El juez Manuel García-Castellón, responsable de la investigación a Tsunami Democràtic y quien ha imputado a Carles Puigdemont por terrorismo, ha ofrecido personarse a la familia del turista francés fallecido de un infarto en el marco de los disturbios que se desataron en otoño de 2019 en el aeropuerto de El Prat tras la sentencia del procés.

El magistrado considera que es un paso fundamental para acreditar que los disturbios influyeron en su muerte, al tiempo que ha pedido información a diversos organismos sobre las incidencias para determinar si su entidad merece la calificación de terrorismo.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 insiste en que lo ocurrido el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat encaja en delitos de terrorismo porque se trata de un hub aéreo, considerado por tanto "infraestructura crítica", con cuyo "bloqueo" se perseguía "desestabilizar gravemente el funcionamiento (...) de las estructuras económicas o sociales del Estado".

A lo largo de 31 páginas, el instructor relata lo ocurrido aquel día. Así, recalca que comenzó a través de una convocatoria de Tsunami Democràtic por redes sociales: "Todo el mundo al aeropuerto". Un llamamiento, precisa, que se tradujo en la llegada de 8.000 manifestantes a las instalaciones de El Prat con el objetivo de "detener la actividad del aeropuerto de Barcelona".

García-Castellón se hace eco de los informes policiales recibidos, según los cuales, "se consiguió bloquear la entrada y salida de personas de vehículos de la Terminal 1", que "quedó totalmente inutilizada". Describe que "los asaltantes accedieron a la zona de embarque, lograron asentarse delante de las puertas para acceder a los aviones, impidiendo el acceso de los pasajeros a los mismos, y consiguieron bloquear la torre de control aéreo de El Prat".

Sobre esto último, subraya que, si las fuerzas de seguridad no hubieran logrado despejar el acceso por carretera a la torre de control aéreo, una acción con la que los manifestantes pretendían impedir el relevo de los controladores aéreos, "pudo haberse causado un peligro para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional".

Con todo, no duda de que "la acción puso en peligro la seguridad del aeropuerto" y la "seguridad aérea", con "un peligro claro tanto para la integridad de los agentes, como para la de los propios asaltantes, cuando se producía el lanzamiento indiscriminado de objetos desde todas partes", un peligro "extensible a los viajeros" y que "pudo materializarse en el fallecimiento del ciudadano de nacionalidad francesa Jean Claude Scherzinger".

En este sentido, el magistrado destaca que, si bien la información recibida de los juzgados que investigaron la muerte y el informe forense hablan de muerte natural por una afección cardiaca, este último indica también que "el diagnóstico de esta categoría está determinado tanto por los hallazgos patológicos como por el historial médico y de las circunstancias de la muerte". "Precisamente, esas circunstancias fueron el colapso del aeropuerto, subraya García Castellón.

En la misma línea, recuerda las declaraciones a la prensa de la hija de Scherzinger en las que afirmó que "cree que las circunstancias que se dieron en el aeropuerto influyeron en la dolencia cardíaca de su padre" hasta el punto de que llegó a decir que "su muerte fue a causa de esto", preguntando al periodista si podían denunciar.

Para el juez, "esta circunstancia pone de manifiesto tanto que debe realizarse el oportuno ofrecimiento de acciones a la familia del señor Scherzinger, con información de qué es lo que pueden hacer, y de qué modo, como la necesidad de obtener la declaración de Francine Scherzinger (su mujer, que iba con él ese día), para conocer, de primera mano qué sucedió". Y a tal fin ordena ponerse en contacto con las autoridades francesas.

Además, el juez cifra en 1.793.018,25 euros los perjuicios económicos ocasionados por las protestas, en base a las valoraciones enviadas por el Ministerio de Transportes y las propias compañías aéreas a la Audiencia Nacional. 

Por último, el instructor añade que "la investigación ha permitido comprobar que Tsunami Democràtic trató de influir en el proceso electoral", de modo que "el día 1 de noviembre de 2019, con motivo de las Elecciones Generales previstas para el día 10 de noviembre, convocó a través de Twitter y Telegram a sus seguidores a desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC)".