La jueza andorrana investiga a los dueños del BPA por revelar la cuenta de Pujol a la 'policía política' española

A la jueza que instruye en Andorra la causa contra la Banca Privada d'Andorra (BPA), la declaración realizada el pasado jueves por uno de sus propietarios parece no terminar de convencerle. La magistrada Canòlic Mingorance ha decidido deducir testimonio por “un posible delito de revelación de secretos” a Higini Cierco, después de que él mismo reconociera que el director de la entidad, Joan Pau Miquel, le facilitó al excomisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, la cuenta donde el expresident Jordi Pujol guardaba 4,7 millones de euros.

Según el escrito al que ha tenido acceso Público, en la declaración prestada ante la jueza por Higini Cierco “se relatan unos elementos relacionados con el delito de revelación de secretos que se instruye en la causa tramitada por el Juzgado de Instrucción Número 5, que tiene atribuido el conocimiento de esta causa”.

En paralelo, la jueza ha tomado también la decisión de abrir una pieza separada en la que se investigarán las presuntas amenazas del comisario Marcelino Martín Blas. A esta pieza se unió ayer también el patriarca de los Pujol, quien amplió su denuncia al agregado de Interior en Andorra en 2014, Celestino Barroso.

Las presuntas amenazas, según las explica Higini Cierco, se produjeron cuando en mayo de 2014 el responsable policial español en Andorra le instó al director de la BPA, Joan Pau Miquel, a que se entrevistase con un policía español, de alias Félix, en el Hotel Villamagna de Madrid. Ese alias correspondería al ex comisario jefe de Asuntos Internos, Martín Blas, quien le habría dicho en la reunión que le facilitara las cuentas de los Pujol y de otros políticos catalanes o en caso contrario el Departamento del Tesoro estadounidense intervendría el Banco Madrid, filial en España del BPA.

Sin embargo, los Cierco, la BPA y sus clientes llevaban inmersos desde 2011 en investigaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil instigadas por los Estados Unidos. Los primeros objetivos fueron la mafia rusa que lideraba Andrei Petrov y que actuaba desde Lloret de Mar con ayuda del ex alcalde de la localidad y diputado de CiU, Xavier Crespo.

Casi en paralelo, la Policía Nacional buscaba el dinero de la mafia china de Gao Ping en la conocida Operación Emperador que inició la ruptura de relaciones entre dos destacados miembros de la brigada política creada por el ministro Jorge Fernández Díaz y la cúpula policial que dirigía el comisario Eugenio Pino: los comisarios José Manuel Villarejo Pérez y Marcelino Martín Blas, después de que Asuntos Internos expusiera en un informe las relaciones entre mandos policiales y miembros de esta mafia china, que también blanqueaba su dinero en la Banca Privada de Andorra.

Ambas operaciones Clotilde (rusos) y Emperador (chinos) habían estallado en 2013, un año antes de las presuntas amenazas a los Cierco, por lo que las fuentes judiciales y de ambas investigaciones consultadas aseguran que “los dueños de la Banca Privada Andorrana tenían que saber perfectamente que Estados Unidos les estaba investigando y que iban a seguir haciéndolo hasta alcanzar su tercer objetivo”.

Este tercer frente de los estadounidenses era el dinero que miembros y ex miembros del Gobierno de Venezuela habrían sacado del país y guardado en el BPA. Estas acusaciones no se han podido confirmar, sin embargo, pero es un hecho que la brigada política de Interior persiste en esa investigación y en intentar vincularla con Podemos.

Autoridades andorranas y otros conocedores de la causa de la BPA consultados por Público se sorprenden de que dos años después de las “presuntas amenazas” los hermanos Cierco decidan poner estos hechos en conocimiento de la justicia. Por eso tienden a pensar que estos banqueros se han metido de lleno en la mal llamada ‘guerra de comisarios’: “Se han posicionado claramente del lado de la cúpula policial, que es la que todavía tiene en sus manos la investigación del Banco Madrid, donde también están imputados”.

Al final el Banco Madrid cayó. No obstante, según algunas fuentes los Cierco continuaron colaborando con las autoridades españolas. “Lograron que se archivara el delito de insolvencia punible que instruía la Audiencia Nacional y que afectaba a miles de clientes de banco”.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió, a petición de la Fiscalía, que el caso pasara desde entonces a la Audiencia Provincial de Madrid sólo por el delito de blanqueo de capitales.

Este caso, que policialmente sigue en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se encuentra “paralizado y con muchas posibilidad de que se archive”, según las fuentes judiciales consultadas.