El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado retirar las Ordenes Europeas de Detención dictadas contra el president destituido Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y que se comunique su decisión a las autoridades belgas. El magistrado, sin embargo, no ha retirado la orden de búsqueda y captura nacional, por lo que si regresan a España serán detenidos.

Con esta decisión, el magistrado busca evitar que la Justicia belga restrinja los delitos por los que se les acusa en España y conseguir así que todo el antiguo Govern sea investigado en igualdad de condiciones.

El auto de Llarena hace referencia a las órdenes europeas de detención, aunque no a la nacional, de modo que los cinco dejan de estar en búsqueda y captura en Europa, pero si regresan a España serán detenidos.

El magistrado tampoco hace mención a las órdenes internacionales que también emitió la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, aunque en una provicendia posterior puntualiza que también las retira, aunque no la orden de detención nacional.

El juez considera que se deben retirar las órdenes europeas de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí porque, como juez instructor de la causa contra el denominado procés, está investigando un "delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable", lo que requiere una "única contestación para evitar respuestas contradictorias".

La intención del magistrado es evitar que la Justicia belga pueda diferir, a la hora de la entrega de los imputados, en lo referente a la tipificación de los cinco delitos que se imputa a los exmiembros del Govern huidos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Tenían internción de volver por el 21-D

En el auto, el juez del Supremo describe el nuevo escenario que se presenta en este momento desde que la jueza Carmen Lamela dictó órdenes internacionales de detención el pasado 3 de noviembre. Después de esto, "los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos" para los que optarán en las elecciones del 21 de diciembre.

Por otro lado, añade Llarena, una vez que se ha acumulado la causa en el Supremo, los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva, es decir, que los hechos por los que se imputa a los investigados, ya estén en Bélgica o en España, se habrían perpetrado mediante el concierto de todos "y con una unidad jurídica inseparable".

"La depuración de las distintas responsabilidades penales debe ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes", explica.

Los que están en España quedarían en peor situación

Para el juez, mantener las órdenes europeas de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, lo podría entorpecer, puesto que si Bélgica deniega parcialmente la ejecución de las mismas, habría "una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este tribunal".

La posibilidad de que Bélgica deniegue parcialemente la ejecución de las órdenes de detención tal y como las emitió Lamela también introduciría, según Llarena, "perturbaciones de defensa" para los imputados en esta causa que sí están en España, quienes "podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos, colocándose así en peor derecho que quienes se encuentran fugados".

Por ello, en el estado actual de las actuaciones, el magistrado considera oportuno, "ponderando los intereses en juego", retirar las órdenes europeas de detención, entendiendo además que esto no genera ningún gravamen a los afectados por ella debido a que los propios reclamados se habían opuesto a su entrega a España.