, considera, por su parte, que se trata de “una medida peligrosa” ya que este Registro quedaría al margen de todo control judicial y podría utilizarse como información para posible concurrencia en procesos de oposición o de acceso a la función pública. “Hay que estudiar si es conciliable con la protección de datos y con el derecho a la intimidad”, asegura Ruiz de Lara que también denuncia que el propósito choca con el objetivo del procedimiento sancionador. “Se trata de resocializar a los individuos y no de estigmatizarlo”, afirma.

“Quieren reducir los espacios de libertad hasta reducirlos a la propia casa de uno o incluso más"

Escuchas telefónicas

Pero si es preocupante que las faltas administrativas de los ciudadanos figuren en un Registro al que tendrán acceso las administraciones públicas, es decir, que el poder político tenga acceso a si un ciudadano ha sido multado por participar en una manifestación, intentando paralizar un desahucio o fumando cannabis en la vía pública, más peligroso y “abiertamente inconstitucional” consideran los expertos el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a Interior ordenar escuchas telefónicas sin autorización judicial.

“Esta medida es contraria a la Constitución, que es muy explícita señalando que no se puede intervenir comunicaciones sin autorización judicial”, denuncia Joaquim Bosch. Concretamente, la norma incluida en el anteproyecto vulneraría el artículo 18, que exige la autorización judicial para intervenir comunicaciones telefónicas y el artículo 55 que regula las excepciones en las que se pueden intervenir las comunicaciones: en estado de sitio y de excepción.

Así, Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, considera que esta norma incluida en el anteproyecto de ley daría un poder a la Policía que “devolvería a España al franquismo”. “No tiene justificación democrática y daría lugar a procedimientos bajo sospecha”. “Si a las 72 horas el juez dice que no estaba justificado la intervención telefónica qué pasaría con ese archivo? ¿Sería eliminado? No tenemos ninguna garantía de que la policía no los pueda utilizar”, se pregunta Sexmero.

Más contudente aún se muestra el magistrado Manuel Ruiz de Lara, que califica el proyecto de “abiertamente inconstitucional” denunciando que este anteproyecto podría convertir al Estado “en el ojo que todo lo ve”. “Estaríamos a expensas del buen hacer de Interior. No habría ningún control judicial y se corre el riesgo de que esta información sea utilizado con otros fines de los que se aducen”, denuncia Ruiz de Lara.

“Hay que estudiar si es conciliable con la protección de datos y con el derecho a la intimidad”, asegura Ruiz de Lara

Un Estado que todo lo ve

En definitiva, los expertos consultados por este diario denuncian que las nuevas medidas que quiere introducir el Gobierno amplían la discreccionalidad de los poderes políticos para acceder a la información personal de los ciudadanos sin prácticamente ningún control judicial. “Vamos hacia un Estado de Derecho con menos separación de poderes y donde el poder político ocupa más y más espacios”, denuncia Bosch.

Al magistrado Manuel Ruiz de Lara le preocupa también que la información obtenida a través del Registro y de las escuchas telefónicas puedan ser “utilizadas como arma política contra el adversario” o contra personas “incómodas para el poder”. “¿Quién va a determinar qué partes de las escuchas son relevantes para el caso que se investiga o qué parte de la conversación pertenece a la esfera privada? ¿Podrán guardar estas informaciones”, se pregunta Ruiz de Lara.

Para el catedrático Joan Queralt estamos medidas que España está sufriendo “una involución autoritaria en toda regla”. “Quieren reducir los espacios de libertad hasta reducirlos a la propia casa de uno o incluso más. No quieren a la gente en la calle ni a la gente comunicándose. Buscan un Estado autoritario, quieren tener todo controlado”, sentencia.